El Gobierno deja solo al pescador linense Jonathan Sánchez ante el juicio en Gibraltar

El pescador linense Jonathan Sánchez sigue sin recibir el respaldo del Ministerio de Pesca español a una semana del juicio al que está citado en Gibraltar por faenar en aguas que el Peñón califica de "territoriales británicas". El trabajador, que se arriesga a ser detenido por las autoridades de la Roca si no acude a la llamada de la justicia gibraltareña, continúa sin encontrar apoyo del Gobierno de España, pese a que la Organización Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil-La Línea (OPP 72) comunicó la citación el 27 de octubre a la secretaria general de pesca, Isabel Artime.

El gerente de la OPP 72, Nicolás Fernández Muñoz, remitió el 8 de noviembre una carta a Artime -a la que ha tenido acceso Europa Sur- en la que le expone la "disyuntiva" a la que se enfrenta Sánchez y que él mismo explicó en una entrevista con este periódico el 12 de noviembre: si acude al juicio estará reconociendo la autoridad de Gibraltar y Reino Unido sobre unas aguas que España considera bajo su soberanía; si no lo hace, se enfrenta a ser detenido la próxima vez que acuda a trabajar a un caladero que España sitúa en aguas propias bajo su jurisdicción y que los pescadores de La Línea consideran el más importante de la Bahía de Algeciras.

"El pasado día 27 de octubre le envié vía whatsapp un vídeo en el que la Royal Navy de Gibraltar entregaba una citación a Jonathan Sánchez Castillo, y una foto de dicha citación por la que se le emplaza a juicio en la Corte de Gibraltar el día 1 de diciembre a las 10 de la mañana", afirma Nicolás Fernández en un escrito en el que incide en las dudas que existen sobre cómo tiene que actuar el pescador.

"Al día de la fecha no tenemos muy claro cómo proceder, dado que, desde esa Secretaría General, ni de ningún departamento de Asuntos Exteriores, a los que considero usted habrá trasladado la información, se nos ha orientado sobre cómo actuar ante esta citación", subraya.

Europa Sur tampoco ha obtenido respuesta al solicitar al Ministerio de Pesca su posición sobre el caso de Jonathan Sánchez.

Fernández reflexiona en la carta sobre las dos opciones que la organización baraja ante este desafío. Si Sánchez se presenta en la Corte de Gibraltar el próximo día 1 será "sobre unos cargos que no corresponden, al carecer de competencia en las aguas el gobierno de la Roca". "La legislación" de Gibraltar, explica, "solo prevé la pesca recreativa, en la que se basa para sancionar". "De facto por nuestra parte, estaríamos reconociendo el derecho de Gibraltar a esas aguas y por tanto estaríamos fuera de la legalidad de cara al futuro. Si nos presentásemos, también tendríamos que disponer de letrado y ellos no aceptan un letrado español sino inglés", explica.

"Ya conocemos el procedimiento y la ausencia de apoyos que el sector con anterioridad ha tenido por parte de los distintos gobiernos, en Madrid, cuando se han producido estos hechos", recuerda.

En cambio, si el pescador no se presenta ante la Corte de la colonia británica, Gibraltar "puede dictar orden de desacato y por tanto busca y captura con lo que ello significa de perjudicial para el pescador". "No olvidemos que podrían llevarlo desde la mar a Gibraltar detenido. ¿Quién responderá entonces? ¿Cómo podríamos prestarle ayuda en esos momentos?", se pregunta la organización.

"Ante esta disyuntiva, y en base a la dura problemática que tenemos con esta citación, quisiéramos que desde la Secretaría General de Pesca se trasladase al Ministerio de Exteriores y se nos oriente sobre cómo proceder", reclama, antes de advertir que enviará una copia del escrito a la Delegación del Gobierno de Andalucía y a la Junta de Andalucía.

El pasado 12 de noviembre, el pescador echó en falta, a preguntas de este diario, el apoyo del Gobierno. "Ni siquiera me han llamado y deberían hacerlo si es que de verdad son aguas españolas; ahora, si ellos tienen otros acuerdos por detrás, ya no lo sé", relató a pie de muelle.

Jonathan Sánchez, al mando del barco Mi Daniela, sufre el acoso de las embarcaciones gibraltareñas desde hace meses cuando va a pescar en la zona de Punta Europa. Le dicen que está en aguas territoriales británicas de Gibraltar que tiene que cumplir su ley. Él les contesta que está en aguas españolas y que la de España es la única ley que va a cumplir cuando esté allí haciendo su trabajo.

Todo comenzó después de que pescadores recreativos gibraltareños le buscaran las cosquillas por una red perdida. Un barco lo denunció por embestirlo. Es imposible, sostiene, que una embarcación de pesca pueda embestir a una recreativa, más veloz y con más maniobrabilidad. El acoso se intensificó y él lo documentó con vídeos Tik Tok que fueron dando a conocer su problema. Un día llegaron dos policías para identificarlo. Él se negó y amenazaron con detenerlo. Llegaron barcos de Aduanas y de Medio Ambiente y él les entregó la documentación del barco, donde está su DNI y otros datos.

El 21 de agosto, el hostigamiento alcanzó un nivel inédito hasta ahora. El Mi Daniela fue abordado en aguas junto a la cara este de la Roca y contra el consentimiento de su patrón por dos embarcaciones de las autoridades de la colonia británica, una patrullera de Aduanas y otra de la Royal Gibraltar Police. Ocurrió a algo menos de una milla náutica de la costa de Levante de Gibraltar. Las dos embarcaciones de la colonia rodearon a su pesquero y le obligaron a identificarse enseñando su DNI español. Los agentes le explicaron que constaban tres denuncias contra él y que, en caso de negarse a colaborar, sería detenido y su barco inmovilizado.

El día 22 de agosto volvió a sufrir otro episodio de hostigamiento por la Royal Gibraltar Police cuando acudió a la zona a recoger las redes que había arrojado un día antes al mar. El pescador fue escoltado por una patrullera de la Guardia Civil. Sin embargo, tras terminar el trabajo, cuando volvía, fue de nuevo acosado. El viernes 27 de octubre, de madrugada y en plena mar, se encontraba faenando cuando apareció la Royal Gibraltar Police para entregarle una copia de una citación para que comparezca ante la Corte de Magistrados el próximo 1 de diciembre. El original debía haberle llegado por correo ordinario a su domicilio, pero esto no ha ocurrido.

Al principio tenía nueve denuncias, luego se redujeron a cinco de tres días diferentes. La de la supuesta embestida, por ejemplo, ha desaparecido. Lo acusan de pescar "animales salvajes" -dos centollas- y de utilizar redes ilegales, así como de "comportamiento agresivo" con un agente. En Gibraltar no existe una ley para regular la pesca comercial porque esta no existe, de modo que le aplican la de la pesca recreativa. "Pesco en aguas que el Gobierno de mi país dice que son españolas, y empleo redes y artes que son legales en España y en la Unión Europea", dijo en la entrevista con Europa Sur.