Homicidio doloso de dos españoles a manos de la Policía de Gibraltar

El presidente del Tribunal Supremo de Gibraltar, Anthony Dudley, ha rechazado la petición de dos policías de la Roca de una revisión judicial a la conclusión de la investigación que los consideró culpables de un delito de homicidio doloso en la muerte de dos ceutíes residentes en La Línea tras una persecución por mar en marzo de 2020.

En una sentencia dictada este miércoles en audiencia pública, de la que se han hecho eco los medios de comunicación gibraltareños, el juez Dudley desestimó los tres motivos que aportaron los agentes, a través de su abogado, para impugnar la conclusión de la investigación sobre las muertes, que determinó que habían cometido un delito de 'unlawful killing' (homicidio doloso).

El principal motivo es que las indicaciones del forense “diluyeron el umbral” que debería haberse establecido para que el jurado llegase a esa conclusión y que los miembros del mismo deberían haber recibido una mayor orientación para así poder ayudarles a evaluar la actuación de los oficiales. Por ejemplo, al indicarles que pueden existir situaciones en la que se expone a los ciudadanos al riesgo de recibir un daño sin que el policía en cuestión haya incumplido el deber de diligencia en el curso de una persecución.

La calificación del delito se produjo al considerar que los oficiales a bordo del buque oficial "incumplieron un deber de cuidado" con la tripulación de la neumática (RHIB) en la viajaban los fallecidos y que las muertes fueron una consecuencia razonablemente previsible de las acciones del barco policial.

El 28 de febrero se concedió permiso para que la solicitud de los oficiales de Policía fueran resueltas en una audiencia de fondo, que se llevó a cabo en julio pasado. Tanto la Royal Gibraltar Police como las familias de los fallecidos se habían opuesto a la revisión. Las costas se determinarán en una fecha posterior.

De este veredicto no se derivaba una responsabilidad penal porque no se trató de un juicio, sino de un análisis exhaustivo de hechos, pero sí mantiene abierta la opción de una revisión del caso, tanto por parte policial como de la Corona. En marzo de 2021 ya se concluyó que los dos agentes involucrados en la colisión no se enfrentarían a cargos criminales.

Los hechos

Aquel 8 de marzo de 2020, los dos oficiales de la RGP se encontraban a bordo de una patrullera que perseguía a una embarcación semirrígida de 14 metros de eslora en la que iban tres ceutíes y un portugués. En un momento de la carrera, la embarcación policial colisionó con la lancha fuera de las aguas que el Peñón reclama como propias.

La Policía de Gibraltar explicó que la persecución a alta velocidad se originó después de que los agentes detectaran la embarcación sospechosa, que apoyaba una actividad de tráfico de drogas. La unidad marítima de la Policía de Gibraltar prestaba apoyo a las fuerzas del orden españolas en esta intervención en alta mar.

El jurado también mostró su convencimiento en que las acciones de uno de los oficiales contribuyeron significativamente a la muerte de los dos hombres, considerando que sus decisiones fueron negligentes y que equivalen al delito de homicidio involuntario.

El suceso quedó bajo investigación en la Roca, pero también en España se produjo su propia actuación al judicializarse el asunto tras la denuncia interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción, en donde se denunció por delito de homicidio imprudente a la Policía de Gibraltar, solicitándose que la Guardia Civil pudiera investigar el suceso, inspeccionar la semirrígida y tomar declaración a los policías.

En octubre de 2020 se dictaba una orden europea de investigación por parte del juzgado español. Fruto de esa investigación en Gibraltar se determinó que “no hay motivos” para presentar “cargos” contra los oficiales. Ahora, la Policía revisará las pruebas para determinar si reconsidera el caso.