El Tratado de Utrecht por el que España cedió el Peñón cumple 300 años en 2013

El Tratado de Utrecht por el que España cedió a la Corona británica el Peñón de Gibraltar cumplirá 300 años este 2013 con españoles y gibraltareños enfrentados principalmente por la disputa en torno a la soberanía de las aguas y el régimen fiscal del Peñón. Utrecht sigue siendo, 300 años después, uno de los argumentos principales sobre los que España sostiene su reivindicación sobre la soberanía de Gibraltar, ya que por ese tratado cedió "la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas", pero no así el istmo que une el Peñón con la Península ni las aguas territoriales.

El tratado, firmado por Felipe V el 13 de julio de 1713, establece además que si en algún momento la Corona británica quisiera "dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar", España tendría derecho preferente sobre otros para recuperar el territorio lo que, bajo el punto de vista de España, impediría la independencia del Peñón a no ser que nuestro país renunciase a recuperar la Roca.

Gibraltar fue ocupado el 4 de agosto de 1704, durante la Guerra de Sucesión española, por una flota angloholandesa al mando del almirante inglés Rooke, en nombre del Archiduque Carlos de Austria con el objetivo de establecer una base militar para apoyar a su tráfico marítimo en el Mediterráneo.

La mayor parte de la población huyó a San Roque, cuyo Ayuntamiento sigue denominándose Ayuntamiento de la Ciudad de Gibraltar en San Roque. No fue hasta el siglo XIX cuando Reino Unido ocupó el istmo aprovechándose de que las autoridades españolas toleraron, por razones humanitarias, la instalación de unos campamentos provisionales para proteger a las tropas y población británicas de unas epidemias de fiebre amarilla y de cólera en el Peñón, campamentos que luego se convirtieron en instalaciones permanentes.

España nunca ha renunciado al derecho que le otorga Utrecht de recuperar el territorio cedido en caso de que Reino Unido renunciara a él. Tampoco reconoce soberanía británica alguna sobre el istmo, que considera ocupado ilegalmente, ni sobre las aguas que rodean el Peñón.

Lo más cerca que nuestro país ha estado de recuperar Gibraltar fue, según coinciden numerosos analistas, en 2002, cuando España y Reino Unido estuvieron cerca de cerrar un acuerdo en torno a la cosoberanía.

Peter Hain, exministro de Tony Blair, revelaba a principios de año en un libro de memorias cómo los dos países alcanzaron el 18 de abril de 2002 un acuerdo para compartir la soberanía sobre el Peñón, que permitía a Londres mantener el control sobre la base militar y establecía que el pueblo de Gibraltar podría celebrar un referéndum "vinculante" sobre el mismo.

"Para nuestra sorpresa nos dimos cuenta de que teníamos un acuerdo completo y aceptábamos que la cosoberanía no podía abrir la puerta a la soberanía plena española", cuenta Hain. Horas después, sin embargo, España se "arrepintió" y dio marcha atrás en ese acuerdo. Días después, en declaraciones al diario The Guardian, el presidente del Gobierno español, José María Aznar, afirmaba que Madrid no abandonaría nunca su pretensión de recuperar la totalidad del territorio de Gibraltar, incluso si firmaba entonces un acuerdo compartiendo la soberanía del mismo con el Reino Unido.

Gibraltar convocó meses después un referéndum unilateral y no vinculante sobre la cosoberanía, fórmula que rechazaron de forma abrumadora los llanitos.

Desde entonces, no hubo más avances en el tema de la soberanía. Con la llegada al poder de los socialistas al Gobierno de España en 2004, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, intentó avanzar con una fórmula completamente novedosa, a la vez que polémica.

Moratinos pactó con los británicos la creación de un foro de diálogo trilateral que incluiría a Gibraltar, concediéndole voz y voto propios al participar como una delegación separada de la de Reino Unido. La condición era que ese foro no abordara el contencioso en torno a la soberanía -reservado desde 1984 a conversaciones bilaterales entre Madrid y Londres- y se limitara a intentar resolver problemas que afectaban al día a día de las poblaciones del Peñón y el Campo de Gibraltar.

El PP se opuso desde el principio al foro trilateral, al considerar que elevaba el estatus de Gibraltar al de un Estado soberano como España y Reino Unido. Aunque en el marco del Foro de Diálogo se consiguieron algunos acuerdos sobre el uso conjunto del aeropuerto o la revalorización de las pensiones de los extrabajadores españoles de Gibraltar, el diálogo pronto encalló por los intentos del Peñón de introducir los temas de soberanía.

El propio Gobierno socialista en su última etapa, con la ministra Trinidad Jiménez al frente de la cartera de Exteriores, dejó en suspenso el Foro. Con los populares de nuevo en La Moncloa, España dio por enterrado definitivamente el foro trilateral. "Esta broma se ha terminado", en palabras del actual jefe de la diplomacia, José Manuel García-Margallo.

El Gobierno de Mariano Rajoy solo aceptaría un foro de diálogo a cuatro bandas, con la entrada de una delegación del Campo de Gibraltar. Gibraltar rechaza esta fórmula al considerar que busca degradar el estatus que le concedía el foro trilateral.

A pesar del rechazo frontal de Gibraltar a que España y Reino Unido aborden temas que atañen al Peñón sin representantes gibraltareños, en las últimas semanas se han producido dos encuentros entre los Gobiernos español y británicos en los que se ha abordado la protección de las aguas en disputa.

España se apuntó un tanto este año después de que el Tribunal de Justicia de la UE rechazara sendos recursos de Reino Unido y Gibraltar contra la decisión de la Comisión Europea de reconocer a España competencias para la protección medioambiental de un hábitat natural en las aguas disputadas, años después de que Londres registrase ante Bruselas un hábitat natural propio en las mismas aguas.

Como consecuencia, tanto Reino Unido como España pueden desarrollar planes específicos para garantizar la protección medioambiental en una misma zona, de ahí que hayan iniciado un proceso de consultas para hacer frente a esta situación. Este diálogo ha arrancado meses después de los obstáculos que Gibraltar ha puesto a que pescadores faenen con redes dentro de las tres millas que reclama de mar territorial, un problema que sigue sin solución.

España también ha ganado otra batalla en el seno de la UE tras denunciar el régimen fiscal de Gibraltar, que perjudica a las empresas españolas. Los ministros europeos de Economía llegaron a la conclusión este diciembre de que el régimen fiscal del Peñón vulnera el código de conducta comunitario sobre fiscalidad de las empresas. El Gobierno espera ahora que Bruselas abra un expediente sancionador para forzar su abolición.

Este año, España se enfrenta a la posible admisión como miembro de la UEFA de la selección gibraltareña de fútbol, algo que ya intentó sin éxito en 2007. La decisión se someterá a votación del XXXVII Congreso Ordinario del organismo, en mayo en Londres.