La CE dice que no tiene competencias sobre los rellenos de Gibraltar aunque están en un espacio europeo protegido

La Línea/La Comisión Europea (CE) ha afirmado, en respuesta a una pregunta del grupo ecologista Verdes de Europa-Tarifa, que no tiene competencias para actuar frente a los rellenos de Gibraltar para el macroproyecto urbanístico Eastside pese a que estos se llevan a cabo en el espacio europeo protegido Estrecho Oriental de la Red Natura 2000. A raíz de esta respuesta, el colectivo ha solicitado a la Defensora del Pueblo Europeo, la portuguesa Teresa Anjinho, que abra una investigación.

El proyecto Eastside consiste en un macrocomplejo hotelero y de viviendas en un terreno ganado al mar al este del Peñón, en un área de conservación diseñada para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea bajo la responsabilidad de España.

Verdes de Europa-Tarifa se dirigió a la CE a través de Europe Direct, un servicio de respuesta a preguntas de los ciudadanos sobre la Unión Europea, por teléfono o por correo electrónico, para preguntarle por los rellenos. La Comisión respondió que "tras un análisis exhaustivo" de su solicitud no podía tomar cartas en el asunto. "Lamentamos informar que, según la distribución de competencias entre la UE y sus Estados Miembros, la Comisión Europea no es competente para la evaluación de los proyectos de infraestructuras nacionales ni de sus desarrollos situados en el territorio de Gibraltar". "En virtud de la Directiva relativa a la Evaluación del Impacto ambiental (EIA), los Estados Miembros deben garantizar que los proyectos estén sujetos a una Evaluación ambiental y a una autorización de desarrollo", continúa. "Por lo tanto, corresponde a las autoridades nacionales competentes de Gibraltar evaluar los posibles impactos ambientales de este proyecto y autorizarlo de acuerdo con la legislación nacional e internacionales aplicable”, concluye.

Para los Verdes, la CE contesta "con soberbia extravagancia" para intentar "evitar las respuestas", como en anteriores negativas de la CE a actuar sobre el proyecto. La promotora obtuvo una autorización de las autoridades europeas en 2008 para un proyecto completamente distinto al que ahora se ejecuta, con menos superficie ocupada y sin el puerto para megayates previsto.

Los ecologistas consideran que la "inacción del gobierno español ante las agresiones de Gibraltar" a esta zona bajo protección "salpica a la propia Comisión Europea como guardiana de los tratados, incumpliendo el artículo 41 de la Carta de los Derechos fundamentales de la UE". Además critican que la CE "no cumple con el Convenio de Aarhus que garantiza el de acceso de los ciudadanos a la información que afecta al medioambiente.

Verdes de Europa-Tarifa pide a la Defensora del Pueblo Europeo que descubra dónde se encuentra publicada la "supuesta" autorización otorgada en 2008 por la Comisión Europea para la construcción gibraltareña. También, por qué autorizó el proyecto si es supuestamente es contrario el artículo 7 de la Directiva 2011/92/CEE y el Convenio Marco de las Naciones Unidas de 1994. Además, se pregunta "¿cómo es posible que la Junta de Andalucía avale el traslado de piedras de canteras para la construcción de una escollera en Gibraltar cuando la responsabilidad medioambiental compete al Ministerio?" y "¿qué sabe al respecto la Comisión Europea?". Además, se interesa por las consultas preceptivas realizadas por "los gobiernos" para poder intervenir sobre la Red Natura 2000 y cómo le afecta el Convenio del Paisaje.

"La Comisión no será competente de forma directa pero sabe -y es consciente como ente subsidiario- que, desde 2005, a través europarlamentarios de diverso color político, se ha señalado varias veces el problema. Es por ello que, para nosotros, este hecho se traduce en una inacción por parte de la Comisión y opinamos que, mientras la ciudadanía se encuentra ejercitando el derecho en defensa del medio ambiente, la Comisión no actúa, consintiendo con ello indirectamente la corrupción", asegura Verdes de Europa-Tarifa.

La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, critica "severamente el lavado de manos de la guardiana de los tratados” ante un ecocidio de esta magnitud, tanto para la Red Natura, a la cual llegan los rellenos del Proyecto, como para la Red Natura de la cual provienen". "La Comisión tiene la obligación de contestar a nuestras preguntas. La Protección del medio ambiente por Derecho Penal es "un hecho", como también lo es que, "para evitar la aceleración del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del medio ambiente, se haya creado la Red Natura 2000". "Nadie discute que los países miembros tienen gran responsabilidad pero ello no otorga a la Comisión Europea la opción de desligarse de los problemas medioambientales y pasar de ellos", apostilla.

El grupo político verde considera que la seguridad jurídica de los tratados, como el de la Red Natura y el del Convenio de Aarhus, "no está siendo amparada por aquellos que deberían ejercer el Principio de Precaución y considera la respuesta como un pervertido abuso de poder para que no sigamos molestando", manifiesta, antes de recordar que la Red Natura 2000 indica que “en caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria/os, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden".