La cooperación policial y judicial con Gibraltar, objeto de negociación entre la UE y Reino Unido
Gibrexit
El diálogo para lograr un "acuerdo global" en torno al área de prosperidad compartida alude a la lucha contra el blanqueo de capitales
Bruselas incluye a Gibraltar en su lista negra de territorios laxos con el blanqueo y la financiación del terrorismo
La decisión de la Comisión Europea de incluir a Gibraltar en la “lista negra” de territorios bajo sospecha de favorecer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo coincide con las negociaciones que en ese ámbito mantienen la UE y Reino Unido para la firma de un tratado internacional que regule las relaciones entre los 27 y el Peñón tras el Brexit.
El capítulo de la cooperación en materia policial y judicial se mantiene vivo dentro de ese proceso de diálogo sobre la base, al menos desde la perspectiva europea y española, del acuerdo de salida de Reino Unido de la UE -en diciembre de 2020- y la normativa de la UE, en el marco de un “acuerdo global” cuyo reflejo físico sería la desaparición de la Verja y la consiguiente asimilación del espacio Schengen por parte del Peñón, en lo que ambas partes vienen denominar “área de prosperidad compartida”.
La posición de la CE respecto a la actuación de las autoridades gibraltareñas en la lucha contra el blanqueo de capitales de origen ilícito refuerza sus tesis negociadoras y las consolida en la misma línea que defiende España frente a la posición británica que, al igual que ocurre con otros aspectos objeto de diálogo -medio ambiente o impuestos, por ejemplo- pretende que la colonia mantenga un estatus privilegiado respecto a sus vecinos del resto del continente, particularmente, de los campogibraltareños.
El memorando, vigente
España y Reino Unido suscribieron en noviembre de 2018 y tras el Brexit cuatro memorandos de entendimiento transitorios que establecen el modo en el que España y Gibraltar se relacionan desde ese momento a través de comités especializados. Sus contenidos hacen referencia a los derechos de los ciudadanos, medio ambiente, tabaco y cooperación policial y aduanera. Los tres últimos fueron renovados en julio de 2021 tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea; el referente a los derechos de los ciudadanos no había caducado.
Este último compromete a las partes a “intensificar” el trabajo común a través de una Comisión de Coordinación Conjunta mediante un funcionario de enlace por cada parte. En los periodos que transcurran entre las reuniones, ambos “se esforzarán por asegurar que el diálogo y la colaboración entre sus respectivos servicios son adecuados y fluidos”.
Los firmantes declararon “su profundo compromiso de colaborar estrechamente para la correcta aplicación de la legislación penal y aduanera a los efectos de prevenir y luchar contra los delitos y las violaciones de la legislación aplicable en ambas materias en Gibraltar y la zona circundante” y que se inspirarán “en los principios y mecanismos de cooperación administrativa y policial consagrados en la legislación penal y aduanera vigente en la Unión Europea”.
Terrorismo y blanqueo de capitales
España y el Reino Unido, en nombre de Gibraltar, establecieron en el memorando que ese trabajo policial y aduanero comprende los delitos previstos en la legislación penal vigente a ambos lados de la Verja, entre ellos los de “terrorismo, de tráfico y trata de personas, de tráfico de armas, de ciberdelincuencia, de tráfico de estupefacientes y otras mercancías, contra el medioambiente (incluyendo, el tráfico de residuos peligrosos y la pesca ilegal), de corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude”.
El memorando establece la prioridad del intercambio de información sobre investigaciones financieras y patrimoniales, esencial para la lucha contra el narcotráfico, y dejaba la iniciativa a los mandos para definir y llevar a cabo procedimientos conjuntos contra la delincuencia.
En las aduanas, se fomenta el intercambio de información, por iniciativa propia o a instancia de cualquiera de las partes, para evitar el fraude, el contrabando, los movimientos de dinero en efectivo y al blanqueo de capitales.
También se contempla la colaboración en operaciones conjuntas relacionadas con la circulación de mercancías sujetas a control aduanero y la lucha contra el tráfico de estupefacientes.