El desafío del uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar vuelve tras los fracasos de 1987 y 2006

Gibraltar/El uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, la gran apuesta de España en las negociaciones que buscan el derribo de la Verja tras el Brexit, supone un gran desafío que la Comisión Europea y Reino Unido afrontarán de nuevo a partir de septiembre. La solución a los obstáculos que supone quizás se encuentre en los acuerdos alcanzados en 1987 y 2006, cuando el gobierno español y el británico lograron solventar sus diferencias para compartir el aeródromo, situado en un terreno que España no reconoce como de soberanía británica. Eso sí, ninguno de aquellos compromisos se llegó a poner en práctica completamente.

Tanto en 1987 como en 2006 el problema era el mismo. España estaba y está obligada a controlar y vigilar, a través de su Policía Nacional, la entrada en el espacio Schengen, pero Gibraltar se negaba ya a la presencia de agentes uniformados españoles en su territorio. Ahora, las posiciones siguen intactas pero el contexto tiene matices distintos: entonces Reino Unido y el Peñón estaban en la Unión Europea y no se planteaba la desaparición del paso fronterizo como ocurre tras el proceso iniciado a raíz del Brexit.

En ambos años la solución encontrada fue la instalación de una prolongación de la terminal del aeropuerto que quedara sobre territorio español, en el término municipal de La Línea, donde se instalarían los controles de los agentes españoles. Nunca llegó a llevarse a cabo. Si se decidiera intentar de nuevo ahora llegaría tras la entrada en vigor de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en La Línea que prevé en todo el espacio del recinto ferial un centro tecnológico relacionado con la cuarta revolución industrial y la tecnología blockchain y satelital. Ahora bien, en el terreno de más 4.000 metros cuadros que está frente al frontal de la terminal del aeropuerto, ya en suelo español, es decir, término municipal de La Línea, el Ayuntamiento está dispuesto a sentarse con el Gobierno para que allí se ampliaran las instalaciones. Aunque ese espacio no está definido concretamente para ese uso en el PGOU, el suelo tiene que tener un desarrollo posterior con un plan especial para especificar los volúmenes, los usos, los posibles viales interiores y demás. Según explica el alcalde linense, Juan Franco, sería "muy interesante poder contar con ese desarollo en el municipio, porque sería una oportunidad muy importante para incrementar el volumen de negocios y el turismo". "La posibilidad de contar con un punto de acceso a un aeropuerto diferente a los pasajeros de Reino Unido sería importante para la Línea y por supuesto, para Gibraltar, que seguiría teniendo su aeropuerto", añade.

1987

El acuerdo de 1987, firmado por el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez y Geoffrey Howe, secretario para Relaciones Exteriores de la Commonwealth del Reino Unido, se estableció al amparo del Proceso de Bruselas, constituido por ambos países para promover la cooperación y negociar la soberanía de Gibraltar, ahora fuera de las conversaciones. El Proceso de Bruselas fue el conjunto de acuerdos por el que se regían desde 1984 las negociaciones entre España y el Reino Unido por el contencioso. Con carácter previo a esta declaración, ambos países habían firmado, el 10 de abril de 1980, la Declaración de Lisboa, que ponía punto y final a un largo periodo de incomunicación.

Aquel acuerdo para el uso conjunto nunca llegó a materializarse. Incluía en su primer punto que los permisos a las compañías aéreas españolas para efectuar servicios entre aeropuertos de España y Gibraltar serían otorgados por las autoridades españolas, así como que estas mismas autoridades construirían una nueva terminal en La Línea de la Concepción, adyacente al lado norte de la verja existente. “Los pasajeros que utilicen esta terminal tendrán acceso directo al aeropuerto a través de una puerta en la fachada sur de la terminal”, citaba el documento rubricado hace 37 años. Sobre qué pasajeros podrían hacer uso de esa terminal, el acuerdo establecía dos categorías: pasajeros de cualquier país, volando en aviones de cualquier compañía y de cualquier nacionalidad, que se dirijan al desembarcar a cualquier punto del territorio situado al norte de la Verja; y pasajeros que, procedentes de cualquier punto del territorio situado al norte de la verja, embarquen en aviones de cualquier compañía y de cualquier nacionalidad con destino a cualquier país del mundo. La terminal británica quedaba reservada para el resto de pasajeros. Además, se estableció un comité, compuesto por un número igual de miembros designados por cada Gobierno, para coordinar las actividades de transporte aéreo civil de las terminales británica y española y su relación con los demás servicios del aeropuerto. En el punto quinto, los gobiernos británico y español aseguraban que se adoptarían medidas eficaces en la terminal existente y en la nueva para controlar a los pasajeros y su equipaje de mano, y para realizar comprobaciones adecuadas sobre las tripulaciones, carga y bodegas de las aeronaves antes de y durante el embarque.

Los gibraltareños, que participaron en la negociación del acuerdo, se opusieron posteriormente a la aplicación del mismo. De hecho, quedó supeditado a su aprobación por parte de la Asamblea de Gibraltar, con capacidad para modificarlo. Finalmente, jamás se ejecutó. El entonces ministro principal, Sir Joshua Hassan, estaba a favor, pero dimitió poco después y le sustituyó el socialista Joe Bossano, que lo torpedeó. Su fracaso causó un gran malestar en el Ejecutivo de Margaret Thatcher, que lamentó la “línea intransigente” del de Bossano y su decisión de bloquear el compromiso.

2006

Años después, en 2004, los ministros de Asuntos Exteriores de España y el Reino Unido, Miguel Ángel Moratinos y Jack Straw, se reunieron en Madrid para reiniciar las conversaciones hispanobritánicas sobre el contencioso de Gibraltar tras un largo periodo de incomunicación. Lo que se llamó el foro diálogo a tres bandas (puesto que se incorporó el Peñón) ya en su primera reunión en Málaga comenzó a estudiar las diferentes fórmulas para que el uso del aeropuerto de Gibraltar resultara beneficioso tanto para la colonia británica como para la zona española del Campo de Gibraltar. Por ello fijó su atención en el funcionamiento del aeropuerto suizo de Ginebra, situado a pocos kilómetros de la frontera con Francia. El acuerdo entre las autoridades suizas y francesas permitió la creación de un ‘sector francés’ en el propio aeropuerto, que permite no pasar por Suiza y evitar los requisitos de identificación con pasaportes a aquellos ciudadanos que van a territorio galo.

En aquellos días, el empresario Salomon Seruya, un defensor acérrimo de la cooperación con España, hablaba así del uso compartido del aeropuerto: "Obviamente beneficiará y mucho a Gibraltar de cara al comercio, el turismo y su centro financiero, pero también será muy positivo para la parte española, especialmente para el puerto de Algeciras -pasajeros, cambios de tripulación, piezas de recambio y otros servicios-. De igual modo, las industrias de la comarca saldrán beneficiadas gracias a la mejora de las comunicaciones con Madrid, así como el comercio de los municipios. En turismo, las consecuencias serán positivas desde Tarifa a Estepona y, sobre todo, para las tres grandes urbanizaciones: Sotogrande, Alcaidesa y San Roque Club".

En julio de 2005, tras dos días de reuniones en el Algarve portugués, el director general de Política Exterior para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), José Pons, su homólogo británico Dominick Chilcott y el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, leyeron una declaración conjunta en la que dejaron patente la prioridad otorgada al posible uso conjunto del aeropuerto del Peñón, que tendría "una sola terminal" con salida directa a España. Meses después se pactó el traslado de la terminal del aeropuerto yanito junto a la Verja fronteriza para facilitar el paso directo a La Línea de los pasajeros cuyo destino fuera territorio español. De este modo se facilitaría al control de la Policía española de los viajeros con destino al municipio linense, mientras que los que vayan al Peñón lo harían por otra ruta para pasar por la Policía de la Roca.

La fuerte oposición política al acuerdo sobre el uso compartido del aeropuerto llevó a Caruana a manifestar que el foro tripartito de diálogo no haría concesiones a España de "soberanía, jurisdicción o control" de la instalación. El Partido Democrático Progresista de Gibraltar (PDP) pidió la convocatoria de un referéndum local sobre el asunto que se descartó nuevo acuerdo por no ser "de naturaleza constitucional".

Entre los temores de los negociadores estaban las dificultades que podría plantear el Ministerio de Defensa británico, propietario de la pista de aterrizaje e instalaciones anexas, aunque la terminal es explotada por el Gobierno del Peñón. Londres acepta que ese terreno no fue cedido mediante dicho el Tratado de Utrecht, pero sostiene que su soberanía sobre la sección sur del istmo se basa en la prescripción, ya que ha estado bajo su control por un periodo largo y continuado de tiempo sin que España lo pusiera en cuestión.

El 18 de septiembre de 2006, los Gobiernos de España, el Reino Unido y Gibraltar sellaron en Córdoba un paquete histórico de acuerdos que incluía el uso conjunto del aeropuerto. Pactaron efectivamente la construcción de una única terminal contigua al lado sur de la Verja y con acceso directo desde La Línea de la Concepción. La gestión comercial correspondería a España y a Gibraltar a través de una empresa conjunta. La declaración sobre el aeropuerto, que sustituía a la del 2 de diciembre de 1987, levantaba por tanto la suspensión en Gibraltar de las directrices de la Unión Europea en materia de aviación. Además, eximía de control alguno a los pasajeros que fueran de un aeropuerto español al Peñón y luego de nuevo a España; así como en sentido contrario. En el caso de los pasajeros que tomaran el vuelo directamente desde Gibraltar sin pasar antes por España, éstos deberían atravesar un control español de inmigración a cargo del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Para evitar la presencia de policías o aduaneros españoles en suelo gibraltareño, ese control se ejercería en una primera planta que quedaría suspendida sobre territorio nacional. El Gobierno del Peñón se comprometía a construía la terminal en un plazo aproximado de dos años (tardó mucho más, hasta 2012) mientras que España realizaría, dentro del mismo periodo, las obras necesarias en el lado norte de la Verja (nunca las hizo). De igual forma, el Gobierno de Gibraltar se comprometía a la construcción de un túnel en el extremo oriental del aeropuerto, con el fin de evitar el tráfico de vehículos que atraviesa la pista y una congestión aún mayor con el aumento del número de vuelos. Lo inauguró en marzo de 2023, 17 años después.

"Sería muy interesante poder contar con ese desarrollo en el municipio, una oportunidad muy importante para incrementar el volumen de negocios y el turismo", dice Juan Franco

La oposición gibraltareña, formada en aquel 2006 por laboristas y liberales, anunció que revocaría el acuerdo en cuanto gobernara. Mientras tanto, los mismos gobiernos que lo habían firmado no se ponían de acuerdo en cuestiones como el control de los vuelos en las proximidades del Peñón (España quería que se hiciese desde Sevilla, Gibraltar y Reino Unido, no) y las maniobras de aterrizaje de los aviones desde la Bahía de Algeciras.

Los vuelos hacia y desde Madrid comenzaron en diciembre de 2006. "Un aparato Airbus-319 de Iberia con capacidad para 140 personas ha despegado a las 12.05 minutos del aeropuerto de Barajas y ha llegado a Gibraltar a las 13.00 horas en el primer vuelo comercial de la historia entre España y Gibraltar", decía la noticia. En septiembre de 2008 Iberia canceló la conexión aérea desde la Roca tras casi dos años de funcionamiento. En abril de 2009 la compañía Ándalus recuperó los vuelos hasta la capital española y en julio de ese año incluso añadió una línea hacia Barcelona. Esta solo estuvo operativa tres meses y en marzo de 2010 fue el último vuelo desde Gibraltar hasta territorio español. Ibería afirmó que no eran rentables.

Ese año fue cuando la construcción de la terminal española del aeropuerto del Peñón estuvo más cerca. El por entonces alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez, mantuvo reuniones con representantes de AENA para que se llevase a cabo. Tras las elecciones de 2011 los socialistas Gemma Araujo y Salvador de la Encina también ahondaron en esta posibilidad, que se difuminó con la entrada del PP en el Gobierno central y su distanciamiento con respecto a Gibraltar. En 2012, el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, decidió volver a la postura anterior a los acuerdos de 2006, por considerar que el uso conjunto del aeropuerto nunca se llegó a aplicar y con los mismos argumentos del pasado que parecían aparcados.