Gibraltar emplea con controvertidos contratos de cero horas a cientos de españoles en la sanidad y la hostelería

"Si te llaman, trabajas. Si no, no cobras. Como pasaba con los temporeros en el siglo XIX". Así resume Antonio Sánchez, miembro de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg), la mecánica de funcionamiento de los contratos de cero horas. Una figura que persiste en la normativa laboral del Peñón pese a las peticiones sindicales, desde ambos lados de la Verja, que reclaman su derogación.

Gibraltar emplea con contratos de cero horas a centenares de españoles en sectores públicos como la sanidad, a través de subcontratas, y en la hostelería. Un tipo de contrato basura en el que el empresario está exento de fijar una jornada mínima, ya que ésta se establece a demanda.

"Generan una gran incertidumbre. Quienes lo tienen no saben a ciencia cierta si trabajarán o no la siguiente semana. O cuántas horas van a hacer en un mes. Y del número de horas trabajadas depende el salario o la generación de las vacaciones", relata Sánchez como principales desventajas de este modelo.

En España, un contrato de este tipo es ilegal. El Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, sectoriales o de empresa, garantizan unos mínimos de jornada y salario. No es así en Reino Unido, donde los también llamados contratos de ultraflexibilidad tuvieron un gran auge con la crisis de 2008 hasta el punto de que en 2015 -con James Cameron en Downing Street- más de 700.000 británicos, casi el 3% de los trabajadores del país, ejercían bajo esta modalidad.

Ascteg calcula que hay 15.375 personas que atraviesan la Verja cada día para trabajar en Gibraltar, de los que 10.350 son españoles. Los 5.025 restantes son extranjeros, entre ellos 145 gibraltareños que mantienen sus empleos en la colonia y residen en España. Unos datos que prácticamente casan con los registros oficiales del Gobierno de Gibraltar. Las cifras suponen aproximadamente el 50% de la fuerza laboral en el Peñón (algo más de 30.400 personas en 2021).

"Los contratos de cero horas son muy utilizados en las contratas del sector de cuidados y en el hospital. También en la hostelería. Las agencias de servicios que trabajan para el Gobierno contratan al 99% de trabajadores transfronterizos españoles con contratos de cero horas", subraya Sánchez.

Se trata puestos de trabajo en el Hospital de San Bernardo o en el sector de cuidados en recursos públicos como la residencia de mayores, la atención a domicilio, para menores en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad y los pisos tutelados.

"Este tipo de contratos se suele emplear en sectores donde no existe una fuerte afiliación sindical, como en la sanidad. En sectores como la construcción, donde también hay muchos trabajadores extranjeros, se utilizan otros convenios y contratos", ratifica Christian Duo, coordinador del sindicato gibraltareño Unite.

"Nosotros entendemos que hay ocasiones en las que puede hacer falta tener un trabajador con esta figura para cubrir bajas o momentos puntuales. El problema es el abuso", agrega Duo, quien especifica que se ha logrado una paridad en el sector público de manera que un trabajador de las subcontratas que realice durante doce semanas el mismo empleo debe equipararse en condiciones laborales con los trabajadores de Care Agency (la agencia pública gibraltareña).

La Verja de Gibraltar separa dos modelos laborales para el que Ascteg pide una equiparación a través de las conversaciones sobre Gibraltar y el Brexit. El colectivo escribió en 2021 a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; al presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, Antonio Gutiérrez Limones, y a la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para evidenciar las asimetrías laborales y reclamar soluciones.

Sin un recuento oficial

Gibraltar presume de pleno empleo entre sus residentes. El departamento estadístico del Gobierno del Peñón cifra en solo 25 la media de gibraltareños sin trabajo en el cuarto trimestre de 2022. La serie histórica de datos, que arranca en 1990, nunca ha superado las 900 personas sin ocupación en un trimestre.

La oposición política al gobierno de Fabian Picardo estima que, tras este idílico mercado laboral, las cifras están maquilladas por contratos de baja calidad y de cero horas en muchas agencias de trabajo. Es decir, formalmente hay gibraltareños y extranjeros que están ocupados pero bajo una modalidad en la que no está garantizado el cobro de un salario mínimo mensual.

En 2019, según recogía la GBC, el Gobierno de Gibraltar admitió que no recopilaba información sobre cuántas personas tenían contratos de cero horas en un momento determinado. Europa Sur solicitó al Ejecutivo gibraltareño datos actualizados sobre esta modalidad laboral y, expresamente, sobre su uso entre la comunidad de trabajadores españoles en la colonia sin obtenerlos al cierre de esta información.

Clamor por la derogación

Los sindicatos españoles Comisiones Obreras, UGT y el gibraltareño Unite coinciden en la necesidad de que este tipo de relación laboral se elimine por ser muy lesiva para los derechos de los trabajadores. "Es un instrumento de poder para los empresarios, que pueden y lo utilizan para represaliar a trabajadores que puedan resultarles conflictivos. Son vendidos como un contrato flexible para estudiantes, pero se emplean para puestos estructurales", apunta el representante de Ascteg.

"Se trata de un contrato leonino para los trabajadores. No tiene sentido que un gobierno progresista como el de Fabian Picardo los mantenga. Debe acabarse con este modelo y eso se planteó por parte de los sindicatos gibraltareños antes de que estallara la pandemia, pero quedó en nada", plantea Manuel Triano, secretario comarcal de CCOO. Su homólogo en la UGT, Ángel Serrano, igualmente aboga por el fin de esta práctica.

"En Gibraltar, el sindicato Unite mantiene como una de sus reivindicaciones el fin de los contratos de cero horas. El pasado 1 de mayo lo recordamos y trabajamos para que así sea", concuerda Duo, generando de esta forma un consenso entre sindicatos españoles y gibraltareños para demandar un cambio normativo.