España endurece la fiscalidad del diésel mientras el sector petrolero apunta a Gibraltar por fraude millonario

Gibraltar/El Gobierno ha aprovechado el debate sobre el nuevo impuesto global mínimo del 15% a las multinacionales para introducir una serie de enmiendas que endurecen el control fiscal sobre los carburantes, un sector fuertemente golpeado por el fraude del IVA y las irregularidades en el cumplimiento de normativas medioambientales. Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligación de pagar el IVA de inmediato para las empresas que comercializan carburantes y la eliminación de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, que comenzará a aplicarse en abril de 2025. Esta equiparación, que busca reducir el impacto ambiental del diésel, prevé incrementar la recaudación pública en unos 1.000 millones de euros al año.

Mientras el Congreso afina estas medidas, el sector petrolero español dirige sus miradas a Gibraltar, un enclave que ha registrado un fuerte incremento en sus exportaciones de diésel hacia España. Según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) que reproduce este lunes Vozpopuli, las importaciones de diésel procedentes de Gibraltar crecieron un 81% en 2023, alcanzando las 846.000 toneladas. Esta tendencia se mantiene en 2024, ya que hasta agosto se han importado 709.000 toneladas, situando al Peñón como el tercer mayor proveedor de diésel en España, solo por detrás de Países Bajos e Italia.

La rápida escalada de importaciones de diésel desde Gibraltar despierta suspicacias en el sector petrolero, que teme que algunas redes mafiosas estén aprovechando su cercanía para evadir controles y vender carburantes sin cumplir con las normativas fiscales y medioambientales de la UE

Un fraude que apunta a Gibraltar

El crecimiento de estas importaciones ha despertado sospechas en el sector. Fuentes empresariales y la Agencia Tributaria señalan que algunas redes mafiosas podrían estar aprovechando Gibraltar para introducir combustible en el mercado español y evadir impuestos. Este combustible, una vez revendido al precio de mercado, supondría para los empresarios evasores una ganancia extra al no tener que liquidar los impuestos al Estado.

El fraude del IVA y el incumplimiento de los requisitos de biocombustibles, que según estimaciones han generado pérdidas de hasta 1.800 millones de euros, son los principales focos de preocupación. Las empresas involucradas en estas prácticas consiguen beneficios millonarios mediante una estructura de sociedades pantalla, conocidas como truchas —porque aparecen y desaparecen muy rápido—, que se utilizan para defraudar y eludir los impuestos.

El modus operandi es complejo y persiste desde hace más de una década: las organizaciones criminales emplean una serie de intermediarios que permiten que el combustible entre en España sin pagar IVA. Estas truchas actúan como intermediarios ficticios en las transacciones de combustibles entre empresas de diferentes países de la Unión Europea. A continuación, una tercera empresa en España reclama una devolución del IVA, que en realidad nunca fue ingresado en las arcas públicas. La trama resulta difícil de rastrear debido a la multiplicidad de organizaciones implicadas y a las transacciones transfronterizas.

El fraude de IVA en los combustibles se estructura en redes de empresas pantalla y falsas ventas internacionales, una práctica que ha costado a las arcas públicas más de 1.200 millones de euros en los últimos años

Presión empresarial y reformas fiscales

La presión de las grandes petroleras y de los pequeños gasolineros, quienes acusan a estas redes de competencia desleal, ha impulsado cambios legislativos. Además del endurecimiento del IVA, el Gobierno español plantea ahora un sistema de avales y controles más estrictos para las empresas que deseen operar en el mercado de los combustibles. Esta medida, según fuentes del sector, podría frenar el acceso de los defraudadores a títulos de operador petrolero, sin los cuales es imposible realizar transacciones en el país.

Empresarios y representantes de organizaciones como Repsol y Cepsa llevan tiempo advirtiendo de la proliferación de lo que consideran un "mercado secundario de licencias", donde operadores ilegales compran permisos a empresas legales para utilizarlos en transacciones fraudulentas. Este mecanismo, que aprovecha los huecos en la legislación, se convierte en la puerta de entrada de muchos de los fraudes del sector.

Entre las medidas propuestas, se impondrá un control más estricto sobre las licencias de los operadores y el cobro inmediato del IVA a las empresas de carburantes, una práctica ya implementada en otros países europeos como Italia

El fraude de los hidrocarburos no solo afecta a las grandes petroleras, sino también a la economía del Campo de Gibraltar. La expansión del fraude y la fuerte presencia de carburantes procedentes del Peñón generan una competencia desigual en las gasolineras locales y ahondan en las disputas fiscales entre España y Gibraltar. Las nuevas reformas fiscales buscan frenar el fraude en su origen, pero para muchos en el sector aún falta camino por recorrer para frenar las redes que operan desde el Peñón y afectan tanto a la recaudación pública como a la economía local.