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La Línea/El Ministerio de Exteriores español ha lanzado un mensaje a los negociadores de Reino Unido y Gibraltar para que no intenten imponer un acuerdo a la carta en la recta final de las conversaciones del tratado que regulará la relación del Peñón con la Unión Europea (UE). El encargado ha sido Fernando Sampedro, secretario de Estado español para la UE, quien ha afirmado que España no es partidaria, en una negociación internacional, de que cada parte seleccione qué temas les conviene o no tratar.
Lo ha dicho cuando comentaba las negociaciones entre los Veintisiete y Suiza para establecer una relación más estrecha: "España en general defiende que en los acuerdos con países vecinos y amigos, como hacemos también con el Reino Unido, también en relación con el de Gibraltar, no se hagan excepciones, no se permita una selección individual de los temas que se quieren tratar en el acuerdo".
Es decir, Reino Unido y Gibraltar debe aceptar, o no, el acuerdo global propuesto por la Comisión Europea (CE) con el visto bueno de España para el derribo de la Verja. No seleccionar qué apartados del mismo son aceptables y cuáles no. La propuesta planteada prevé la inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen y libertad de circulación para personas y mercancías, para lo que Reino Unido y Gibraltar deben aceptar todo lo que conlleva.
El objetivo final es la desaparición de la Verja, que ya estaba contemplada en el Acuerdo de Nochevieja alcanzado por España y Reino Unido el 31 de diciembre de 2020, el cimiento sobre el que Bruselas y Londres negocian todavía el tratado. La caída de esta infraestructura levantada por los británicos a finales del siglo XIX incluiría un control de entrada a territorio Schengen en el puerto y en el aeropuerto del Peñón. Es decir, tendría que haber presencia de autoridades policiales europeas -en este caso, españolas- en ambos puntos. Se trata de una de las medidas que la Comisión Europea (CE) incluyó en su "propuesta global" para alcanzar un acuerdo con Reino Unido. La CE y España proponen que Frontex colabore en un periodo inicial de cuatro años, pero consideran imprescindible que haya agentes españoles, según ha reiterado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. A esto, por ejemplo, se refiere Sampedro, porque Reino Unido y Gibraltar, en cambio, no quieren que policías uniformados de España controlen los dos accesos a la Roca por mar y aire porque entienden que sería un paso atrás en la soberanía del Peñón que reclama España. Es decir, quieren seleccionar las partes del acuerdo que más les convienen, imponer sus posiciones, no adaptarse a las normas establecidas por los 29 países del Espacio Schengen, sino cambiarlas a su conveniencia.
"No existe ningún motivo para que el Reino Unido no dé ya su sí a este acuerdo. Sin ese sí lo que vemos es que no comprenderíamos un acercamiento a la Unión Europea cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con el acervo de la Unión Europea en el espacio Schengen y la Unión Aduanera", dijo el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares el pasado lunes, cuando instó a Londres a aceptar "el acuerdo global, equilibrado, pragmático que hemos planteado desde hace tiempo".
La crisis en la negociación de Gibraltar llega cuando cada vez suenan más alto las voces, tanto en Reino Unido como en el Peñón, de que quizás la parte británica y llanita está tensando demasiado la cuerda. Es el caso de algunos empresarios y comerciantes gibraltareños cada vez más enfadados con el retraso de la negociación, pese a las constantes llamadas de España a cerrar ya el tratado, y ante la posibilidad de que se repita el colapso que la Verja vivió a primera hora del pasado viernes 11, cuando las autoridades gibraltareñas comenzaron a exigir el pasaporte a los trabajadores transfronterizos para comprobarlo y sellarlo, como respuesta a la misma medida tomada por la Policía Nacional española horas antes.
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