Gibraltar tacha de "bravuconada" las demandas de Albares sobre las aguas españolas en torno al Peñón

El Gobierno de Gibraltar ha arremetido este lunes contra el de España después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, constatara en una carta enviada a la asociación ecologista Verdemar que los rellenos para el proyecto urbanístico Eastside representan “una violación de la soberanía e integridad territorial de España”. Según el Ejecutivo de Picardo, estas obras se encuentran "sin asomo de duda en las aguas territoriales británicas de Gibraltar, a pesar de las bravuconadas mal informadas de la parte española".

"Las aguas que rodean Gibraltar son indiscutiblemente británicas según el derecho internacional y ninguna postura política de la parte española cambiará eso jamás", ha afirmado el Gobierno gibraltareño en una nota de prensa en la que defiende que "la designación a petición de España de un Lugar de Interés Comunitario de la UE dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar, si bien fue un acto completamente agresivo e inaceptable cuando se produjo, no tiene relación alguna con la soberanía de las aguas".

Gibraltar ha vuelto a sacar su argumentario al respecto: "Esta soberanía se encuentra recogida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que fija un territorio marítimo de tres millas establecido por cada Estado ribereño, con la posibilidad de reclamar hasta doce millas cuando la geografía lo permita. En el caso de Gibraltar, en derecho internacional, esto implica tres millas al este y al sur y la línea mediana en la Bahía, aunque el Reino Unido tiene derecho a reclamar esas doce millas siempre que sea posible", continúa el comunicado, donde se lee que "la Declaración española inscrita en Convemar simplemente recoge la tradicional opinión política de Madrid y no supone efecto jurídico vinculante de ningún tipo".

El Gobierno gibraltareño se apoya en que "un alto asesor jurídico del propio Ministerio de Asuntos Exteriores español, José Antonio de Yturriaga, publicó un documento cuando se jubiló en el que indicaba que la reclamación de Madrid sobre el mar territorial de Gibraltar era débil y carente de fundamento jurídico".

El pulso entre España y Reino Unido por estas aguas no es nuevo. El Gobierno español, basándose en el Tratado de Utrecht de 1713, sólo reconoce la cesión al Reino Unido de la ciudad, el castillo, las defensas y fortalezas y el puerto, quedando fuera las aguas adyacentes al Peñón. Existe incluso una sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 puso en duda que el Tratado de Utrecht supusiera cesión de soberanía y jurisdicción. 

Economía

El Gobierno de Gibraltar considera que el español "debería comprender" el impacto económico que este proyecto tendrá en el Campo de Gibraltar. "Esta promoción generará millones, si no miles de millones de euros en España y en Andalucía en particular, a través de la compra de bienes y materiales, además de crear cientos de empleos durante la construcción del proyecto y tras su finalización. Más de uno debería entender que esto forma parte de la positiva contribución económica que Gibraltar sigue haciendo a la economía española", apostilla.

El Peñón defiende que "siempre seguirá actuando en sus aguas de acuerdo con las normas internacionales más estrictas de protección del medio ambiente, más estrictas que las aplicables en la propia España, y según las normas sobre los efectos transfronterizos de los proyectos de recuperación de tierras, igual que siempre hemos hecho". A continuación lanza lo que parece una crítica contra la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, a la que no nombra. "No ocurre lo mismo en el lado español, donde la falta de consulta sobre la recuperación de tierras en esa parte de la Bahía ha tenido un impacto negativo en la costa tanto de Gibraltar como de La Línea de la Concepción durante los temporales de invierno".

"Además, cabe recordar que, durante nuestro periodo de pertenencia a la Unión Europea, la Comisión de la UE investigó, a instancias de denuncias españolas, el proyecto Eastside en más de una ocasión. En todas las ocasiones, la UE constató que Gibraltar había actuado correctamente en todo y según las normas, en pleno respeto de la ley", continúan la nota, que concluye considerando "muy extraño" que el Gobierno de España "trate de resucitar este asunto en este preciso momento, cuando hace tiempo que estaba enterrado desde la perspectiva de la UE, y cuando hace más de veinte años que está claro que el uso del suelo en dicho emplazamiento era precisamente para un proyecto mixto de esta naturaleza".