El Gobierno de España deberá responder en el Senado sobre los rellenos de Gibraltar
José Ignacio Landaluce (PP) pregunta al Ejecutivo si ha autorizado los terrenos ganados al mar en la cara este del Peñón para un macroproyecto urbanístico
Los populares quieren saber cómo controla el paso de residuos por la Verja "mezclado con elementos contaminantes" y si ha elevado alguna "protesta internacional"
Verdemar afirma que Gibraltar transportará piedras desde Casares para rellenar el mar con una nueva escollera
Gibraltar/El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que responder en el Senado sobre qué medidas ha adoptado para evitar que Gibraltar continúe con los rellenos destinados a cimentar un macroproyecto urbanístico en un espacio marítimo cuya soberanía España siempre ha defendido como propia. Así lo preguntará el senador del Partido Popular José Ignacio Landaluce, quien ha registrado varias preguntas en la Cámara Alta para conocer la postura del Ejecutivo español, que por el momento guarda silencio.
Landaluce preguntará además si el Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares ha elevado alguna "protesta internacional" por estos rellenos y si considera que la expansión territorial en aguas españolas "viola tanto lo establecido en el Tratado de Utrecht como cualquier legislación europea e internacional sobre la materia".
Además, interrogará al Gobierno sobre si ha dado permiso para estas actuaciones en el marco de las negociaciones que mantienen la Comisión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar tras la salida de la Unión Europea.
Este lunes, Gibraltar continúa con los trabajos de rellenos en la zona este del Peñón para su ambicioso Eastside Project en las aguas cuya soberanía reclama España. Según ha podido comprobar este diario, se ha producido cierta actividad en la zona en que se almacenan los residuos que continuan junto a la costa. Allí, varias excavadoras estaban realizando movimientos de tierra sobre el terreno.
De lo que no hay constancia es de la presencia de la barcaza flotante que la Autoridad Portuaria de Gibraltar anunció que permanecería en la zona durante aproximadamente un mes. A modo de aviso para evitar que otras embarcaciones se acerquen, pidió a todos los usuarios marítimos (incluidos los practicantes de remo, kayac, paddle surf y demás) que mantengan una amplia distancia con la embarcación y las obras en curso mientras duren.
Ante esta situación, el senador popular y alcalde de Algeciras, ha presentado en la Cámara Alta una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España, a las que ha tenido acceso Europa Sur, que están en trámite parlamentario y que el Gobierno deberá responder por escrito. "¿Cómo piensa el Gobierno de España defender el cumplimiento de las normativas medioambientales, no sólo nacionales, sino también de la Unión Europea, y proteger en este sentido a los ciudadanos del Campo de Gibraltar?", inquiere Landaluce.
En las preguntas, Landaluce interpela al Gobierno sobre si considera que estos rellenos vulneran lo establecido en el Tratato de Utrecht y otras legislaciones, al situarse en aguas españolas que Gibraltar asume como propias. "No es de recibo que Pedro Sánchez y su Ejecutivo miren para otro lado y den la callada por respuesta ante unos hechos constatados que suponen un grave perjuicio para España y sus intereses", expresó el también presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado el pasado 17 de julio.
La cuestión medioambiental
Uno de los puntos que mayor polémica ha suscitado en el marco de los rellenos, más allá de la propia actividad, es el traslado de los residuos acumulados en la cara este del Peñón a España para ser tratados en una escombrera de Los Barrios -según refleja Landaluce en su pregunta- al poder contener posibles elementos contaminantes. Estos procederían del gran túnel que discurre bajo el suelo la pista del aeropuerto, como hidrocarburos y restos de combustible de aviación, además de metales pesados, según denunciaba Verdemar-Ecologistas en Acción. Posteriormente, pasarían de nuevo a la Roca para formar parte de los trabajos.
El senador Landaluce pregunta si el Gobierno tiene conocimiento de las acumulaciones de escombros, cómo se ejecutará la supervisión del regreso de los materiales a Gibratar y el control de los mismos en el paso de la frontera española, al ser zona Schengen, y si sabe que "este material está mezclado con materiales contaminantes".
Por el momento no hay fecha para la presentación de las preguntas en la Cámara Alta aunque, en caso de no obtener respuesta, los populares planean recurrir a instancias europeas, presentando mociones en Bruselas, según confirman fuentes del partido.
Por su parte, los ecologistas de Verdemar, que alertaron en primer lugar de que Gibraltar pensaba usar piedras procedentes de canteras en la zona de Casares, no tienen pensado por el momento presentar nuevas denuncias. Según explica Antonio Muñoz, presidente de la entidad conservacionista, se tramitaron las denuncias correspondientes ante la Guardia Civil, aunque las investigaciones se encuentran demoradas por la paralización de los trabajos. "Si no hubiesen pasado, iría todo más rápido", expresa a este periódico.
Sobre la posibilidad de recurrir a instancias europeas, Muñoz descarta esta vía por el momento, teniendo en cuenta que Reino Unido y, por ende, Gibraltar, ya no están bajo el paraguas de la Unión Europea. "Ya presentamos varias denuncias en Europa y no nos hicieron caso, imagina ahora que no están", ironiza el presidente de Verdemar.
El proyecto
El Eatside Project persigue construir un complejo residencial con pisos de lujo en rascacielos, instalaciones comerciales, un hotel y un puerto deportivo sobre aguas del Estrecho. Este desarrollo urbanístico, que cuenta con todos los permisos para comenzar a construirse, está previsto en una zona en la que España ha protestado en reiteradas ocasiones por los rellenos realizados por parte del Peñón, unos 45.000 metros cuadrados.
Según explicó Verdemar en su reclamación, el proyecto lo anunció el Gobierno de Gibraltar cuando firmó un contrato de arrendamiento para el traspaso de los terrenos de Eastside al grupo de empresas The TNG Global Foundation (TNG), que en contraprestación pagó al Gobierno 90 millones de libras en efectivo.
En julio de 2014, la Comisión Europea dictaminó, tras las quejas recibidas por parte del Gobierno español, que no le había sido posible identificar una violación de la normativa medioambiental en estos rellenos del Eastside.
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