El Gobierno de Reino Unido fulmina el comité parlamentario que se oponía al acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit

Gibraltar/El Partido Laborista ha hecho valer la mayoría conseguida en la Cámara de los Comunes de Reino Unido en las últimas elecciones generales para disolver el Comité de Control Europeo (European Scrutiny Committee), un instrumento de supervisión del Gobierno desde el Parlamento que se había posicionado con firmeza en contra de los términos de la negociación con la Unión Europea (UE) sobre Gibraltar.

Este Comité llegó a pedir a principios de mayo que se pausaran las negociaciones tras advertir que el futuro acuerdo sobre Gibraltar supondría una “disminución grave de la soberanía del Reino Unido”, después de realizar el 30 de abril sesiones con los ministros en los que estos ofrecieron datos sobre las conversaciones.

Entre las principales preocupaciones expresadas por el Comité estba el trato que se daría a los ciudadanos británicos y gibraltareños si se introdujeran controles Schengen en el aeropuerto de Gibraltar en lugar de en el paso fronterizo con La Línea, una medida que, según el Comité, haría que "la frontera de Gibraltar fuera británica sólo por el nombre". El Comité calificó de "sísmicas" las implicaciones prácticas de que se controle a las personas que entran en la Roca. Dado que la UE va a introducir un nuevo régimen de entrada y salida en noviembre, las personas que regresen a Gibraltar o los británicos que viajen allí por motivos de trabajo podrían verse obligados a someterse a un registro biométrico. El Comité estaba "a mitad de camino de una investigación sobre cómo afectará el nuevo sistema a los puertos del Reino Unido, durante la cual los testigos revelaron que su introducción causaría retrasos significativos". Un resultado así en Gibraltar sería, dijo, "completamente inaceptable".

El Comité de Control Europeo se mostró crítico por la falta de transparencia ante preguntas importantes sobre el impacto de la introducción de controles Schengen. Sigue “sin estar claro si el tiempo que los ciudadanos del Reino Unido pasen en Gibraltar contará para los 90 días de los 180 días permitidos para los ciudadanos no pertenecientes a la UE en el espacio Schengen”, explicó en una carta.

"Dado que el aeropuerto y la península de Gibraltar en general se están convirtiendo en una base militar estratégica del Reino Unido, el Comité expresó su preocupación por los poderes que teóricamente podrían tener los guardias fronterizos de la UE para impedir que personal militar del Reino Unido y de la OTAN entre en el territorio", afirmó el comité que pidió que "se descartara cualquier cambio en el estatus del aeropuerto, por pequeño o inocuo que fuera”.

Otras preocupaciones planteadas fueron las de carácter militar y de seguridad sobre el modelo operativo fronterizo en el aeropuerto y la posible supervisión por parte del Tribunal de Justicia Europeo en cuestiones fronterizas y comerciales.

El Comité pidió al Gobierno (entonces conservador) que estableciera claramente sus líneas rojas de negociación durante la pausa propuesta para que se pudieran recabar las opiniones de todas las partes interesadas.

Justificación

Un portavoz del Gobierno británico justificó la disolución del Comité de Control Europeo, creado en 1973 para supervisar al gobierno en asuntos relacionados con la UE, asegurando que había "superado su propósito original" tras consumarse el Brexit. "Desde que abandonamos la UE, el comité ya no tiene esa función clara", afirmó. Mientras Reino Unido era miembro del club comunitario, el Comité examinó las nuevas leyes y proposiciones de la UE que se incorporaban automáticamente a la legislación británica. "Sin embargo, el número de documentos presentados al Comité para su examen disminuyó después del Brexit. Los planes, leyes y propuestas de la UE que podrían tener un impacto en el Reino Unido ahora quedarán bajo la competencia de los comités departamentales o de otro tipo pertinentes", afirma el Ejecutivo. 

La decisión ha generado una enorme polémica en Reino Unido. Tanto es así que, aunque no oculta que su intención es la búsqueda de una relación más estrecha con los Veintisiete en comercio, seguridad y política exterior, el primer ministro, Keir Starmer, ha tenido que salir al paso para afirmar que su intención no es revertir el Brexit. Esta intención semioculta del Gobierno la señaló la conservadora Suella Braverman, ex ministra del Interior, que calificó la decisión como el “principio del fin” del Brexit. Es, a su juicio, una decisión “antidemocrática, carente de transparencia y un perjuicio para los millones de británicos que votaron para realizar el Brexit en 2016 y 2019”. Sir Bill Cash, quien presidió el comité durante catorce años, dijo a GB News que la decisión era una “violación de la soberanía parlamentaria”.

Tampoco gusta a los europeístas, como ha dejado el llamado Movimiento Europeo, quien recalcó que la eliminación del comité hace un “enorme flaco favor” a los ciudadanos. “Los proeuropeos están firmemente de acuerdo con los partidarios del Brexit en esto: eliminar el Comité de Control Europeo es un enorme perjuicio para nuestro parlamento y nuestro público. Dado que hay nuevos ministros con responsabilidades de cartera en materia europea, ¿quién les pedirá cuentas ante el Parlamento?", dijo Mike Galsworthy, director de campaña del grupo, que continuó: "Piensen en cómo este comité podría haberse centrado en la nueva legislación de la UE y si nos alineamos o nos estamos desviando, o qué nuevas áreas de cooperación están surgiendo que estamos pasando por alto y deberíamos aprovechar. A todo ese debate se le ha quitado su foro natural. Me complace que los partidarios del Brexit y los proeuropeos estén de acuerdo en esto e insten al gobierno a restablecerlo o reemplazarlo por un nuevo foro para esa función renovada y crucial”.