Un inspector jefe de fronteras de la Policía Nacional presenta una denuncia por incumplimiento del Código Schengen por España en las entradas desde Gibraltar

Gibraltar/Aproximadamente entre las 12:00 y las 14:00 del pasado viernes, 22 de noviembre, los agentes de la Policía Nacional destinados en el puesto de control fronterizo con Gibraltar empezaron a requerir por sorpresa el pasaporte a los ciudadanos del Peñón que pretendían entrar en España, rompiendo así el acuerdo no escrito por el que España permite a los llanitos disfrutar de controles laxos en la Verja. Los policías cumplían las instrucciones dadas por su superior inmediato, el inspector jefe al mando de dicho puesto, quien horas antes de ese episodio se había personado en la sede de los juzgados de La Línea de la Concepción para presentar una extensa denuncia con su firma en la que detalla que no pedir el pasaporte a los ciudadanos extracomunitarios es algo claramente contrario al Código de Fronteras Schengen, vigente en el conjunto de la UE.

El paso dado por el responsable policial no tiene precedentes y pone el dedo en la llaga: en la anomalía del statu quo del que disfrutan -antes y después de la activación del Brexit, el 1 de febrero de 2020- Gibraltar y sus ciudadanos, los únicos no pertenecientes a uno de los 27 estados de la UE que pueden entrar en ella sin que les pida el pasaporte y sin que, por tanto, se pueda controlar ni su tiempo de estancia en la UE -en España o en cualquier otro país miembro- ni los motivos de su visita.

De forma recíproca y en el marco de esa política de buena vecindad, para procurar sobre todo una fluidez en el paso, Gibraltar permite a su vez a los ciudadanos de la UE acceder a la Roca sin mostrar sus pasaportes, una medida que beneficia de forma muy especial a los 15.000 trabajadores transfronterizos (10.000 de ellos, españoles) residentes en su mayoría en La Línea que tienen sus empleos en el Peñón.

Fue el mismo viernes cuando una contraorden verbal emitida desde la Jefatura de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Cádiz, tras dos horas de tenso debate entre varios mandos del cuerpo, retrotrajo la situación a su estado original para que los llanitos pudieran pasar de nuevo por la Verja mostrando únicamente a los agentes su identity card de color rojo, aunque todas las partes implicadas son conscientes de una forma u otra que la denuncia abre una nueva fase en relación a la Verja.

Escritos sin respuesta

La denuncia del inspector jefe pone el acento en dos aspectos: el riesgo que supone para la seguridad de los 27 la puesta en práctica de esos controles laxos y la presunta comisión de un delito de prevaricación que supone ponerla en práctica por parte de los policías nacionales destinados en la Verja. Así lo reflejó ya en cuatro escritos dirigidos a sus superiores de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras -fechados el 13, 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre pasados- que permanecen sin respuesta.

En todos ellos, les reclamaba la “legislación que justifique el proceder con los gibraltareños y, caso de no encontrarse, se den instrucciones firmadas y por escrito en las que se exponga el celo y la ponderación con los que ha de aplicarse el Código de Fronteras Schengen a los referidos ciudadanos de terceros estados”.

Responsabilidades penales

El fondo del debate se sitúa en las responsabilidades, incluidas las de carácter penal, que los policías responsables del control de los pasaportes en la Verja pueden afrontar por no llevar a cabo sus funciones de acuerdo a lo estipulado en dos artículos del Código de Fronteras Schengen: el 6, sobre las condiciones de entrada para los nacionales de terceros países, y el 11, relativo al sellado de los documentos de viaje.

Por el momento, las instrucciones recibidas por los agentes destinados en la Verja para que hagan una excepción en la aplicación del citado código y faciliten un paso fluido han sido solo verbales, ninguna por escrito, como se deduce de la insistencia al respecto que pone en sus misivas el jefe del puesto fronterizo linense.

“En lo referente a estos artículos (el 6 y el 11 del Código de Fronteras) en este Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción se vienen realizando prácticas contrarias a la normativa", advierte el mando policial

“En lo referente a estos artículos (el 6 y el 11 del Código de Fronteras) en este Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción se vienen realizando prácticas contrarias a la normativa, como es no solicitar los requisitos de entrada a aquellos ciudadanos británicos originarios de Gibraltar, ciudadanos a todos los efectos de terceros estados y que habrían de cumplir todos los requisitos expuestos en el artículo 6 para autorizárseles la entrada”, exponía el responsable policial en su primer escrito.

En esa misma línea, añadía: “Además de no solicitárseles los requisitos de entrada [tener un pasaporte, justificar el propósito y las condiciones de la estancia, disponer de medios económicos y no haber estado en el espacio Schengen durante más de 90 días en cualquier período de 180 días], lo que complicaría a muchos llanitos disfrutar de sus segundas residencias en España, no se realiza el sellado sistemático de los mismos pese a tratarse de nacionales de terceros países que no necesitan visado”.

El escrito del inspector jefe aseguraba que el no sellado de los pasaportes es justificado, según “manifestaciones verbales de la superioridad e informaciones de los medios de comunicación, en la existencia de acuerdos entre el Reino de España y el Reino Unido, protocolos de actuación o normativas, que supuestamente lo ampararían”, aunque a continuación insistía en la inexistencia de respaldo legal alguno.

“Pese a haber puesto de manifiesto que no se encontraba amparo legal al proceder de este Puesto Fronterizo y que era contrario a la opinión del que suscribe continuar con dicha práctica si no se le daba amparo legal, habiéndose reiterado en múltiples ocasiones que se indique la normativa legal que ampare el persistente incumplimiento de los los artículos 6 y 8 del Código de Fronteras Schengen con los originarios de Gibraltar, no se me ha facilitado normativa alguna ni dado instrucciones al respecto ni ha sido posible localizar amparo normativo en ninguna publicación legal”, aseveraba.

Siguientes pasos

El decanato de los jueces de La Línea deberá asignar ahora la denuncia a uno de los juzgados con que cuenta la localidad campogibraltareña, cuyo titular deberá decidir si la admite a trámite e inicia la fase de instrucción en función de si aprecia la existencia de indicios de prevaricación.

Si bien la denuncia del inspector jefe es un relato ampliado de lo descrito anteriormente, con aportación de una abundante documentación, y no va dirigida personalmente contra ningún responsable policial o del Ministerio del Interior, sí desliza que las prácticas llevadas a cabo en la Verja vendrían a constituir un delito de prevaricación: tomar una decisión desde el ámbito público a sabiendas de que es contraria a la norma.