Interior aparta de su puesto al jefe policial de la Verja con Gibraltar con tres sanciones que suman cinco meses y medio sin empleo ni sueldo
El expediente justifica la medida en que el mando, enfrentado a sus superiores por el control y sellado de pasaportes a los gibraltareños, habría adoptado decisiones sin autorización ni conocimiento de aquellos
El inspector jefe del Puesto Fronterizo de Gibraltar mantiene el pulso a Interior tras intentar destituirle

Algeciras/La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, ha apartado de sus funciones por tres faltas graves, con sendas sanciones que suman un total de cinco meses y medio sin empleo ni sueldo, al inspector jefe responsable del Puesto de Control Fronterizo (PCF) entre La Línea de la Concepción y Gibraltar.
Enfrentado a sus superiores por su negativa a dejar de aplicar el Código de Fronteras Schengen a los ciudadanos de la colonia -lo que implica el control y sellado de sus pasaportes-, el expediente disciplinario y sanción a D.B. se justifica en tres decisiones: desobeder las instrucciones recibidas a la hora de aplicar el protocolo de entrada y salida de la colonia británica a los pasajeros de vuelos desviados a otros aeropuertos, no comunicar a sus superiores que había denegado la entrada en España de dos militares británicos e instalar sin permiso una antena de radiofrecuencia junto al PCF para controlar las embarcaciones situadas en las cercanías.
La sanción impuesta por Interior al inspector jefe, comunicada en la mañana de este miércoles, es la máxima que se le podía imponer en este caso, según indican fuentes de su entorno, que admiten que D.B. tiene abiertos otros expedientes disciplinarios por razones diversas desde que, desde septiembre de 2024, comenzase a solicitar de forma reiterada "instrucciones por escrito" sobre la normativa a aplicar en el PCF ante la existencia de órdenes verbales contrarias a Schengen. La sanción al inspector jefe es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia, de Madrid o Andalucía, por la vía de lo contencioso-administrativo, pero su aplicación es de carácter inmediato.
La no aplicación de la norma europea impide controlar el tiempo de estancia de los llanitos en España y los motivos de su visita, lo que supone un evidente trato de favor respecto al resto de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE. Estos controles laxos se dan desde la activación del Brexit, el 1 de febrero de 2020; en reciprocidad, las autoridades de la colonia facilitan la entrada en el Peñón a diario de miles de trabajadores transfronterizos, a los que tampoco les sella sus pasaportes.
El tenso pulso entre el responsable policial del PCF de la Verja y sus superiores derivó en la presentación por parte del primero de una denuncia por presunta prevaricación ante los juzgados de La Línea. “No se me ha facilitado normativa alguna ni dado instrucciones al respecto ni ha sido posible localizar amparo normativo”, aseveraba el inspector jefe en dicha denuncia, registrada el 22 de noviembre de 2024 y ampliada desde entonces en varias ocasiones por él mismo, con nuevos hechos que vendrían a corroborar su relato.
La denuncia del inspector jefe pone el acento en el riesgo que supone para la seguridad de los 27 la puesta en práctica de esos controles laxos y la presunta comisión de un delito de prevaricación que supone ponerla en práctica por parte de los policías nacionales destinados en la Verja. Así lo reflejó ya en cuatro escritos dirigidos a sus superiores de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras -fechados el 13, 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre pasados- que permanecen sin respuesta.
En todos ellos reclamaba la “legislación que justifique el proceder con los gibraltareños y, caso de no encontrarse, se den instrucciones firmadas y por escrito en las que se exponga el celo y la ponderación con los que ha de aplicarse el Código de Fronteras Schengen a los referidos ciudadanos de terceros estados”.
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