La jueza de La Línea cita como testigo al jefe de la Unidad Central de Fronteras por el control de pasaportes a los gibraltareños

La instructora pide también a la Policía Nacional un informe sobre el cumplimiento del Código Schengen en la Verja y sobre la existencia de "órdenes e instrucciones expresas" contrarias a su aplicación

El aeropuerto de Málaga, una irregular puerta de acceso a Schengen para los pasajeros con destino a Gibraltar

Varias personas salen de Gibraltar con destino a España por el paso fronterizo.
Varias personas caminan junto a la pista del aeropuerto de Gibraltar. / Carrasco Ragel / Efe

La Línea/La jueza decana de La Línea de la Concepción, Alba Serrano, ha dado dos nuevos y decisivos pasos adelante en el proceso de diligencias previas abiertas sobre el supuesto incumplimiento del Código de Fronteras Schengen en el puesto fronterizo de Gibraltar. El primer paso de Serrano ha sido citar a declarar, para primeros de febrero y en calidad de testigo, al jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Policía Nacional para que informe sobre el sistema de control de pasaportes que se realiza en la Verja a los ciudadanos del Peñón; el segundo paso de la juez ha consistido en solicitar a los responsables provinciales del cuerpo en Cádiz un informe sobre la aplicación de dicho código y sobre la posible existencia de “órdenes e instrucciones expresas” por las que los gibraltareños y los viajeros de los llamados “vuelos derivados” se benefician de controles policiales suavizados.

La decisión de la jueza se expresa a través de un auto, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Sur, a raíz de la admisión a trámite de la denuncia presentada el pasado 22 de noviembre por el inspector jefe de la Policía Nacional responsable del puesto fronterizo. Este último expuso que tanto él mismo como algunos de sus subordinados han sido presionados para no que requieran ni sellen el pasaporte a los gibraltareños, algo que contraviene el Código Schengen, vigente en el conjunto de fronteras exteriores de la UE. Otro tanto ocurre, sostiene este mando policial, con los pasajeros de los “vuelos derivados” que, teniendo previsto su despegue desde Gibraltar, lo hacen desde Málaga por causas teóricamente climatológicas.

Con su denuncia, el inspector jefe puso el dedo en la llaga: en la anomalía del statu quo del que disfrutan -antes y después de la activación del Brexit, el 1 de febrero de 2020- Gibraltar y sus ciudadanos, los únicos no pertenecientes a la UE que pueden entrar en los países miembros sin que les pida el pasaporte. Es decir, sin que se pueda controlar ni su tiempo de estancia en la UE ni los motivos de su visita.

La denuncia del inspector jefe subrayaba dos aspectos: el riesgo que representan para la seguridad de los 27 esos controles laxos y la presunta comisión de un delito de prevaricación que supone ponerla en práctica por parte de los policías nacionales destinados en la Verja. Así lo había reflejado ya en cuatro escritos, previos a la denuncia, dirigidos a sus superiores de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, fechados el 13, 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre de 2024. Ninguno de ellos recibió respuesta.

En todos esos escritos, el inspector jefe reclamaba la “legislación que justifique el proceder con los gibraltareños y, caso de no encontrarse, se den instrucciones firmadas y por escrito en las que se exponga el celo y la ponderación con los que ha de aplicarse el Código de Fronteras Schengen a los referidos ciudadanos de terceros estados”.

Declaración clave

La jueza llama a declarar ahora al jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Policía Nacional -por tanto, el máximo responsable del cuerpo a en España en ese ámbito- para que exponga de primera mano la situación que se da en la Verja y si existen condiciones de entrada en España diferentes para los llanitos y los citados pasajeros.

En el mismo sentido va dirigida la petición del informe al jefe provincial de Operaciones de la Comisaría de la Policía Nacional en Cádiz, “a fin de que informe respecto del cumplimiento en el cruce de personas por las fronteras de lo dispuesto en el Código de Fronteras Schengen, en concreto, en sus artículos 6 y 11, respecto al cruce de personas por las Fronteras de la Unión Europea y de aplicación en el Puesto Fronterizo de la Línea de la Concepción”, según reza el auto judicial.

Serrano reclama igualmente que en ese informe se detalle si “han existido órdenes e instrucciones expresas respecto del sellado de los pasaportes de ciudadanos de terceros Estados de origen gibraltareño y respecto del control del pasaje de los vuelos desviados de Gibraltar a otros aeropuertos del territorio nacional”.

La denuncia del inspector jefe aludía expresamente a esos hechos en su denuncia: “En lo referente a estos artículos (el 6 y el 11 del Código de Fronteras) en este Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción se vienen realizando prácticas contrarias a la normativa, como es no solicitar los requisitos de entrada a aquellos ciudadanos británicos originarios de Gibraltar, ciudadanos a todos los efectos de terceros estados y que habrían de cumplir todos los requisitos expuestos en el artículo 6 para autorizárseles la entrada”.

En esa misma línea, añadía: “Además de no solicitárseles los requisitos de entrada [tener un pasaporte, justificar el propósito y las condiciones de la estancia, disponer de medios económicos y no haber estado en el espacio Schengen durante más de 90 días en cualquier período de 180 días], lo que complicaría a muchos llanitos disfrutar de sus segundas residencias en España, no se realiza el sellado sistemático de los mismos pese a tratarse de nacionales de terceros países que no necesitan visado”.

Será a partir del testimonio del jefe de la Unidad Central de Fronteras y del análisis del informe del jefe provincial de Operaciones de la Comisaría de la Policía Nacional en Cádiz cuando la jueza decidirá si los hechos apuntados en la denuncia son o no indiciarios de delito. En caso afirmativo, abriría formalmente diligencias y solicitaría la práctica de nuevas pruebas, dando concurso a la Fiscalía de Algeciras y a la acusación particular ejercida por el inspector jefe.

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