Juicio en Gibraltar por una estafa de 95 millones de euros en una empresa de criptomonedas
El Supremo de Gibraltar congela 540 millones de tokens por una supuesta estafa que afecta a 19.000 compradores
La compañía Ready Makers acusa a una ex alta directiva de apropiarse de forma ilegal del control de una filial gibraltareña y de sus activos digitales, valorados en 95 millones de euros
La denunciada defiende que es la legítima propietaria de las acciones, que transfirió a una empresa creada por ella en Malta
Gibraltar y España, entre las jurisdicciones que compartirán información sobre criptomonedas

Gibraltar/El juez de Primera Instancia de la Corte Suprema de Gibraltar, John Restano, ha congelado 540 millones de tokens (criptomonedas emitidas por una entidad privada en blockchain) de una empresa radicada en el Peñón. La media la toma dentro del proceso judicial que se lleva a cabo contra una alta directiva que está acusada de apropiarse de forma ilegal del control de la compañía y sus activos digitales, valorados en 95 millones de euros. Hay 19.000 poseedores de estos tokens potencialmente afectados.
Ready Makers Inc. es una compañía creada en 2016 por David Bennahum que ofrece una plataforma para la creación de juegos personalizados. Como parte de este negocio, lanzó un token llamado $PLAY y creado a través de una empresa con sede en Gibraltar denominada Ready Maker (Gibraltar) Limited. El 10 de diciembre de 2024, esta firma lanzó una OIC (oferta inicial de criptomonedas en busca de pequeños mecenas) con un límite de 1.000 millones de tokens.
Christina Macedo ocupaba entonces un puesto directivo en Ready Maker Inc, que afirma puso a su nombre sus acciones por "razones comerciales, regulatorias y fiscales", no porque realmente fuera su propietaria. La compañía dice que Macedo poseía esas acciones como fiduciaria, aunque no existe un documento de fideicomiso que lo acredite. Ahora, Ready Maker Inc. la acusa de haber traicionado su confianza, haber usurpado el control de Ready Maker (Gibraltar) Limited y estar gestionando indebidamente las acciones de dicha empresa como si fueran suyas, con un valor superior a 100 millones de dólares.
Christina Macedo, en cambio, no acepta la reclamación de Ready Maker Inc. sobre la propiedad de las acciones de Ready Maker (Gibraltar) Limited, que tranfirió a Diecixi Co Limited, una empresa con sede en Malta que ella misma ha constituido.
"Aunque el contexto de las criptomonedas es moderno, la cuestión central del juicio sigue siendo un tema habitual en Derecho Mercantil", explica la Corte en un auto.
El 4 de febrero de 2025, el Supremo emitió una orden de preservación y congelación de 439 millones de tokens $PLAY y designaba a Damex como custodio de los mismos hasta una audiencia que se celebrará los próximos días 3 y 4 de abril para determinar quién tiene el control sobre estos activos.
Sin embargo, los demandados (Christina Macedo, Ready Maker (Gibraltar) y Diecixi Co Limited) defendían que la congelación de estos tokens sólo debe aplicarse a los que no han sido asignados a propietarios. Es decir, hay acuerdos comerciales para asignar o comprometer más de 68 millones de tokens a los que, a su juicio, no debería afectar la orden de la Corte. Aunque los demandantes (Ready Makers Inc., David Bennahum y otras personas y sociedades) objetaron que no se aportaron evidencias detalladas de estos acuerdos, el tribunal aceptó excluirlos de la orden.
Además, los demandados afirman que Ready Maker (Gibraltar) Limited necesita tener acceso a aproximadamente 28 millones de tokens para poder operar hasta que se celebre el juicio en abril. El tribunal consideró insuficientes las pruebas de esta petición y permitió el uso de tan sólo 15 millones de tokens, eso sí, contemplando una posible revisión posterior. En definitiva, Damex debe recibir otros 100 millones de tokens más por orden del juez, lo que aumenta el total de activos congelados a más de 540 millones.
Medida inédita
Esta medida tomada por el Supremo gibraltareño explora cómo se pueden aplicar las órdenes de congelamiento a los activos blockchain, algo que no ha sido probado legalmente en muchas jurisdicciones. Gibraltar desarrolló una legislación especial conocida como Sistema de Regulación DLT (Proveedores Registros Digitales Compartidos) que entró en vigor el 1 de enero de 2018 y se aplica a estas empresas, es decir, que no está sujeta a ninguna regulación u otro marco legal, que utiliza la tecnología de registro distribuido (DLT) para transferir o almacenar objetos de valor pertenecientes a otras personas. Entre las actividades que requieren licencias DLT se encuentran los criptointercambios y los proveedores de servicios de monederos y almacenamiento de activos de criptomonedas, entre otros. Los distribuidores, incluidos los intercambios de criptodivisas y los depositarios, deben estar autorizados y contar con una licencia de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC, por sus siglas en inglés) como proveedores de DLT.
En abril de 2022, el Gobierno de Gibraltar introdujo una nueva legislación para combatir la manipulación y el uso de la información privilegiada en el mercado de las criptomonedas. La normativa modificada añadía un décimo Principio Regulador al Reglamento de Servicios Financieros de Gibraltar que exige que todos los proveedores de DLT que operen en Gibraltar se comporten de manera que mantenga o mejore la integridad de los mercados en los que participan.
El fallo podría sentar un precedente para futuras disputas que involucren activos digitales y demuestra la voluntad de los tribunales de la Roca de intervenir en la gestión de los activos criptográficos. Gibraltar ocupa el tercer lugar en cuanto a gestores de fondos de cobertura de criptodivisas (después de EE.UU. y el Reino Unido, y Hong Kong en cuarto lugar). Gibraltar es también la cuarta sede más popular para los fondos de cobertura de criptomonedas.
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