Gibraltar anula la orden de detención contra el pescador Jonathan Sánchez y fija una nueva fecha para el juicio

El tribunal de Primera Instancia de Gibraltar ha anulado la orden de detención que fue dictada el pasado 1 de diciembre por la Corte de Magistrados contra el pescador linense Jonathan Sánchez por no comparecer aquella jornada al juicio por la supuesta vulneración de las leyes de la colonia respecto a la pesca.

Además, la Justicia gibraltareña ha fijado el próximo 8 de enero de 2024 como una nueva fecha para el procedimiento, según ha informado la GBC (Gibraltar Broadcasting Corporation).

La orden de detención, emitida por la incomparecencia de Sánchez ante la justicia gibraltareña aquella jornada, se mantenía en suspenso por orden de la Fiscalía de Gibraltar por la existencia de una serie de dudas en torno al procedimiento.

La GBC sostiene que el fiscal Christian Rocca ha subrayado la importancia de seguir escrupulosamente el procedimiento para evitar fallos de forma y que la Royal Gibraltar Police ha presentado nuevos cargos contra el pescador para que sean analizados el próximo mes ante los tribunales. Asimismo, la GBC sostiene que el magistrado de Subvenciones, Karl Tonna, ha especificado que deben aclararse los procedimientos para las notificaciones judiciales fuera de Gibraltar.

La notificación para la anterior vista fue entregada en aguas españolas por agentes policiales gibraltareños.

La justicia gibraltareña quiere procesar al pescador linense por supuestamente pescar con redes en aguas que el Peñón reclama como británicas y España defiende que están bajo su soberanía. El patrón del barco Mi Daniela se enfrenta a cargos por vulnerar las leyes de conservación y navegación de Gibraltar, ya que según su legislación la pesca con redes y rastrillos está prohibida.

Sin embargo, el Gobierno de España entiende que el pescador no tiene que rendir cuentas ante la justicia gibraltareña por faenar en un caladero cercano a Punta Europa puesto que se trata de aguas bajo soberanía española y sometidas "solo a las leyes españolas". Así se lo notificaron por escrito el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Secretaría General de Pesca tras las consultas realizadas por la Organización Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil-La Línea (OPP 72) en vísperas de la primera fecha del juicio, al que finalmente Sánchez no compareció.

En la notificación, Exteriores y Pesca le comunicaron que la citación para un juicio es un "requerimiento que no tiene validez", según explicó el propio pescador, puesto que la supuesta infracción denunciada no contraviene la normativa española, que es la que confirma que debe aplicarse en ese espacio marítimo.

Aunque Exteriores afirmaba que no le correspondía dar a Jonathan Sánchez "instrucciones" sobre si debía acudir o no al juicio, sí que aseguró que no encontraba "motivos" para que un ciudadano español tenga que someterse a un sistema judicial extranjero por una actividad realizada en España.

Hostigamiento

Jonathan Sánchez sufre el acoso de las embarcaciones gibraltareñas desde hace meses cuando va a pescar en la zona de Punta Europa. Le dicen que está en aguas territoriales británicas de Gibraltar que tiene que cumplir su ley. Él les contesta que está en aguas españolas y que la de España es la única ley que va a cumplir cuando esté allí haciendo su trabajo.

Todo comenzó después de que pescadores recreativos gibraltareños le buscaran las cosquillas por una red perdida. Un barco lo denunció por embestirlo. Es imposible, sostiene, que una embarcación de pesca pueda embestir a una recreativa, más veloz y con más maniobrabilidad. El acoso se intensificó y él lo documentó con vídeos Tik Tok que fueron dando a conocer su problema. Un día llegaron dos policías para identificarlo. Él se negó y amenazaron con detenerlo. Llegaron barcos de Aduanas y de Medio Ambiente y él les entregó la documentación del barco, donde está su DNI y otros datos.

El 21 de agosto, el hostigamiento alcanzó un nivel inédito hasta ahora. El Mi Daniela fue abordado en aguas junto a la cara este de la Roca y contra el consentimiento de su patrón por dos embarcaciones de las autoridades de la colonia británica, una patrullera de Aduanas y otra de la Royal Gibraltar Police. Ocurrió a algo menos de una milla náutica de la costa de Levante de Gibraltar. Las dos embarcaciones de la colonia rodearon a su pesquero y le obligaron a identificarse enseñando su DNI español. Los agentes le explicaron que constaban tres denuncias contra él y que, en caso de negarse a colaborar, sería detenido y su barco inmovilizado.

El día 22 de agosto volvió a sufrir otro episodio de hostigamiento por la Royal Gibraltar Police cuando acudió a la zona a recoger las redes que había arrojado un día antes al mar. El pescador fue escoltado por una patrullera de la Guardia Civil. Sin embargo, tras terminar el trabajo, cuando volvía, fue de nuevo acosado. El viernes 27 de octubre, de madrugada y en plena mar, se encontraba faenando cuando apareció la Royal Gibraltar Police para entregarle una copia de una citación para que comparezca ante la Corte de Magistrados el próximo 1 de diciembre. El original debía haberle llegado por correo ordinario a su domicilio, pero esto no ha ocurrido.

Al principio tenía nueve denuncias, luego se redujeron a cinco de tres días diferentes. La de la supuesta embestida, por ejemplo, ha desaparecido. Lo acusan de pescar "animales salvajes" -dos centollas- y de utilizar redes ilegales, así como de "comportamiento agresivo" con un agente. En Gibraltar no existe una ley para regular la pesca comercial porque esta no existe, de modo que le aplican la de la pesca recreativa. "Pesco en aguas que el Gobierno de mi país dice que son españolas, y empleo redes y artes que son legales en España y en la Unión Europea", dijo en la entrevista con Europa Sur.