Salen a la luz los planes secretos del Reino Unido para tomar represalias contra España tras el cierre de la Verja de Gibraltar

Gibraltar/Los documentos recientemente desclasificados del Gobierno del Reino Unido revelan las conversaciones secretas que se llevaron al más alto nivel por parte del Foreign Office, la Oficina Nacional de Comercio y el Tesoro para tomar represalias contra España tras el cierre de la Verja de Gibraltar en 1969 por parte de Franco.

Los documentos, que han sido revisados por la GBC, la televisión pública gibraltareña, exponen el debate interno que llevó a cabo el Ejecutivo de Reino Unido sobre cómo llevar a cabo estas represalias, equilibrando los riesgos económicos, diplomáticos y estratégicos.

En junio de 1969, el régimen franquista cerró la Verja, cortando la comunicación terrestre entre el Peñón y La Línea de la Concepción. Gibraltar se quedó sin su mano de obra española y los gibraltareños quedaron aislados de los servicios españoles, incluido el suministro de alimentos y recursos.

El gobierno británico consideró la maniobra de Franco como una provocación y planeó medidas de represalia, pero se enfrentó a un dilema, ya que debían ser eficaces sin perjudicar los intereses nacionales británicos. Los documentos desclasificados mostraron cómo los funcionarios intentaban planificar estas contrapartidas entre bastidores.

El periodista de la GBC Jonathan Sacramento, que ha buceado en los documentos, señala que los funcionarios en Londres, dirigidos por el Foreign Office y la Junta de Comercio, discutieron varias opciones. Una de las medidas más serias que se consideraron fue disuadir a los turistas británicos de visitar España. En 1968, España era el destino de vacaciones más popular para los ciudadanos del Reino Unido, atrayendo a más de un millón de visitantes británicos al año. El Gobierno británico contempló medidas como instar públicamente a los turistas británicos a pasar sus vacaciones en otro lugar, argumentando que ir a España era antipatriótico por la forma en la que estaba tratando a Gibraltar.

Las propuestas también incluían dificultar la entrada en España a los titulares de pasaportes británicos y presionar económicamente a los operadores turísticos mediante la introducción de nuevos impuestos. También se habló de suspender los acuerdos de tráfico aéreo, bloquear los vuelos de Iberia a Londres o limitar su acceso al espacio aéreo británico. Incluso se sugirió establecer restricciones comerciales que limitasen las importaciones procedentes de España, como el vino y los cítricos.

También se sopesó retirar la asistencia consular a los ciudadanos británicos en España para crear presión diplomática. Esto significaba que si los turistas británicos se enfrentaban a problemas legales en España, no recibirían apoyo consular del Reino Unido. El objetivo era crear incertidumbre y miedo, desalentando las visitas a España.

Algunos funcionarios se opusieron, ya que podría verse como un abandono de los ciudadanos británicos en el extranjero, dañando la reputación internacional de Reino Unido. Los funcionarios del Foreign Office estaban divididos entre los que abogaban por una respuesta contundente y los que temían una escalada.

Algunos creían que Reino Unido necesitaba hacer una declaración para proteger Gibraltar, mientras que otros argumentaban que España podía sobrellevar las sanciones británicas. Los economistas de la Junta de Comercio se oponían rotundamente a medidas que pudieran dañar la propia economía británica. Su principal preocupación era que las sanciones de represalia fueran contraproducentes y perjudicaran a las empresas británicas, sobre todo en los ámbitos del turismo y el comercio.

La principal preocupación de los funcionarios del Tesoro era que las restricciones financieras o de viaje creasen inestabilidad económica y pudieran tensar las relaciones con otros socios europeos. Los responsables finales eran los ministros del gabinete, incluida la oficina del primer ministro, que tenían que sopesar la percepción pública y la eficacia de cualquier represalia.

Al final, Reino Unido abandonó la idea porque al Ejecutivo le preocupaba que las represalias fueran ineficaces y le causasen más perjuicios que beneficios. En su lugar, se centró en la ayuda y la defensa de la causa de Gibraltar en los foros internacionales. Para Gibraltar, esto significaba que, aunque el Reino Unido condenaba públicamente las acciones de España, evitaba tomar represalias directas.