Dos policías de Gibraltar deberán pagar la mitad de las costas por la muerte de dos ceutíes en el mar

El Tribunal Supremo de Gibraltar ha condenado a dos agentes de policía gibraltareños implicados en una colisión en el mar en 2020 en la que murieron dos ceutíes residentes en La Línea a que paguen la mitad de las costas legales incurridas por la viuda de uno de los fallecidos y la Policía Real de Gibraltar.

Los dos españoles, Mohamed Abdeslam Ahmed, de 40 años, y Mustafa Dris Mohamed, de 49, sufrieron múltiples heridas cuando su embarcación inflable de casco rígido se vio involucrada en una colisión con embarcación de la Policía Real de Gibraltar Sir John Chapple en aguas españolas.

Dos supervivientes de la neumática, que era del tipo que utilizan los contrabandistas pero que en ese momento no transportaba drogas ni tabaco, dijeron en la investigación que habían sido embestidos por el barco de la RGP durante una persecución nocturna a gran velocidad y muy cerca.

Aunque los dos policías no se enfrentaron a cargos criminales, el caso sí que fue sometido a una investigación judicial. Como resultado de esta se emitió un veredicto que los culpó de homicidio doloso (unlawful killing). Esto significa que los oficiales a bordo del buque "incumplieron un deber de cuidado" con la tripulación de la neumática (RHIB) y que las muertes fueron una consecuencia razonablemente previsible de las acciones del barco policial. Según publica Gibraltar Chronicle, los agentes habían solicitado una revisión judicial en un intento por anular ese decisión de un jurado que no fructificó.

Esto abrió la cuestión de si los agentes, miembros de la tripulación del barco policial, deberían pagar las costas judiciales de la viuda de uno de los dos hombres fallecidos y de la Royal Gibraltar Police (RGP). Tanto la mujer como el cuerpo de policía aparecieron como partes interesadas en la demanda y se resistieron al intento de los agentes de anular el veredicto de la investigación. Este proceso se desarrolló para establecer qué sucedió en la colisión que provocó la muerte de los dos hombres durante una persecución en el mar. No se trataba de atribuir responsabilidad civil o penal a ninguna persona u organización.

Los abogados de los dos agentes habían argumentado que era "...muy inusual que una fuerza policial decidiera participar en procedimientos de revisión judicial iniciados por sus propios agentes de policía en servicio contra el veredicto de homicidio doloso de un forense". “La expectativa obvia es que una fuerza policial apoye a sus propios oficiales y, por lo tanto, cualquier interés de un oficial de policía tendría que estar alineado con el de sus jefes y que a la RGP le convendría que se retirara el veredicto de homicidio doloso contra miembros de su propia fuerza”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Anthony Dudley, en una sentencia sobre la cuestión de las costas.

El juez afirma que la RGP había adoptado una postura “contraria” a la demanda y que estaba “claramente dirigida a confirmar el veredicto del jurado”. "Dados los deberes más amplios que la RGP tiene para con el público, no podía haber expectativas razonables por parte de los ex oficiales de que la RGP apoyaría su posición simplemente por el hecho de que eran ex oficiales", dijo el presidente del Tribunal Supremo. “Y, a mi juicio, ya que la muerte de dos personas se produjo tras una persecución a alta velocidad en el mar emprendida por agentes de policía, el interés legítimo de la RGP en participar en la investigación era evidente y sustancial”.

El juez Dudley dijo que, aunque la RGP y la viuda tenían diferentes intereses para oponerse a la revisión judicial, sus argumentos sobre cuestiones de derecho eran “relativamente similares”, lo que significa que no sería apropiado ordenar dos costas diferentes. Pero la RGP y la viuda tenían “en principio” derecho a recuperar el 50% de sus costas a partir de la audiencia de instrucciones del 28 de febrero de 2022, antes de la audiencia de fondo principal correspondiente a la revisión judicial.

Las sumas exactas a pagar todavía no se han determinado, aunque el presidente del Tribunal Supremo señaló que la mujer había llegado a un acuerdo con sus abogados para pagar honorarios legales por valor de 35.000 libras esterlinas, de los cuales unos 15.000 euros habían sido pagados a cuenta.

Los dos agentes han contado con el respaldo a lo largo de todos los procesos judiciales derivados de la colisión de la Federación de Policía de Gibraltar, que se hará cargo de la orden en costas. En su infructuoso reclamo de revisión judicial, los dos oficiales habían cuestionado las instrucciones legales dadas al jurado por el entonces forense, Charles Pitto.

En el momento de la investigación, Pitto dijo a los miembros del jurado que para llegar a un veredicto de homicidio doloso, tenían que estar convencidos de que las acciones del timonel del barco policial, el Oficial 1, contribuyeron significativamente a las muertes de los dos hombres y fueron extremadamente negligentes, equivalentes a un delito de homicidio involuntario. Pero el reclamo de revisión judicial argumentó que las instrucciones del forense “diluyeron el umbral” que debería haberse aplicado para que el jurado llegara a ese veredicto. Entre otros elementos, la demanda argumentó que pueden haber situaciones que impliquen exposición al riesgo de sufrir daños sin que se infrinja el deber de diligencia de la policía en el curso de una persecución.

En una sentencia dictada en abril pasado, el presidente del Tribunal Supremo determinó que había habido omisiones "importantes" en las instrucciones del forense a los jurados y que los miembros "no estaban tan centrados" como podrían haber estado. El juez Dudley dijo que se debería haber dicho claramente a los miembros del jurado que, para llegar a un veredicto de homicidio doloso, el riesgo de muerte tenía que ser "serio y obvio" y razonablemente previsible.