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Gibraltar tensiona las relaciones con España al reactivar la orden de detención al pescador de La Línea

Aguas en litigio

Jonathan Sánchez, patrón del barco 'Mi Daniela', rehúsa presentarse al juicio fijado para este lunes en la colonia

La Fiscalía de la colonia presenta nuevos cargos contra el marinero para ser juzgados el 19 de febrero

El pescador Jonathan Sánchez no se presentará ante la justicia de Gibraltar este lunes 8 de enero

Jonathan Sánchez estalla contra el acoso de Gibraltar a la pesca de La Línea

Jonathan Sánchez con el peñón de Gibraltar al fondo. / Erasmo Fenoy
A. Rodríguez

08 de enero 2024 - 19:37

Gibraltar tensiona de nuevo las relaciones con España después de que este lunes el Tribunal de Primera Instancia haya emitido una nueva orden de detención contra Jonathan Sánchez, el pescador de La Línea al que los tribunales de la colonia pretenden juzgar por una supuesta vulneración de sus leyes de pesca. Además, la Fiscalía del Peñón ha presentado nuevos cargos contra Sánchez, con la previsión de que sea juzgado el próximo 19 de febrero.

El patrón del barco Mi Daniela se enfrenta en Gibraltar a cargos por faenar en las aguas que rodean el Peñón y que la colonia se atribuye como propias en contra de la postura de España, que considera dichas aguas de su jurisdicción basándose en el Tratado de Utrecht de 1713.

Jonathan Sánchez ya había avanzado que no iba a acudir al juicio, como también hizo en la primera convocatoria de este procedimiento, el pasado 1 de diciembre, alegando entre otros motivos no haber recibido una citación en su domicilio de La Línea. Al igual que ahora, la Corte de Magistrados emitió una orden de detención, si bien esta quedó en suspenso horas después por decisión de la Fiscalía de Gibraltar ante la existencia de dudas en torno al procedimiento. La orden fue anulada el pasado 15 de diciembre, cuando se fijó esta segunda fecha.

Esta nueva orden de detención ha sido emitida por el magistrado Karl Tonna, junto con una fianza de 150 libras, al considerar que Sánchez fue citado para esta vista cuando se le entregó una notificación en mano de madrugada y en plena mar (en aguas españolas), según ha publicado Gibraltar Chronicle.

El diario gibraltareño abunda que Sánchez sería arrestado si entra en Gibraltar o si accede a las que Gibraltar considera sus aguas territoriales, si bien quedaría liberado en caso de depositar la fianza para comparecer al día siguiente en el procedimiento. En caso de no acudir, le sería impuesta una multa de 150 libras por incumplimiento de fianza y el tribunal podría adoptar otras medidas en su contra.

La reactivación de la orden de detención contra Sánchez se produce mientras la Unión Europa y Reino Unido tienen pendiente retomar las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo sobre las relaciones entre la UE y Gibraltar tras el Brexit. Estas conversaciones alcanzaron, sin acuerdo, la decimocuarta ronda formal de negociaciones el pasado diciembre con la previsión de retomar el trabajo a principios de 2024.

Otro juicio para febrero

La convocatoria del juicio para este lunes se ceñía a supuestos delitos de pesca -bajo la legislación gibraltareña- ocurridos en mayo y julio de 2023, según precisa Gibraltar Chronicle.

Tanto este medio como la GBC (Gibraltar Broadcasting Corporation) apuntan ahora que la Fiscalía de Gibraltar, a través de Christian Rocca, ha presentado nuevos cargos en contra de Sánchez por supuestos de navegación peligrosa, comportamiento amenazante y obstrucción a un agente de medio ambiente que habrían tenido lugar el pasado agosto; justo cuando se produjeron los episodios de hostigamiento contra el marinero por parte de las autoridades gibraltareñas.

Para juzgar estos nuevos cargos, las autoridades de Gibraltar han fijado el 19 de febrero como fecha con el fin de permitir con suficiente tiempo la emisión de una citación (con traducción incluida) y su entrega al perjudicado.

Ante la convocatoria del primer juicio, el Gobierno de España transmitió a Sánchez que no tenía que rendir cuentas ante la justicia gibraltareña porque la supuesta infracción denunciada no contravenía la normativa española, que es la que confirma que debe aplicarse en ese espacio marítimo. De cualquier modo, el marinero linense asegura que no se ha sentido lo suficientemente "respaldado" por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Secretaría General de Pesca en todo este proceso.

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