Tormenta política en Gibraltar con casi 300 trabajadores transfronterizos españoles en el limbo por un contrato de cuatro millones y medio de euros

Gibraltar/Una empresa en proceso de creación subrrogará antes de fin de mes a los casi 300 trabajadores transfronterizos españoles que viven sus últimas semanas como empleados de LifeCom Care, la compañía que se verá obligada a dejar el contrato de atención y asistencia domiciliaria a personas vulnerables en Gibraltar que se adjudicó hace menos de un año por 3,8 millones de libras (más de 4 millones y medio de euros).

Lifecom Care mantenía diferencias laborales y organizativas con sus empleados -que incluso habían convocado protestas y una huelga que fue luego aplazada- y había recibido muchas quejas por parte de las familias de los casi 800 usuarios. Esta presión llevó al Gobierno gibraltareño a "acordar" a finales de marzo la entrega del servicio tras un periodo de transición de 30 días.

La creación de una nueva empresa se la comunicó este martes el Ejecutivo gibraltareño a los trabajadores en una reunión en la que ofreció pocos detalles sobre la operación, que para la oposición del GSD presenta algo más que dudas. "El Gobierno admite abiertamente que está en modo de rescate, eludiendo los procedimientos habituales de licitación para aprobar apresuradamente otro contrato multimillonario. Esta crisis es totalmente culpa suya", afirmó el ministro en la sombra de Atención, Atrish Sanchez.

Este jueves se llevará a cabo otra reunión del Gobierno con los enlaces de la plantilla en la que, supuestamente, será más concreto. Los trabajadores españoles están sujetos en las próximas semanas a su subrogación por parte de una empresa privada por crear, aunque impulsada por el Gobierno, cuyo procedimiento está regulado en Gibraltar por una norma llamada Transfer of Undertakings Protection of Employment Regulations (TUPE), que les garantiza la incorporación a la nueva plantilla con todos sus derechos adquiridos durante estos meses.

Pero el capítulo con LifeCom Care no está del todo cerrado. Casi la mitad de los empleados han comenzado a reportar errores en la última nómina que, según afirman en declaraciones a Europa Sur, denunciarán ante la autoridad laboral correspondiente.

Mientras tanto, el sindicato Unite the Union afirmó hace unos días que la terminación del contrato de Lifecome Care presenta una oportunidad para negociar un nuevo convenio colectivo en nombre del personal. El sindicato confirmó que representa a más de 150 de los 227 cuidadores (hay otros puestos en la empresa que ocupan medio centenar de empleados, la gran mayoría de ellos, españoles), quienes, según dicen, se quejaron regularmente de la mala gestión y la falta de organización dentro de LifeCom Care Gibraltar, lo que en última instancia afectó a los usuarios del servicio. La huelga, aseguró el sindicato, sólo será el último recurso.

La ministra de Sanidad culpó del fracaso del contrato a a las "diferencias culturales". LifeCom Care es una empresa británica con sede en Londres y presencia en varios distritos de la capital dirigida por un empresario de origen nigeriano de nombre Hareter Oralusi.

Oposición

El GSD, partido en la oposición de Gibraltar, afirma que esta es "una crisis creada por el propio Ejecutivo". En junio del año pasado, el Gobierno garantizó que habría una transferencia sin problemas de los empleados de las entidades colaboradoras de la Agencia ADA, que llevaba el servicio desde hacía más de veinte años, a la plantilla de LifeCome Care. Gemma Arias Vásquez, ministra de Sanidad, afirmó entonces que esa nueva concesión crearía un marco moderno que iba proporcionar una mejor continuidad de la Atención y tarifas acordadas, lo que en última instancia beneficiaría a los usuarios del servicio, con los debidos estándares de transparencia. Ahora admite que "para el futuro se han aprendido lecciones". "Desde el primer día, todo fue un caos", relata el GSD.

"Desde el principio, la oposición destacó problemas importantes que surgieron al inicio de la transición. El Gobierno desestimó las preocupaciones calificándolas de 'problemas iniciales', nos acusó de exagerar e incluso afirmó que estábamos manipulando los hechos. Durante meses, el GSD ha exigido transparencia sobre la Atención Domiciliaria y el Apoyo a Domicilio, pero la ministra Arias Vásquez ha eludido la responsabilidad, desviando la atención hacia LifeCome Care, a pesar de que el Gobierno tiene la máxima responsabilidad y el poder de rendición de cuentas", explica la formación, que resalta que la semana pasada, en el Parlamento, Arias Vásquez se negó a responder preguntas. "El pueblo de Gibraltar merece la verdad, no un Gobierno que se esfuerza por ocultar sus huellas", dice.

"El fracaso es innegable. El contrato se adjudicó en junio de 2024 , la transferencia se realizó en septiembre, pero aún faltaban los preparativos básicos. ¿Qué estaba sucediendo durante esos tres meses? ¿Por qué se permitió a LifeCome operar sin licencia comercial local hasta el 17 de octubre de 2025? Señalamos estos problemas con anticipación, pero nos ignoraron", subraya Atrish Sanchez.

"Planteamos nuestras preocupaciones sobre las transferencias TUPE, los turnos, la aplicación defectuosa, las sesiones de cuidado perdidas, la capacitación, la verificación de antecedentes y muchos otros problemas. En cada ocasión, la ministra los desestimó, ofreciendo garantías que nunca se cumplieron. ¿El resultado? Cuidadores con dificultades, familias en apuros y un sistema en colapso", apostilla.

"Ahora los sindicatos nos dicen que ni el Gobierno ni LifeCome conocían los convenios colectivos vigentes. ¿Cómo es posible? El Gobierno no comprendió las condiciones básicas de la fuerza laboral que debía proteger. Fue necesaria la presión pública y la inminente amenaza de huelga para forzar la intervención de la ministra", continúa el partido, que entiende que el "acuerdo" con LifeCom Care rompe un contrato "caótico de principio a fin". "Es", en su opinión, "la culminación de una debacle apenas disimulada".