Casi 300 trabajadores españoles en Gibraltar, pendientes de la rescisión del contrato de ayuda a domicilio: "Hay mucha incertidumbre"

Gibraltar/Casi 300 trabajadores transfronterizos españoles en Gibraltar viven con "incertidumbre" el anuncio de rescisión del contrato de atención y asistencia domiciliaria a personas vulnerables que el Gobierno gibraltareño mantenía con la empresa para la que trabajan, LifeCom Care, con la que mantienen diferencias laborales y organizativas desde que se hizo cargo del servicio el pasado verano.

Después de numerosas quejas sobre el funcionamiento de la ayuda a domicilio y el trato a menudo vejatorio a los empleados, el Ejecutivo gibraltareño ha anunciado un acuerdo para poner fin a la relación. En un comunicado, afirma que "en interés de todos los usuarios" (son casi 800), las partes acordaron iniciar un período de transición de 30 días para garantizar una entrega sin problemas del servicio. Ese es el tiempo de notificación requerido según el contrato.

El anuncio de rescisión llega después de que el sindicato Unite de Unión hubiera convocado una huelga para los días 1 y 2 de abril, con el apoyo de las familias de los usuarios afectados, que ahora ha quedado aplazada, al menos hasta que el Gobierno ofrezca detalles sobre el proceso a principios de semana.

La ministra de Sanidad, Gemma Arias-Vásquez, afirma en declaraciones a la GBC que el Gobierno ya ha "identificado" otra empresa que estaría lista para empezar a trabajar en 30 días. Unite the Union y los trabajadores esperan a conocerla para tratar su subrogación, cuyo procedimiento está regulado en Gibraltar por una norma llamada Transfer of Undertakings Protection of Employment Regulations (TUPE).

El pasado mes de noviembre, los trabajadores de LifeCom Care explotaron contra los impagos, cuando menos, irregulares, que la empresa realizaba entonces. La plantilla estuvo llamada a una concentración en Main Street, pero fue suspendida después de la compañía regularizara los pagos en el último momento.

Un poco de historia

El pasado mes de junio, Lifecome Care Limited se hizo con la concesión de todos los servicios de atención domiciliaria y apoyo en el hogar para la Agencia de Atención del Gobierno de Gibraltar por 3,8 millones de libras (más de 4 millones y medio de euros). En aquel momento, el Ejecutivo garantizó que habría una transferencia sin problemas de los empleados de las entidades colaboradoras de la Agencia ADA, que llevaba el sevicio desde hacía más de veinte años, a la plantilla de LifeCome Care. Gemma Arias Vásquez, ministra de Sanidad, afirmó entonces que esa nueva concesión crearía un marco moderno que iba proporcionar una mejor continuidad de la atención y tarifas acordadas, lo que en última instancia beneficiaría a los usuarios del servicio, con los debidos estándares de transparencia. Ahora admite que "para el futuro se han aprendido lecciones".

La primera subrogación de los trabajadores se produjo en septiembre. Desde entonces, el servicio era un caos, con empleados que cobraban tarde y mal sus salarios y algunos que ni siquiera lo hacían, según explica a Europa Sur uno de los afectados, que afirma que el "descontrol organizativo" ha continuado y que sólo la profesionalidad de la plantilla ha impedido problemas mayores.

El GSD, partido en la oposición en el Peñón, se confesó en noviembre "profundamente alarmado por las preocupaciones urgentes y angustiantes de los usuarios de servicios y empleados atrapados en el caos actual que rodea los servicios de asistencia doméstica y atención doméstica de Gibraltar". "La situación continúa escalando hacia una interrupción de los servicios de atención crítica", advirtió el partido. "Esta inestabilidad entre los trabajadores de cuidado (que proporcionan un apoyo vital a algunos de los más vulnerables de nuestra comunidad) ha alimentado la ansiedad y la incertidumbre generalizada entre los usuarios de servicios y sus familias".

"Es profundamente decepcionante presenciar la completa falta de preparación del Gobierno", manifestó la ministra en la sombra, Atrish Sánchez. "En la última sesión parlamentaria, le preguntamos a la ministra responsable cuándo LifeCome Care fue autorizada por la Oficina de Comercio Justo, y ella confirmó que no fue aprobada hasta el 17 de octubre, meses después de que la oferta fuera adjudicada. También remarcamos problemas permanentes y sin resolver con la aplicación usada por los trabajadores para sus servicios, que la ministra afirmó que se había resuelto, así como problemas contractuales sin resolver. Estos problemas y otros más han afectado constantemente a la prestación de servicios, y el Gobierno no ha proporcionado la supervisión necesaria para prevenir este caos. La oposición ha puesto de relieve estas cuestiones durante meses, y es inaceptable que el Gobierno no haya logrado garantizar una transición sin problemas y sin tropiezos".

"El Gobierno no puede distanciarse de su deber de supervisar, apoyar y resolver rápidamente estas cuestiones críticas", insistió el GSD. El Ejecutivo de Fabián Picardo consideró "lamentable" que Atrish Sánchez y el GSD hayan optado "por explotar esta situación para obtener beneficios políticos emitiendo una declaración pública que exagera las circunstancias en lugar de ponerse en contacto directamente con el ministro pertinente para comunicarle sus preocupaciones".

El Gobierno defiende que ha aumentado considerablemente la inversión en servicios de Atención Domiciliaria y Asistencia en el Hogar, que ahora valora en casi 4 millones de libras al año y apoya a más de 500 personas y sus familias. "Esto representa un aumento sustancial en comparación con la asignación de 750.000 libras del GSD para la atención domiciliaria en 2011/12", concluye.