El Tratado Fiscal de Gibraltar, entre la historia y la polémica

España está a solo un paso de dar el visto bueno definitivo al Tratado Internacional que supondrá el final de la consideración de Gibraltar como paraíso fiscal por parte de las autoridades españolas. El Acuerdo Internacional en Materia de Fiscalidad y Protección de los Intereses Financieros, el primero de este tipo que España y Reino Unido rubrican desde el de Utrecht hace más de 300 años, pasó el miércoles la criba de la Comisión de Exteriores del Senado. La próxima semana será ratificado en el Pleno de la Cámara Alta, su último obstáculo antes de la aprobación definitiva en el Congreso.

El debate sobre el Tratado Fiscal estuvo, como desde su firma en marzo de 2019, rodeado de la polémica. Aunque fue aprobado por 15 votos a favor; 11 en contra y una abstención, la sesión evidenció que el acuerdo está lejos de reunir un apoyo generalizado por parte de los partidos políticos. De hecho, tuvo que superar una propuesta de no ratificación de Vox que respaldó el Partido Popular.

La formación que lidera Santiago Abascal entiende que el Tratado Fiscal y los Memorandos de Entendimiento "no resuelven los principales problemas que para España supone la presencia de una colonia en nuestro suelo", según palabras del senador José Manuel Marín Gascón. "Estos problemas serían, en primer lugar, nuestros trabajadores continuarán siendo discriminados y serán excluidos de hecho del generoso sistema de bienestar gibraltareño. Segundo, cuando se jubilen recibirán una pensión de miseria, mientras que sus compañeros de trabajo completarán su pensión con el Household Allowance y el Community Care. Tercero, las mafias del contrabando de tabaco verán reducidos sus ingresos, que tendrán que complementar con otras actividades ilícitas y podrán seguir pasando el dinero negro por la verja y lo blanquearán por medio de sofisticados entramados legales diseñados por los despachos de abogados de Gibraltar", resumió el senador.

"El tratado fiscal España blanquea a Gibraltar y reconoce por primera vez en 300 años la jurisdicción y competencia de las autoridades gibraltareñas", lamentó Marín, que añadió: "Hemos perdido la ocasión de hacer valer nuestros derechos y de haber incluido la reclamación de soberanía en las negociaciones del rexit y también de haber negociado unas mejores condiciones para nuestros trabajadores y para los habitantes del Campo de Gibraltar. Hemos perdido la ocasión de exigir el fin del contrabando de tabaco y del bunkering, que tanto daño hace a la comarca".

Vox entiende que, en lugar del Tratado, el Gobierno de España debería "terminar con la actual fluidez de la verja", identificando a todas las personas que pasan por ella y realizando "registros aleatorios que desalienten tráficos ilícitos". También pide la "creación de un registro de trabajadores transfronterizos que tendrán un pase preferente y ágil por la verja previa identificación" y la "vigilancia del perímetro

de la verja", además de la "presencia frecuente de la Armada Española en las aguas que rodean Gibraltar junto con la Guardia Civil para exigir el cumplimiento de la legalidad vigente en los espacios marítimos". Reclama también un "plan de inversiones en La Línea de la Concepción que reduzca su dependencia económica respecto a Gibraltar" y la "investigación de los gibraltareños que residen más de 183 días en España en casas propiedad de sociedades gibraltareñas y aplicación del régimen fiscal, tal y como ya establece nuestra legislación actual", así como la "equiparación del precio del tabaco a los precios españoles, prohibición a las empresas tabaqueras españolas de que vendan tabaco a Gibraltar mientras exista diferencia de precios. Fin de la práctica de bunkering en aguas de la bahía de Algeciras; prohibición a las empresas españolas de suministrar fuel a Gibraltar; aprovisionamiento de combustible solo a barcos atracados en el muelle" y la eliminación del Household Cost Allowance y el Community Care. "Por último, la más importante de todas: que el Reino Unido cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y se siente a negociar con España la descolonización de Gibraltar", concluyó.

El socialista Miguel Ángel Vázquez afirmó que "en el segundo párrafo, se expresa de manera meridianamente clara que España con este acuerdo no renuncia a su reivindicación histórica sobre la soberanía de Gibraltar" y defendió que el Peñón es "un cooperador necesario para el desarrollo del Campo de Gibraltar, porque es el mayor empleador de la comarca, porque empresas, comercios y establecimientos de hostelería y restauración del Campo de Gibraltar se benefician de la vecindad, porque existen lazos familiares a uno y otro lado de la verja y porque con este paso, con este tratado internacional, demuestra su voluntad de avanzar en transparencia y romper con viejos hábitos del pasado".

"Los que hablan de levantar muros o de cerrar la verja hacen una aproximación al conflicto, a la realidad, como un extraterrestre o, dicho de una manera aún más grave, al estilo Donald Trump: generando odio, división y enfrentamiento", subrayó el senador, que resaltó que el acuerdo "establece un marco de cooperación administrativo reforzado para evitar el fraude fiscal". "Se activa un mecanismo de intercambio automático de información, con el objetivo de evitar el uso de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España. Se crean órganos de coordinación para resolver los conflictos de residencia fiscal. Se prevé la adaptación dinámica de este régimen especial de cooperación a los nuevos estándares que vayan adoptando tanto la Unión Europea como la OCDE. Y, por último, y no menos importante, se elimina la doble imposición tributaria para los trabajadores transfronterizos españoles; sin duda, una gran noticia para los más de 10.000 trabajadores, hombres y mujeres, que residen en España, que son españoles y que trabajan y cruzan todos los días la verja".

José Enrique Sánchez Núñez, del Partido Popular, criticó que "el Gobierno de España ha dejado pasar la negociación del Brexit para exigir la recuperación de la soberanía sobre el Peñón". "Con este acuerdo se consolida, por tanto, un paraíso fiscal que va a facilitar las exenciones fiscales de sociedades offshore y no se hace mención alguna a la compensación de los tipos impositivos gibraltareños, por no hablar de la asfixia económica a la que se somete con este acuerdo a los habitantes y municipios del Campo de Gibraltar".