Nace SOS Campiña de Jimena como plataforma en contra de la implantación de los parques fotovoltaicos
Medio Ambiente
La plataforma reclama al Ayuntamiento una regulación local que permita ordenar la implantación sin afectar al medio rural
El PSOE reclama cambios en las ordenanzas para evitar la posición de dominio de los inversores
Jimena/Rebelión a la vista contra los parques solares en Jimena. Un grupo de vecinos de la localidad ha constituido una plataforma ciudadana llamada SOS Campiña de Jimena que sitúa entre sus fines "proteger la campiña" frente a la que califican como "una de las mayores implantaciones de parques fotovoltaicos en Europa".
Esta plataforma surge después de que el Ayuntamiento local haya reconocido que carece de instrumentos legales y margen de maniobra para promover una implantación ordenada de este tipo de iniciativas en la localidad. Solo en Jimena, varias empresas plantean la construcción de hasta siete parques fotovoltaicos sin que la localidad cuente con una ordenanza reguladora o pueda tener margen de maniobra al respecto. Y otras localidades del entorno como Tesorillo o Gaucín se enfrentan a una situación similar.
La plataforma se ha impulsado a través de un grupo de vecinos que se organizan de manera asamblearia.
"Nuestro objetivo es preservar nuestras actividades económicas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente. Jimena cuenta con un paisaje emblemático y que alberga una rica biodiversidad, en un territorio afectado que cuenta con una interacción de la humanidad con la naturaleza desde el Neolítico hasta la actualidad, como lo demuestran los yacimientos arqueológicos cercanos y la intrincada red de caminos, veredas, cañadas, vías pecuarias que lo recorren", aseguran.
El colectivo subraya que la implantación "masiva" de los parques tendría un impacto negativo en la economía y empleo del municipio al desplazar actividades agropecuarias sin generar "riqueza ni puestos de trabajo".
La plataforma solicita al Ayuntamiento que elabore una ordenanza municipal rigurosa "que regule la expedición de licencias de este tipo de instalaciones en nuestro municipio". Y también demandan la suspensión temporal de las licencias a las instalaciones fotovoltaicas promovidas en suelo no urbanizable.
"Solicitamos igualmente a nuestro Consistorio que realicen estudios ambientales precisos e independientes, con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Diputación de Cádiz. Consideramos que la transición energética debe caminar hacia un modelo sostenible con el uso de una generación distribuida, sin generar afecciones negativas e irreversibles en el territorio de nuestro municipio", concluye el colectivo, desde el que se apuesta por el autoconsumo frente a la gran producción.
Moción del PSOE
El Partido Socialista de Jimena ha presentado una moción para su debate ante el Pleno en la que solicita al Ayuntamiento la puesta en marcha de una ordenanza reguladora y otras gestiones tendentes a organizar la implantación de los posibles inversores.
Los socialistas explican que los parques en tramitación abarcan un uso y ocupación de un total de 1.080,05 hectáreas distribuidas entre 46 fincas rústicas catastrales, 578 megavatios de potencia total y un presupuesto total de ejecución de las obras de 251,66 millones de euros. Ese millar de hectáreas supone algo más del 15% del término municipal, por lo que se requiere una ordenación y evaluación exhaustiva de todas las iniciativas.
La moción reclama una comisión informativa especial para la implantación de energías renovables en el municipio que esté constituida por los miembros de los grupos políticos de la Corporación y se incluya en ella a representantes de colectivos sociales. Y, además, una modificación en la ordenanza reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable para que se incluya esta comisión como órgano de seguimiento.
Los socialistas también demandan un estudio independiente de impacto ambiental y socioeconómico de los proyectos "para conocer con detalle el alcance" así como la redacción y aprobación de cambios en las ordenanzas de las normas subsidiarias y particulares para el suelo no urbanizable "donde se regule debidamente la implantación de proyectos de energías renovables en el término municipal y la suspensión por un año de las aprobaciones y otorgamientos de licencias urbanísticas en el suelo no urbanizable".
El PSOE también demanda que se pida al Gobierno una moratoria a los trámites ministeriales hasta que no se implante la ley de cambio climático, al igual que a la Junta, a la que también se demanda que paralice las tramitaciones hasta que no entre en vigor el Plan Andaluz de Acción por el Clima.
Proyectos tramitados en Jimena
En Jimena, las iniciativas fotovoltaicas se agrupan en tres grandes bloques. Por un lado, la compañía Abengoa plantea la puesta en marcha de un proyecto en las inmediaciones de Cerro Carretero, con 200 hectáreas de superficie en total. Para esta iniciativa, tanto el Ayuntamiento como los grupos ecologistas han presentado reparos por entender que la zona escogida por la compañía es inundable. Según la entidad local, la puesta en marcha de ese parque fotovoltaico desembocaría en un gran impacto visual y medioambiental para el municipio, que además supone riesgo por posibles afecciones arqueológicas.
Junto con esta iniciativa, la compañía Mitra Alfa promueve otro parque en La Herradura con 100 megavatios, mientras que un conglomerado empresarial plantea otras cinco instalaciones que sumarían una potencia de 353 megavatios, 24.629 paneles y una inversión que alcanzaría los 216,9 millones de euros.
Este último bloque de parques solares abarcaría unas 900 hectáreas de suelo rústico, equivalentes al 3% de la superficie del municipio y supone un 11% de la superficie rústica, excluyendo los terrenos del Parque Natural de Los Alcornocales.
Para estas cinco instalaciones, ademas, los promotores solicitan la construcción de dos infraestructuras de uso común, consistentes en una subestación eléctrica transformadora, valorada en 5,5 millones de euros, y una línea de alta tensión de 220 kilovoltios con una longitud de 20,5 kilómetros que discurriría por los términos municipales de Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Casares hacia una subestación.
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