Control Zoosanitario, bajo sospecha

La decisión del Ayuntamiento de La Línea de firmar un convenio para la recogida de animales con la empresa Control Zoosanitario ha generado polémica en la ciudad debido al turbio pasado de esta compañía, ya que su propietario, Plácido Gómez, está imputado por un presunto delito de maltrato animal continuado en la perrera El Refugio, de Puerto Real.

El fiscal también pide para el propietario, la directora y los dos veterinarios de la instalación tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales después de que una denuncia del Seprona en 2007 destapara todo el asunto. Sin embargo, el juicio de ha pospuesto en varias dos ocasiones después de seis años.

Han sido varias personas y colectivos los que han denunciado estas malas prácticas por parte de Control Zoosanitario, entre ellas Equo, la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal, y la perrera de La Línea, que tiene un convenio vigente a coste cero con el Consistorio linense, cuya pasividad para retirar un embargo provocó que la protectora dejara de hacer el servicio como protesta, aunque ahora lo ha retomado.

En su día, las prácticas de la perrera puertorrealeña dejaron un gran reguero de información. En el Refugio existía una consigna no escrita en tablón ni reglamento alguno pero asumida por todos los trabajadores, de la directora al guardián: 'Perro que entre, perro que se duerme'. Centenares de animales entraban cada año en las instalaciones, pocos salían , y "dormir", en la antigua Verde-6, significaba enfrentarse a la menos plácida de las muertes. La sustancia empleada para los sacrificios, Mioflex Braun, provocaba en los animales una parálisis progresiva del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que canes y gatos agonizaban durante varios minutos en plena conciencia asfixiándose, como si tuviesen una bolsa invisible en la cabeza aunque sin poder moverse, hasta el final. La investigación judicial sobre el caso, denunciado en junio de 2007, concluyó con la imputación del propietario, Plácido Gómez; la directora, Manuela Andrade; y los veterinarios Estanislao Cuesta y Roberto Parodi por un presunto delito continuado de maltrato de animal doméstico y por otros dos presuntos delitos de falsedad documental y denuncia falsa. Forman el cuarteto de imputados en el primer procedimiento penal por maltrato contra una perrera en el país.

El descubrimiento de la utilización de Mioflex -un poderoso y barato paralizante, ya que con 35 euros se eliminaba a unos 100 animales- en los sacrificios se produjo en agosto de 2006 por casualidad. La veterinaria de Prodean Bahía de Cádiz, organización protectora de animales que sacaba perros a destajo de El Refugio desde el verano de 2005, presenció en una visita la muerte de un cocker negro tras un único pinchazo, sin sedantes. El testimonio fue valorado como "esencial" en la investigación. La presidenta de Prodean entre 2004 y 2008, María José Montero, recuerda que la directora de la perrera disculpó aquellos hechos argumentando que el veterinario se acababa de incorporar a la empresa. "Todo había sido un error". Montero, sin embargo, no creyó la versión y desde aquel día se empeñó en conseguir pruebas para demostrar que en El Refugio no se respetaba el protocolo legal de sacrificio de animales. Ella charlaba a menudo con los empleados y se movía con libertad en todas las instalaciones del centro salvo en la restringida zona en la que se practicaban las matanzas.

En junio de 2007, con el respaldo de la única testigo acreditada de un sacrificio, la protectora El Refugio denunció las prácticas de la antigua Verde-6 ante el Seprona. Sólo tres meses después, con la investigación de la Guardia Civil en marcha, un acontecimiento funesto desvela públicamente la barbarie de El Refugio. Simone Righi y Ángela Fiori, una pareja de nacionalidad italiana, dejan a sus tres perras en la guardería de animales que también ofrecía el complejo de Puerto Real. Cuatro días después, regresan al centro y sólo encuentran el cadáver de una de sus mascotas. Las otras dos han sido incineradas por Roberto Parodi, uno de los veterinarios, que denuncia ante la Policía Local que varios desconocidos habían irrumpido en las instalaciones por la noche, habían abierto varias jaulas y habían provocado una gran pelea entre una docena de canes en la que murieron varios.

Esta versión, contradicha por diversas pruebas, costó a Parodi la imputación por un supuesto delito de denuncia falsa. El escándalo de los perros que fueron a una guardería y acabaron en la incineradora, publicitado por la protectora El Refugio, elevó les hechos a los medios de comunicación de todo el país y acabó por desvelar los exterminios caninos que se producían en Puerto Real, un caso cargado de pruebas de peso aportadas por las diligencias del Seprona.

Los que conocieron a fondo la perrera recuerdan que sus condiciones eran execrables. Los empleados también lo admitían. Los perros se hacinaban en una veintena de naves insalubres y pestíferas, en las que las heces se acumulaban y la orina llegaba a fermentar, o bien en jaulas habilitadas para un par de canes de tamaño medio y que llegaban a compartir hasta una docena, "pisoteándose entre ellos", tal y como recoge la instrucción.

Los responsables de la perrera conocían las condiciones de saturación de las instalaciones y los sacrificios eran la forma de liberar espacio. "Las matanzas dependían de los perros que hubiera. Si aparecían Plácido [administrador] y había muchos perros, Manoli [directora] mandaba sacrificar. A veces nos lo decían y nos dábamos patadas para sacar los máximos animales que podíamos. Hubo un día en el que llegamos a sacar hasta 24", recuerda la presidenta de Prodean.

Muchos de los perros que conseguían salir del centro morían a los pocos días en sus hogares de adopción. Los animales llegaban al matadero de Puerto Real procedentes de al menos quince ayuntamientos, desde la Bahía al Campo de Gibraltar, que tenían contratado el servicio con Gómez. La mayoría pagaba bajos costes, hasta tres veces por debajo de los precios de mercado, que se sitúan en torno a los 150 euros por animal, según un informe elaborado por la Mancomunidad de la Bahía en 2007. Precisamente el bajo precio del Mioflex era la motivación de la perrera para emplear la sustancia en su protocolo de sacrificios. Según los cálculos de la protectora El Refugio, con una inversión de 35 euros en paralizante, el centro podía eliminar una tonelada de animales, que equivale a unos 100 perros de tamaño medio. En el procedimiento judicial no se pudo conocer el número de canes y gatos que murieron bajo los efectos del Mioflex. La jueza ve probado que sólo en 2007 hubo al menos 573 sacrificios, aunque imputa a los veterinarios por haber empleado el paralizante entre 2005 y 2007.