La Corte de Magistrados de Gibraltar ha decidido no emitir una orden de detención contra el pescador linense Jonathan Sánchez, quien no se ha presentado este viernes al juicio al que había sido citado en el Peñón por supuestamente vulnerar las leyes de la colonia respecto a la pesca. En cambio, el tribunal ha fijado una nueva fecha para la audiencia: el 2 de febrero de 2024.

La clave de esta decisión está en que la citación para este viernes no llegó nunca al domicilio del pescador, en contra de lo que es preceptivo. Sánchez sospecha que esto ocurrió porque hay un error en la dirección que obra en poder de las autoridades gibraltareñas o, directamente, tienen una que no es correcta. De hecho, la convocatoria se la tuvieron que entregar en mano, de madrugada y en plena mar, agentes de la Royal Gibraltar Police, un procedimiento irregular que ahora la Corte quiere corregir. Los magistrados ordenaron que la citación se le entregue por correo certificado a su domicilio. Si esto ocurre o no, ya se verá.  

No es la primera vez que el tribunal toma esta medida para garantizar que la incomparecencia del acusado no se deba a ninguna cuestión de forma relacionada con la falta de entrega de la citación.

La decisión de la Corte de Magistrados reduce el riesgo de que se produzca una nueva crisis diplomática en torno a un caso por el que los funcionarios de Exteriores españoles y británicos han pasado de puntillas, ya que llega en un momento en el que la Comisión Europea y Reino Unido están a punto de cerrar un acuerdo sobre el tratado que regule la relación del Peñón con el bloque comunitario, especialmente con su entorno más próximo: el Campo de Gibraltar. Curiosamente, en las conversaciones no se ha hecho mención alguna al conflicto de las aguas, que en el contexto de la reclamación de la soberanía no tendrá mención expresa en el tratado. 

La justicia gibraltareña quiere procesar al pescador linense por supuestamente pescar con redes en aguas que el Peñón reclama como británicas y España defiende que están bajo su soberanía. El patrón del barco Mi Daniela se enfrenta a cargos por vulnerar las leyes de conservación y navegación de Gibraltar, ya que según su legislación la pesca con redes y rastrillos está prohibida.

Sin embargo, el Gobierno de España entiende que el pescador no tiene que rendir cuentas ante la justicia gibraltareña por faenar en un caladero cercano a Punta Europa puesto que se trata de aguas bajo soberanía española y sometidas "solo a las leyes españolas". Así se lo notificaron por escrito el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Secretaría General de Pesca tras las consultas realizadas por la Organización Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil-La Línea (OPP 72).

En la notificación, Exteriores y Pesca le comunicaron que la citación para un juicio es un "requerimiento que no tiene validez", según explicó el propio pescador, puesto que la supuesta infracción denunciada no contraviene la normativa española, que es la que confirma que debe aplicarse en ese espacio marítimo.

Aunque Exteriores afirma que no le "corresponde" dar a Jonathan Sánchez "instrucciones" sobre si debía acudir o no al juicio, sí que aseguró que no encuentra "motivos" para que un ciudadano español tenga que someterse a un sistema judicial extranjero por una actividad realizada en España. En cualquier caso, afirma, seguirá realizando las "gestiones diplomáticas" correspondientes para intentar solucionar el conflicto.