La Guardia Civil en La Línea de la Concepción (XLVIII)

El 9 de junio de 1928 volvió a cumplimentarse la tarjeta de estadística del puesto de la Guardia Civil de Campamento de Benalife. Creado apenas tres años antes tenía encomendada la seguridad ciudadana de la pedanía donde estaba ubicada su casa-cuartel y la de la vecina barriada de Puente Mayorga. El censo conjunto de ambas barriadas era entonces de 2.480 habitantes y de 620 vecinos, es decir, cabezas de familia o unidades familiares.

Mandado por un sargento y con cuatro guardias de 2ª clase a su cargo, el acuartelamiento tenía un total de cinco pabellones para personal casado y la capacidad de la sala de armas permitía el alojamiento de hasta tres solteros. Aquellos que tuvieran dicho estado civil no podían entonces ocupar pabellón de casados aunque éste no estuviera utilizado, salvo que se tratase del comandante de puesto.

La cesión del inmueble, sito en la entonces denominada calle Pozo, antigua calle Cuartel, continuaba siendo con carácter gratuito para el Estado y figuraba como propietario Arturo Patrón Canepa. Dicho edificio no existe en la actualidad, habiéndose procedido hace años a su derribo y levantado sobre su solar un moderno edificio de viviendas. La calle se llama hoy día Doctor Fleming.

Encuadrado en la 8ª Compañía de Algeciras de la Comandancia de Cádiz, dependía del teniente jefe de la línea de La Línea de la Concepción junto a los puestos de dicha residencia, La Tunara y San Roque. Su demarcación limitaba a su vez con la de los puestos de Los Barrios, San Roque, La Tunara y La Línea de la Concepción.

En su demarcación no había estación de telégrafo si bien habían algunas viviendas particulares de personas acomodadas así como el cercano hotel Príncipe Alfonso que sí disponían de teléfono, de lo cual carecía por cierto la casa-cuartel.

Los caseríos, fincas y cortijos existentes en ambas pedanías eran los de Benalife, Buena Vista, Tejar de Faba, Huerta de Rango, Huerta de Francia y El Almidón. Las casas de campo eran las de Pendolita, Viña Eusebio, Venta de Castañeda, Venta de las Cuevas, Venta del Serio y Venta de Tizón.

Prácticamente no hay constancia de ninguna vicisitud de interés relativa a la casa-cuartel del puesto del Campamento de Benalife hasta ya bien entrado el año 1934, en plena Segunda República. Su plantilla había visto sustituida la plaza de sargento por la de cabo y se había incrementado en otros dos guardias de 2ª clase, de tal forma que el número total de efectivos se había elevado a siete.

Era su comandante de puesto entonces el cabo Manuel Valle Valle, natural de San Roque, en cuyo puesto había estado destinado hasta que el 22 de enero del citado año se había incorporado al mando del de Campamento. Unos años antes había contraído matrimonio con una joven natural de Ubrique llamada Rosario y tenía dos hijos de corta edad.

El 31 de julio siguiente había sido citado en una orden general del benemérito Instituto, “como distinguido por su acertada intervención en los sucesos ocurridos en Arroyomolinos de León (Huelva) el 6 de octubre de 1932”. Cuando acaecieron aquellos violentos hechos en los que cerca de un centenar de vecinos de dicha localidad atacaron, desarmaron e hirieron a cuatro guardias civiles, dos de ellos de gravedad, el cabo Valle era allí su comandante de puesto.

El jefe de la Comandancia de Huelva era entonces el teniente coronel Arturo Blanco Horrillo, que en 1908, siendo primer teniente, había estado al frente de la Guardia Civil en La Línea de la Concepción y había suscrito el contrato de alquiler del inmueble utilizado como acuartelamiento en la calle Jardines.

La vicisitud de interés consistía en un curioso ofrecimiento relacionado con la casa-cuartel que había sido efectuado por los ingleses residentes en la barriada del Campamento de Benalife. Como se recordará en uno de los capítulos anteriores ya se había dicho que aquel lugar podía considerarse como el Sotogrande de aquella época, donde gustaba vivir a algunas de las familias más acomodadas de la colonia británica de Gibraltar.

En escrito de fecha 6 de diciembre de 1934, el coronel Fulgencio Gómez Carrión, jefe del 16ª Tercio (Málaga), daba cuenta de dicha propuesta al general de brigada Cecilio Bedia de la Cavallería, inspector general de la Guardia Civil.

Según le había informado a su vez el teniente coronel Sebastián Hazañas González, jefe de la Comandancia de Cádiz, el cabo Manuel Valle había recibido una propuesta efectuada por un británico que era vecino de dicha barriada llamado Jaime Russo O’Riely. La proposición la había formulado en su propio nombre y en representación del resto de ingleses que residían en ese lugar.

Resultaba que había tenido conocimiento del incremento mencionado de la plantilla del puesto en dos guardias civiles más pero que sabía también que no había más pabellones disponibles en el acuartelamiento. Por tal motivo se comprometía “a edificar dos pabellones en terrenos de su propiedad contiguo a la casa-cuartel, los cuales tendrían su entrada por la puerta de la misma”.

El 15 de diciembre siguiente ante tan sorprendente propuesta el coronel Fulgencio Gómez fue requerido desde el superior centro directivo, para que informase “como ha de quedar la fuerza alojada una vez construidos dichos pabellones, al propio tiempo que emita su parecer”.

Tras realizarse las correspondientes gestiones, con resultado infructuoso, dicho coronel informó el 19 de enero de 1935 que no había podido cumplimentarse lo solicitado ya que el mentado súbdito británico se había marchado de viaje a Londres y que tan pronto regresara se procedería a contestar lo requerido.

Si bien no ha quedado constancia de si realmente volvió o no dicho individuo del Reino Unido y si hubo algún contacto más, lo cierto es que cuando en 1968 dicho puesto fue suprimido como tal, haciéndose cargo de su demarcación el limítrofe de Puente Mayorga, heredado del Cuerpo de Carabineros, continuaban existiendo en su interior tan sólo los mismos cinco pabellones iniciales que tenía desde 1925.

Dada la necesidad de pabellones que siempre tuvo en general la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, tras la supresión del puesto del Campamento de Benalife, no se desalojó inmediatamente el inmueble. Por aquel entonces el propietario era ya otra persona y se abonaban por el Estado 333’33 pesetas mensuales en concreto de alquiler, continuándose todavía algunos años más ocupando esas cinco viviendas.