Jonathan Sánchez estalla contra el acoso de Gibraltar a la pesca de La Línea
Conflicto por las aguas
"Si quieren proteger el Medio Ambiente que dejen de tirar porquería al mar y que no ataquen a los barcos de pesca que solo queremos ganarnos la vida", afirma
El linense, que no tiene pensado acudir al juicio del próximo día 1 en el Peñón, reclama una ayuda que el Gobierno de España aún no le ha brindado
El Tratado de Utrecht de 1713 ratifica la soberanía española de las aguas que rodean Gibraltar
Un pescador de La Línea, ante Gibraltar, por Javier Chaparro
Son las once de la mañana en el Puerto de La Atunara y Jonathan Sánchez recoge las redes de su barco mientras las limpia de toallitas de baño, compresas y tampones que Gibraltar vierte al Estrecho y la Bahía de Algeciras a través de un emisario en Punta Europa. Resulta contradictorio que el mismo Gobierno gibraltareño que ataca así el Medio Ambiente es el que ha denunciado al linense por incumplir leyes ambientales contra la pesca en el Peñón. El juicio se celebrará el 1 de diciembre, pero por allí no verán al joven pescador, aun a riesgo de que la próxima vez sea detenido por la Royal Gibraltar Police. Si acude sería como reconocer la soberanía británica de las aguas en las que pesca.
"Si quieren proteger el Medio Ambiente que dejen de tirar porquería al mar y que no ataquen a los barcos de pesca que solo queremos ganarnos la vida", afirma Jonathan Sánchez, último de una familia de trabajadores del mar de La Atunara que está sufriendo el acoso de las embarcaciones gibraltareñas ahora como nunca. Le dicen que está en aguas territoriales británicas de Gibraltar que tiene que cumplir su ley. Él les contesta que está en aguas españolas y que la de España es la única ley que va a cumplir cuando esté allí haciendo su trabajo.
El Gobierno español no ha dicho de momento esta boca es mía. "No me han ni siquiera llamado y deberían hacerlo si es que de verdad son aguas españolas; ahora, si ellos tienen otros acuerdos por detrás, ya no lo sé", relata a pie de muelle.
A Jonathan le quieren aplicar en Gibraltar una ley por supuestas infracciones en aguas que España considera propias y donde ejerce otra legislación. Es decir, la actividad del pescador es completamente legal a los ojos de la normativa española y de la Unión Europea, que sin embargo no le han brindado de momento ningún apoyo.
La Organización Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil-La Línea (OPP 72) comunicó el caso por escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y a la Junta de Andalucía. Ninguno de los dos ha contestado, aunque él ha reclamado ayuda en innumerables ocasiones. "Aquí sólo vinieron a respaldarme los de Vox un día y me dijeron que lo iban a llevar al Parlamento. Sí que me ayuda Juan Franco (el alcalde de La Línea), que se ha ofrecido a mediar e incluso a ayudarme a buscar un abogado gibraltareño si lo necesito", manifiesta.
Jonathan ha cambiado el horario (ahora va a pescar más a la noche) porque ha detectado que a esas hora no lo molestan. Además, hay veces que se va a Sotogrande, donde la pesca es mucho menos productiva. "Parece ser que el Gobierno de España nos está obligando a cambiar de zona de pesca, ya que no viene a defender los intereses de los trabajadores linenses. Yo no tengo que estar todos los días llamando a la Guardia Civil para que me escolte. Ya deberían saber que es una zona conflictiva. Igual que Gibraltar tiene patrulleras, España debería tenerlas allí", explicó en un vídeo en Tik Tok, que reconoce que le ha dado un altavoz que no esperaba que tuviera tanto calado.
"Cuando el abuelo de este señor pescaba, con la verja cerrada, atracaba en La Caleta y allí cambiaba el pescado por un paquete de Craven A. Aquí siempre nos hemos llevado bien, hasta ahora", relata un veterano trabajador del puerto que le ayuda a recoger las redes.
En realidad está historia comienza en junio de 2022, cuando el pescador decide trabajar por su cuenta, se separa de su padre -con el que empezó a los 16 años- y se puso a mandar un barco al que llama como a su hija: el Mi Daniela. Jonathan comenzó "a investigar" hasta que encontró un caladero cerca de donde yace un pecio de un buque que hace diez o doce años sufrió un accidente. Gibraltar lo partió en dos y hundió una mitad. Los barcos hundidos son excelentes lugares para pescar, allí se encuentran siempre muchas especies. En esa zona es donde comenzó a verse acosado por los barcos del departamento de Medio Ambiente de Gibraltar, aunque al principio solo llegaban "se ponían crema solar y no me decían ni buenos días". "Supongo que el jefe los mandaría a estar allí conmigo y ellos cumplían", recuerda.
En marzo del año pasado, todo cambió. Una red se quedó enganchada en el pecio y Jonathan perdió 300 metros. Cuando intentó sacarla con un rastrillo de hierro, este se enganchaba y también lo perdía. Un día llegaron los policías gibraltareños para preguntarle si la red era suya y él les dijo que sí. Había buzos llanitos no profesionales que habían hecho vídeos que luego colgaban en las redes sociales criticando "el daño" que hacía dejando aquello en el fondo. Él se ofreció a acudir con su barco y subirla si alguno de esos buzos tan preocupados por el Medio Ambiente le enganchaba un cabo. Ninguno lo hizo. Jonathan era el primer interesado en recuperarla, por el precio en sí de la red y por que es cierto que podía terminar con su caladero.
Aquel fue, según entiende, el punto de inflexión. Los pescadores recreativos de Gibraltar (en la Roca no hay pesca comercial, no ha profesionales) quisieron hacerle "un lío". Un barco lo denunció por embestirlo. Es imposible, sostiene, que una embarcación de pesca pueda embestir a una recreativa, más veloz y con más maniobrabilidad. El acoso se intensificó y él lo documentó con vídeos Tik Tok que fueron dando a conocer su problema. Un día llegaron dos policías para identificarlo. Él se negó y amenazaron con detenerlo. Llegaron barcos de Aduanas y de Medio Ambiente y él les entregó la documentación del barco, donde está su DNI y otros datos.
El 21 de agosto, el hostigamiento alcanzó un nivel inédito hasta ahora. El Mi Daniela fue abordado en aguas junto a la cara este de la Roca y contra el consentimiento de su patrón por dos embarcaciones de las autoridades de la colonia británica, una patrullera de Aduanas y otra de la Royal Gibraltar Police. Ocurrió a algo menos de una milla náutica de la costa de Levante de Gibraltar. Las dos embarcaciones de la colonia rodearon a su pesquero y le obligaron a identificarse enseñando su DNI español. Los agentes le explicaron que constaban tres denuncias contra él y que, en caso de negarse a colaborar, sería detenido y su barco inmovilizado.
Sólo seis días antes, el patrullero rápido Águila 2, del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), persiguió y abordó de noche a un buque auxiliar del puerto gibraltareño que levantó sus sospechas porque navegaba por la Bahía sin luces y sin el Sistema de Identificación Automática (AIS) activado. Cuando los agentes españoles le dieron el alto para identificarlo, había intentado escapar sin éxito. Aduanas de Gibraltar también accedió al barco, donde se produjeron momentos de mucha tensión. La acción ocurrió en las aguas que España considera bajo su soberanía y Gibraltar reclama como británicas. El Gobierno de Reino Unido elevó una protesta formal al español por la actuación del SVA.
El día 22 de agosto volvió a sufrir otro episodio de hostigamiento por la Royal Gibraltar Police cuando acudió a la zona a recoger las redes que había arrojado un día antes al mar. El pescador fue escoltado por una patrullera de la Guardia Civil. Sin embargo, tras terminar el trabajo, cuando volvía, fue de nuevo acosado. "En lugar de volver para tierra, han acelerado a toda marcha y me han cruzado por delante a dos metros, pudiendo causar un accidente. De lo que ellos me acusan es precisamente lo que suelen hacer cada vez que estamos en esa zona", dijo.
El viernes 27 de octubre, de madrugada y en plena mar, se encontraba faenando cuando apareció la Royal Gibraltar Police para entregarle una copia de una citación para que comparezca ante la Corte de Magistrados el próximo 1 de diciembre. El original debía haberle llegado por correo ordinario a su domicilio, pero esto no ha ocurrido.
La realidad es que al principio tenía nueve denuncias, luego se redujeron a cinco de tres días diferentes. La de la supuesta embestida, por ejemplo, ha desaparecido. Lo acusan de pescar "animales salvajes" -dos centollas- y de utilizar redes ilegales, así como de "comportamiento agresivo" con un agente. En Gibraltar no existe una ley para regular la pesca comercial porque esta no existe, de modo que le aplican la de la pesca recreativa. "Pesco en aguas que el Gobierno de mi país dice que son españolas, y empleo redes y artes que son legales en España y en la Unión Europea", sentencia.
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