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La Justicia ordena el ingreso en la cárcel de Manuel Gavira por el caso Promaga

El empresario linense agota todos los recursos y deberá entrar en el centro penitenciario que elija en 10 días desde que sea notificado

La Agencia Tributaria ejecutará el embargo para cobrar la multa de 7,7 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública

Manuel Gavira.

La Línea/El empresario linense Manuel Gavira, propietario de Promaga, deberá ingresar en prisión en los próximos días tras agotar todas las opciones de recurso frente a la sentencia condenatoria por delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa que pesa en su contra desde diciembre de 2017.

Gavira fue condenado por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo a 30 meses de cárcel como autor responsable de cinco delitos contra la Hacienda Pública. La pena también contempla cinco multas por 7.775.290 euros en total.

Manuel Gavira había intentado evitar el ingreso en prisión desde entonces con varias vías de recurso que ahora se han agotado. El promotor linense solicitó en su momento una sustitución de las penas de prisión por multas, lo que le fue denegado en septiembre este año. Y contra esa resolución presentó un recurso de súplica que acaba de ser resuelto en el mismo sentido, igualmente denegado.

Ahora, la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un exhorto a los Juzgados de San Roque para que le sea comunicado, mediante diligencias de notificación y de requerimiento, que debe ingresar en prisión en el plazo de diez días naturales desde que le sea notificada la resolución. Según fuentes conocedoras del procedimiento, Gavira no ha sido notificado aún, aunque se prevé que reciba formalmente la comunicación judicial en breve. El empresario podrá elegir en qué cárcel ingresará para redimir la pena. En caso de no atender el requerimiento, se ordenaría su búsqueda y detención para ser conducido por los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Sobre la multa, la Agencia Tributaria ejecutará directamente el embargo contra el patrimonio de Gavira para cobrarla al ser parte en el procedimiento (acusación particular). Habitualmente, las sanciones judiciales son recibidas por el tribunal y luego ingresadas a la parte correspondiente. En este caso, según estas mismas fuentes conocedoras del proceso, la Agencia Tributaria ha solicitado al juzgado hacerse cargo de esta tarea con sus procedimientos y recursos. La Agencia Tributaria podrá cobrar la sanción a través de bienes muebles, inmuebles, participaciones en sociedades o cuentas bancarias a nombre de Gavira.

En caso de no lograr cubrir las multas, la pena de prisión se elevará en dos meses por cada una de las cinco multas que resulte impagada hasta sumar un máximo de 40 meses entre la condena original y los posibles añadidos.

La sentencia

La sentencia por la que Gavira ingresará en prisión procede de un recurso presentado por el propio empresario y por la Abogacía del Estado a otra dictada el 18 de diciembre de 2017 por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. En ella se condenó al empresario a una pena de dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravada a la Hacienda pública en grado de tentativa. En el fallo, el Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado y también estimó en parte el recurso de casación presentado por Gavira, modificando esta sentencia.

Aunque el tribunal lo absolvió del delito continuado de estafa en grado de tentativa, lo condenó como autor responsable de cinco delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa, lo que acarreaba una pena mayor que los 24 meses iniciales hasta 30 meses.

Gavira fue condenado por el uso de empresas, algunas creadas ex profeso, para intentar cometer un delito continuado de estafa a la Hacienda pública de unos 17 millones de euros. Esa sentencia consideraba como hechos probados que el empresario realizó aportaciones simuladas de bienes inmuebles desde Promaga a otras sociedades del grupo entre los meses de marzo y junio de 2011 con el fin de obtener indebidamente la devolución del IVA. El empresario reclamó por este concepto unos 17 millones de euros que la Agencia Tributaria no le reconoció. La conclusión del tribunal fue esas empresas se constituyeron “únicamente para dar apariencia de legalidad sobre un IVA que podía ser repercutido y que más tarde sería reclamado por el acusado”.

El edificio de Promaga en el centro comercial San Roque Golf Resort. / Erasmo Fenoy

Los bienes que se transfirieron a estas sociedades de forma simulada eran de naturaleza rústica, por lo que la entidad que realizaba la transmisión debía renunciar a la exención del IVA. La empresas eran Conjunto Sur SL, Las suites de San Roque Club, Pueblo 2A de San Roque Club, Class One logística y gestión y Future 2011 proyectos y promociones. La sentencia señala como indicios relevantes de la conducta delictiva del acusado el hecho de que ninguna de estas sociedades tuviera actividad mercantil alguna, sino que el único fin declarado era la adquisición de los inmuebles aportados por Promaga SA.

Un imperio derrumbado

Promaga, la promotora inmobiliaria del linense Manuel Gavira, era antes del estallido de la crisis una de las más florecientes y activas de todo el Campo de Gibraltar. Levantó viviendas en toda la comarca e incluso en la Costa del Sol y en el año 2005 facturó 50 millones de euros. Contaba entonces con una cartera de suelo para más de 4.000 viviendas.

El imperio se fue derrumbando como consecuencia de la crisis hasta el punto de que Promaga, cuyo administrador único es el propio Gavira, constaba entre las empresas con mayor deuda con Hacienda hace ahora un año. La Agencia Tributaria la situaba en noviembre de 2018 en el puesto décimo séptimo, con 70.796.871,32 euros pendientes de pago. El grupo Promaga está compuesto por 24 sociedades, de las que dos están ya en concurso de acreedores por quiebra.

La sociedad también debe dinero a la Tesorería General de la Seguridad Social –en este caso no ha trascendido la cantidad– e incluso se vio envuelta en una supuesta estafa por una promoción de viviendas sin terminar en Ecuador. Una filial de Promaga en el país sudamericano vendió sobre plano unas 1.400 viviendas en Quito destinadas a emigrantes en España, Italia y Estados Unidos. Promaga Ecuador llegó a tener oficinas en Madrid, Barcelona, Murcia, Milán y Nueva York para venderlas y, tras recibir importantes cantidades de ecuatorianos que pensaban que iban a tener unas viviendas con todas las comodidades, las casas se quedaron a medio construir.

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