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Detenidas 16 personas por construir chalés de lujo ilegales en El Zabal

La Línea

Los propietarios habían dividido una parcela con dos sociedades instrumentales para sortear la prohibición

La Policía les seguía el rastro por supuestos vínculos con el narcotráfico

La parcela de El Zabal, ya dividida y con los chalés construidos. / CNP
Redacción

20 de diciembre 2018 - 12:35

La Línea/La Policía Nacional ha detenido en La Línea a 16 personas a las que se acusa de haber construido catorce viviendas unifamiliares ilegales de lujo en parcelas de El Zabal, considerada una zona agraria de especial protección. A los arrestados se les atribuyen delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

La investigación policial se inició ante la creciente proliferación de viviendas nuevas que se estaban asentando en terrenos no urbanizables y de especial protección agrícola de El Zabal. Los propietarios o moradores de las casas estaban siendo seguidos por la Policía desde hacía tiempo por presuntas vinculaciones con el trafico de drogas en el Campo de Gibraltar. Según la versión policial, levantaron los chalés haciendo caso omiso a todas las advertencias del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. Además de la vivienda, se habían construido zonas ajardinadas con todo lujo de detalles que demostraban un nivel de vida no acorde con los ingresos declarados.

Los investigadores comprobaron que los propietarios, de común acuerdo, habían dividido un terreno de especial protección agraria en parcelas amuralladas de unos 800 metros cuadrados, aproximadamente, y comenzaron a construir sus chalets desoyendo las advertencias sobre la ilegalidad.

Todos los chalés investigados son de reciente construcción, con no más de dos años. Durante la inspección de los 14 inmuebles, se detuvo a los 16 propietarios como presuntos autores de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

En el transcurso de la investigación también se comprobó que los detenidos para conseguir la parcelación del terreno rústico habían creado dos sociedades instrumentales o empresas pantalla para sortear la prohibición legal y así poder dividir el terreno en parcelas. Según la documentación analizada, cada uno pagó 2.000 euros por parcela.

La investigación ha sido realizada junto con la Fiscalía de Medio Ambiente y con la colaboración de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de La Línea.

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