Lista: una nueva ley para desenredar la madeja urbanística

Un municipio andaluz tarda una media de nueve años en aprobar un Plan General de Ordenación Urbana, pero en cuatro o cinco puede ver como ha quedado invalidado por los tribunales. Resulta mucho más fácil tumbar un plan urbanístico que ejecutar una tramitación que requiere informes sectoriales de decenas de departamentos de la Administración, con indicaciones que no se complementan o incluso se contradicen. En la Consejería de Ordenación del Territorio han llegado a contabilizar hasta 120 informes exigidos a un plan y algún municipio ha tenido que llegar a cuatro aprobaciones provisionales para poderlo sacar adelante. Y ese maremágnum administrativo afecta también a trámites de menor rango que los PGOU. El urbanismo español se atasca en una normativa estatal, autonómica y municipal de creciente complejidad y con múltiples cambios, apuntan los expertos, y en una clasificación de suelo que ha quedado obsoleta. Los urbanistas, y aquellos que tienen relación con el urbanismo, advierten de que se llega a un punto de bloqueo.

Esas son algunas pinceladas del diagnóstico del panorama urbanístico que cuatro expertos y representantes de la administración dieron ayer en la jornada La situación del Urbanismo en Andalucía, organizada por Europa Sur-Grupo Joly con el patrocinio del Ayuntamiento de La Línea. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga Alberto Ruiz; el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, José María Morente; el socio-director de PAU Urbanismo, Gerardo Roger Fernández; y la directora general de Urbanismo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Compagni, debatieron en el Palacio de Congresos de La Línea sobre el estado actual del desarrollo urbanístico, las posibles soluciones a los problemas planteados y el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

Todos coincidieron en la necesidad de simplificar la muy compleja normativa urbanística. Como recordó Alberto Ruiz Ojeda, “se puede hablar de un urbanismo español” y considerarlo “un caso de éxito”, pero que necesita “introducir flexibilidad”. Y “permeabilizar la muralla”, entendida como una delimitación casi inexpugnable entre lo que es urbano o urbanizable y lo que no lo es. “Si alguien me paga los efectos de gestión de lo que va a hacer y mejora la vida que tengo nunca he sabido comprender cuál es el problema. Necesitamos introducir mecanismos que la hagan permeable. Pagando lo que haya que pagar y haciendo lo que haya que hacer”. Salvo que se tenga que proteger ese suelo, añade.

También aboga el experto por la “eficacia e integración de las infraestructuras en el urbanismo, sorprende que los planificadores fallen ahí”. Y reclama procedimientos “bien vertebrados en los que los informes sectoriales no sean un bloqueo para el proceso”.

La parálisis provocada por esos informes es una queja común entre los planificadores. Cuando se tramita un plan, la normativa obliga a solicitar informes sectoriales a aquellos departamentos que pudieran estar interesados: Medio Ambiente (en sus múltiples variantes), Carreteras, Cultura… En él insiste también Gerardo Roger Fernández, que considera que deberían aunarse todos los informes necesarios en uno único, hecho de forma colegiada, para facilitar la tramitación. Especialmente, en el caso de Medio Ambiente, que es “la madre de todas las batallas” y fuente de muchos bloqueos.

Otra fuente de dificultades son los múltiples cambios normativos que se producen a lo largo de los años. José María Morente recuerda que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la actualmente vigente, ha sufrido 13 cambios en 18 años. “Hacen falta menos normas y más sencillas”, resume. También apunta a la falta de coordinación de las administraciones como otra de las piedras en el camino que se encuentra el desarrollo urbanístico. El resultado son planes bloqueados y municipios que no pueden desarrollar sus zonas residenciales, industriales o grandes equipamientos.

Aunque “no todos los problemas vienen de la legislación urbanística”, advierte Morente, sino que “otra parte llega de las administraciones municipales y los redactores de planeamiento”. El ex director general de Urbanismo de la Junta destaca que “ha habido por parte de los redactores cierta desconfianza” respecto al trabajo posterior y en lugar de hacer las determinaciones generales que marca la ley para un PGOU “dan un gran nivel de detalle. Eso crea un sistema muy rígido, estamos condicionado incluso aunque sea a un nivel no vinculante”.

Hay un consenso en la necesidad de cambiar la normativa urbanística y el sistema en general, que en buena parte sigue siendo el planificado para la transformación urbana de la ciudad industrial del siglo XIX. Y en ese contexto surge la Lista, la ley impulsada por el Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta que ha reiniciado sus trámites tras haberse bloqueado su tramitación parlamentaria. “El objetivo era simplificar el contenido, consideramos que es fundamental. Es una ley clara, realista, que recoge la legislación básica estatal. Hemos intentado ajustar las clases de suelo, las categorías, que el promotor o futuro inversor sepa qué régimen jurídico va a tener”, explica María del Carmen Compagni.

La Junta de Andalucía también parte del precepto de que la ley se adapte a los municipios. Será una norma base que desarrollará buena parte de su eficacia a través de los reglamentos, en los que asegura que ya se está trabajando.

“¿Servirá para solventar los problemas del urbanismo en Andalucía?”, preguntó en la mesa redonda el director de Europa Sur, Javier Chaparro. “Era necesaria una reforma normativa”, contestó Alberto Ruiz, “y creo que lo importante es el proceso, abrir un debate ciudadano, técnico y empresarial para que la nueva ley sirva para eso. Me parece fundamental la idea de un bloque normativo coherente, porque si no, no solucionamos el problema”. La simplificación que trae la norma es una “buena ocpión” si tiene esto en cuenta.

En esa idea insiste Gerardo Roger Fernández, que advierte que “la esforzada simplificación del contenido y determinaciones de la Lista exige la promulgación ‘en paralelo’ de su desarrollo reglamentario” y sugiere que se añadan algunas disposiciones para evitar interpretaciones “creativas”. Asimismo, “debería regularse el contenido esencial de las Memorias de Viabilidad Económica y de los informes de Sostenibilidad Económica”.

El proyecto de ley acaba de ser aprobado por segunda vez por el Consejo de Gobierno después de que el Parlamento andaluz la devolviese, rechazando iniciar su tramitación. El Gobierno andaluz espera que pueda volver a la Cámara en julio para, esta vez sí, iniciar el trámite parlamentario. Compagni deseó que el PSOE se incorporase al debate de la nueva ley, recordando que entre esta y la norma redactada por el anterior Gobierno “hay un 70% de coincidencias y lo que no lo son, son matices. Estoy convencida de que si aportan será para bien. Son conscientes, como todos, de que es una ley necesaria, urgente”.

La delegada territorial de Fomento en Cádiz, Mercedes Colombo, cerró la jornada deseando que “sirva para que podamos concienciar a esos grupos políticos que todavía no están concienciados de la importancia de esta ley. Que intervengan para mejorarla, pero que no la paren porque es muy importante que se ponga en marcha para el desarrollo económico y social de Andalucía”.