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El PGOU de La Línea, solución al desmadre urbanístico

El documento estará listo en marzo de 2021 para ser remitido a la Junta de Andalucía

“Somos conscientes de que hay un problema relacionado con el narcotráfico, pero el PGOU no trata de beneficiar a unos delincuentes”, se asegura desde el Ayuntamiento

Una parcela, con un viejo cartel de "se vende". / Nacho Marín

La Línea/El futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Línea se presenta como clave de bóveda para dar una solución a las centenares, quizá miles de viviendas ilegales construidas en El Zabal al margen del ordenamiento. La idea que maneja el Ayuntamiento es que estos suelos agrícolas de especial protección pasen a ser una zona urbana no consolidada para dotarlos de infraestructuras básicas -como el suministro de agua y de electricidad, así como el alcantarillado y el asfaltado de los caminos- cuya habilitación correría, a priori, a cargo de los vecinos.

El equipo de gobierno que dirige Juan Franco (La Línea 100x100) entiende que la demolición de las miles de viviendas existentes en El Zabal es prácticamente inviable a estas alturas y planea la división de la barriada en 17 unidades diferenciadas para ir dando solución a cada una de ellas de forma independiente, a fin de aplicar medidas específicas y no condicionar la solución del problema a una estrategia global encorsetada.

"Somos conscientes de que hay un problema relacionado con el narcotráfico, pero el PGOU no trata de beneficiar a unos delincuentes, sino de dar solución a un problema urbanístico que lleva años enquistado", apuntan fuentes municipales.

El próximo mes de octubre, el gobierno local llevará al Pleno municipal para su aprobación provisional el proyecto de PGOU, una vez resueltas las alegaciones realizadas al documento inicial. Pasado este trámite, el texto volverá a exposición pública para la presentación de nuevas propuestas de modificación, con el objetivo de que en marzo de 2021 se apruebe con las correcciones que pudiera haber. El último paso será su remisión a la Junta de Andalucía, que será la encargada del darle el visto bueno definitivo.

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