El Supremo tumba el referéndum de Juan Franco para convertir La Línea en ciudad autónoma

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la negativa del Gobierno a autorizar la consulta popular solicitada por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción a través de su alcalde, Juan Franco, para convertirse en ciudad autónoma al considerar que "excede absolutamente de los intereses meramente locales" por afectar a la organización territorial del Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia ponencia de su presidente, Pablo Lucas, ratifica el acuerdo adoptado el 25 de octubre de 2022 por el Consejo de Ministros que denegó la consulta popular, aprobada el 10 de marzo de ese año por el consistorio local sin votos en contra y con dos abstenciones. La pregunta a realizar en el referéndum era: "¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción eleve al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales una petición para instar la conversión del municipio en comunidad autónoma de acuerdo con el artículo 144 a) de la Constitución española?".

El Gobierno municipal invocaba el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual "los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".

Sin embargo, el Supremo aclara que la citada consulta no puede ampararse en dicho artículo porque "incide en la organización territorial del Estado y de las Comunidades Autónomas, materia extremadamente delicada sobre la que cualquier alteración excede absolutamente de los intereses meramente locales".

"Parece claro que erigir un municipio en comunidad autónoma afecta directamente al ordenamiento estatal y autonómico, pues incide en la organización territorial del Estado, altera la composición territorial de la comunidad autónoma, en este caso la de Andalucía y, por tanto a su Estatuto de Autonomía, y es ajeno a la competencia municipal", detalla la Sala Tercera.

Además, descarta la analogía que hace La Línea con el caso de la fusión de los municipios de Villanueva de la Serena y Don Benito. "En nada se parece (...) La diferencia es tan manifiesta que no requiere de mayor explicación", zanja el alto tribunal.

Pasividad injustificada

Para el Supremo, "es correcta materialmente la denegación de la autorización aunque formalmente haya habido pasividad injustificada" en la tramitación del procedimiento.

El tribunal aprecia esta "pasividad" en el hecho de que el Ayuntamiento de La Línea inició el 15 de marzo de 2022 el proceso para que el Gobierno diera luz verde a la consulta, sin obtener respuesta hasta el acuerdo del 25 de octubre de ese año en Consejo de Ministros.

Empezó por comunicárselo a la Junta de Andalucía, que el 12 de abril envió la solicitud y el expediente por correo electrónico al Ministerio de Administración Territorial. "Ante la falta de respuesta" y "habiendo pasado más de tres meses", La Línea pidió certificación para interpretar este silencio como positivo. El Consistorio alegaba que, dado que esos tres meses son el plazo legal establecido con carácter general para apreciar el silencio positivo por parte de las administraciones públicas, el acuerdo posterior del Consejo de Ministros "vulnera el ordenamiento jurídico".

El Supremo concede que "no se hizo nada al respecto y solamente tras recibirse en el Registro del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática la petición por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción del certificado de silencio administrativo positivo (...) se pone en movimiento la Administración General del Estado".

Así, expone que "el problema surge por el medio utilizado para hacer llegar desde la Junta de Andalucía al Ministerio de Administración Territorial la solicitud y la documentación que la acompañaba", porque se hizo por correo electrónico sin usar un registro oficial, conforme adujo la Abogacía del Estado.

"No es coherente"

No obstante, para los magistrados "resulta significativo que el propio Consejo de Ministros reconozca que 'la solicitud se recibió por correo electrónico' y que 'es práctica habitual' utilizar ese medio" pero al mismo tiempo "aduzca que 'no se llegó a presentar de manera oficial".

"Lo procedente cuando llegó el correo electrónico del 12 de abril de 2022 hubiera sido que se le solicitara a la Junta de Andalucía que presentara la documentación en el registro o remitir directamente a éste la recibida, en ningún caso, la pasividad que adoptó la administración, que no es coherente", recrimina el TS.

Pese a ello, incide en que "la utilización que ha hecho (La Línea) del artículo 71 desnaturaliza absolutamente el procedimiento e impide darle el tratamiento que se dispensa a aquellas solicitudes que sí se inscriben en el marco que la ley asigna a las consultas populares locales y, en particular, junto a la singularidad procedimental, impide que juegue el silencio positivo".

El proyecto de la ciudad autónoma, paso a paso

El Ayuntamiento de La Línea puso sobre la mesa por primera vez el planteamiento de la conversión del término municipal en una ciudad autónoma en noviembre de 2018. La iniciativa de Juan Franco nacía de la disconformidad con el Plan integral para el Campo de Gibraltar, aprobado por el Gobierno.

Franco se mostró muy crítico con el hecho de que el proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar los efectos del narcotráfico y del Brexit sobre la vecina colonia de Gibraltar (un importante fleco todavía pendiente de resolver) no contemplase ayudas específicas para La Línea.

El paquete de medidas apuntaba únicamente a la creación de un juzgado adicional y más presencia policial, mientras se comprometía a mejoras para carreteras e infraestructuras en otras localidades de la comarca.

La idea de La Línea como ciudad autónoma surgió solo cuatro años después de que se fraguara el partido que a día de hoy gobierna el municipio con mayoría absoluta (La Línea 100x100, con 22 de los 25 concejales de la corporación municipal) y con uno de los alcaldes más votados de España. La propuesta de convertir La Línea en ciudad autónoma fue una de sus principales propuestas electorales de Franco, tanto en los comicios de 2019 como en los de 2023.

Administrativamente, el proyecto de la ciudad autónoma debía ser consultado a la ciudadanía, por lo que el Consistorio activó el procedimento el 8 de julio de 2021 con la aprobación en el Pleno municipal del inicio del expediente para solicitar autorización para la consulta.

Los "hechos diferenciales" de La Línea

El Ayuntamiento sostenía la petición debatida en “diversas claves diferenciadoras” del municipio: La Línea es el único municipio español que comparte frontera con un enclave extranjero pendiente de descolonización, según Naciones Unidas; la dependencia del municipio respecto a la economía del Peñón; su contigüidad con un aeropuerto internacional; la necesidad de dotarla de recursos e infraestructuras para paliar su déficit notable en múltiples ámbitos socio-económicos; la importancia de que sus intereses específicos y los de sus ciudadanos afectados por todo lo anterior, se vean representados en comisiones multilaterales o trilaterales con el Peñón; y la necesaria adaptación de su régimen fiscal y tributario a la realidad de la comarca, donde La Línea de la Concepción coexiste con un territorio en el que las condiciones fiscales son sumamente laxas.

En marzo de 2022, el Pleno municipal ratificó el procedimiento con un nuevo trámite para elevar formalmente la propuesta al Consejo de Ministros.

Durante el verano de 2022, el Ayuntamiento linense alertó de la falta de respuesta apuntando a la posibilidad de un silencio administrativo positivo. Algo que el Gobierno negó en octubre apelando a que aún estaba dentro de los plazos.