El TSJA ratifica la anulación de la ampliación del contrato a Aqualia
Desestima el recurso presentado por la concesionaria al que se adhirió el Ayuntamiento · El Consistorio deberá devolver a la empresa 4,7 millones de euros al quedar sin efecto los acuerdos plenarios de 2005
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó en noviembre el recurso de apelación presentado por la empresa Aqualia, al que se adhirió el Ayuntamiento, contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras que anuló el año pasado la ampliación del contrato a la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable hasta 2026. Esta resolución del TSJA es firme, por lo que no caben más recursos.
Así lo anunció ayer el PSOE en el transcurso de una rueda de prensa en la que comparecieron la secretaria general de la agrupación local, Gemma Araujo, y el abogado Marco de Felipe Segovia.
A este respecto, recordaron que, en enero de 2005, el equipo de gobierno del PP que entonces encabezaba Juan Carlos Juárez aprobó prorrogar el contrato a Aqualia en compensación por la ejecución de unas obras urgentes de mejora de la red de abastecimiento valoradas en 1,7 millones de euros, ya que esta concesionaria es responsable de los trabajos de conservación pero no de los de mejora, ampliación o renovación. Por otro lado, Aqualia abonó al Consistorio la cantidad de tres millones de euros en concepto de canon inicial de prórroga y adelanto del canon anual variable correspondiente al periodo 2005-2026.
Estos acuerdos fueron llevados a los juzgados por el portavoz del grupo municipal socialista, Miguel Tornay. A finales del año pasado, el juzgado de lo Contencioso de Algeciras dio la razón al denunciante, al entender que una empresa concesionaria no puede ser compensada con una ampliación del contrato sino con una cantidad económica. Al mismo tiempo, estimó que se había vulnerado el principio de libre concurrencia, impidiendo que otras empresas pudieran optar al contrato de abastecimiento de agua potable hasta 2026.
Para los socialistas linenses, la ratificación por parte del TSJA de que la prórroga fue "una ilegalidad demuestra que lo que perseguía el equipo de gobierno era la realización de unas obras sin coste alguno y conseguir dinero fácil para hacer frente a gastos corrientes, o lo que es lo mismo hacerse con dos préstamos descubiertos".
Araujo agregó que el Ayuntamiento tendrá que asumir ahora "los efectos y consecuencias de esta resolución. En primer lugar, la concesión a Aqualia vuelve a finalizar en 2015 y por otro lado, el Consistorio tendrá que devolver los tres millones de euros y pagar el dinero de las obras. Unos trabajos que, por cierto, no se realizaron en tiempo y forma a pesar de lo urgentes que eran y sobre las que el interventor municipal reconoció, en un informe de febrero de este año, que no existe proyecto alguno", puntualizó la secretaria general.
Gemma Araujo añadió que su partido va a estar muy atento a los movimientos que adopte el equipo de gobierno a partir de estos momentos, "ya que lo que debe hacer es acatar la sentencia de 2008. Confiamos en que el alcalde del talante cumpla el fallo y no incurra en una desobediencia", apuntó.
De otra parte, anunció que los socialistas van a "garantizar que los intereses de los ciudadanos de La Línea no salgan perjudicados", razón por la que solicitará que el canon de mejora que se les está cobrando desde el segundo trimestre del año pasado sea devuelto. "Además, pediremos responsabilidades personales y patrimoniales a todos y cada uno de los concejales que votaron a favor de estos acuerdos plenarios si fuese necesario", dijo.
Este diario contactó ayer con el alcalde, Alejandro Sánchez, para conocer una primera valoración. El primer edil atendió la llamada pero expuso su deseo de estudiar el asunto antes de pronunciarse de manera oficial.
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