El Tribunal Supremo, una vía de recurso para la negativa a la ciudad autónoma en La Línea

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se ha comprometido a llegar "hasta donde haga falta" para defender la celebración de una consulta popular sobre la conversión del término municipal en una ciudad autónoma.

Ante la negativa del Consejo de Ministros a la celebración del referéndum, el Ayuntamiento linense tiene como una de sus principales respuestas jurídicas la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

Algo que el propio gobierno local ya contemplaba desde el mismo momento en que activó el proceso, en julio de 2021, con la aprobación del inicio del expediente municipal.

El entonces portavoz municipal de La Línea 100x100, Helenio Fernández, explicó que la consulta popular debía ser autorizada por el Gobierno y apuntó que si el Ejecutivo rechazaba la propuesta -lo que a la sazón acaba de suceder- "el Gobierno local acudirá al Tribunal Supremo a demandar ese derecho".

El proyecto de la ciudad autónoma, paso a paso

El Ayuntamiento de La Línea puso sobre la mesa por primera vez el planteamiento de la conversión del término municipal en una ciudad autónoma en noviembre de 2018. La iniciativa del alcalde, Juan Franco, nacía de la disconformidad con el entonces flamante Plan integral para el Campo de Gibraltar aprobado por el Gobierno.

Franco se mostró muy crítico con el hecho de que el proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar los efectos del narcotráfico y del Brexit sobre la vecina colonia de Gibraltar (un importante fleco todavía pendiente de resolver) no contemplara ayudas específicas para La Línea.

El paquete de medidas apuntaba únicamente a la creación de un juzgado adicional y más presencia policial mientras se comprometía a mejoras para carreteras e infraestructuras en otras localidades de la comarca.

La idea de La Línea como ciudad autónoma surgió solo cuatro años después de que se fraguara el partido que a día de hoy gobierna el municipio con mayoría absoluta (La Línea 100x100, con 21 de los 25 concejales de la corporación municipal) y con uno de los alcaldes más votados de España, hitos logrados en mayo de 2019 con la propuesta de convertir La Línea en ciudad autónoma como una de sus principales propuestas electorales.

Administrativamente, el proyecto de la ciudad autónoma debía ser consultado a la ciudadanía, por lo que el Consistorio activó el procedimento el 8 de julio de 2021 con la aprobación en el Pleno municipal del inicio del expediente para solicitar autorización para la consulta.

En dicho Pleno incluso se abordó la propuesta del texto que debía figurar en las papeletas: "¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción eleve al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales una petición para instar la conversión del municipio en comunidad autónoma, de acuerdo con el art. 144 a) de la Constitución Española?".

El Ayuntamiento sostenía la petición debatida en “diversas claves diferenciadoras” del municipio: La Línea es el único municipio español que comparte frontera con un enclave extranjero pendiente de descolonización, según Naciones Unidas; la dependencia del municipio respecto a la economía del Peñón; su contigüidad con un aeropuerto internacional; la necesidad de dotarla de recursos e infraestructuras para paliar su déficit notable en múltiples ámbitos socio-económicos; la importancia de que sus intereses específicos y los de sus ciudadanos afectados por todo lo anterior, se vean representados en comisiones multilaterales o trilaterales con el Peñón; y la necesaria adaptación de su régimen fiscal y tributario a la realidad de la comarca, donde La Línea de la Concepción coexiste con un territorio en el que las condiciones fiscales son sumamente laxas.

Ya en marzo de este año, el Pleno municipal ratificó el procedimiento con un nuevo trámite para elevar formalmente la propuesta al Consejo de Ministros.

Durante el pasado verano, el Ayuntamiento linense alertó de la falta de respuesta apuntando a la posbilidad de un silencio administrativo positivo. Algo que el Gobierno negó en octubre apelando a que aún estaba dentro de los plazos. La respuesta negativa ha sido finalmente anunciada por el Consejo de Ministros este martes.