El Zabal: cerco al narcotráfico y al blanqueo de capitales

La Línea/“Si les quitas la droga les haces daño, pero siempre pueden hacerse con más porque mantienen una buena relación con sus proveedores; lo que realmente les duele es que les toques su patrimonio, sus coches, sus motos, las casas en las que viven con sus familias y en las que han invertido buena parte de lo que han ganado traficando”. Lola se expresa con firmeza y convencimiento tras un año dedicada en cuerpo y alma a la investigación y persecución de las redes de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en La Línea de la Concepción, adonde llegó siendo aún una agente de Policía Nacional en prácticas.

Lola no quiere fotos ni que aparezca su nombre real por razones obvias, aunque aclara que nunca se ha sentido atemorizada en La Línea, un pueblo costero marcado por su vecindad con Gibraltar y su cercanía a Marruecos: el Peñón es desde tiempo inmemorial tierra de contrabando -ahora, de tabaco en cantidades ingentes- mientras que del otro lado del Estrecho viene el hachís que se consume en toda Europa. La Línea paga un alto precio por su servidumbre como puerta de entrada.

La mayor parte de los vecinos están hastiados del círculo vicioso que generan ambos fenómenos y de la imagen distorsionada que muchas veces se proyecta de la localidad al exterior. Lejos del museo Cruz Herrera, de las terrazas de la Calle Real o del Mercado de la Concepción, el todoterreno policial sortea como puede los baches en los caminos de El Zabal, una urbanización construida de manera ilegal sobre suelos agrícolas de especial protección y que ocupa una superficie de unos 4 kilómetros cuadrados, prácticamente la misma extensión que la que posee el casco urbano consolidado de La Línea. Puede incluso que más. Las casas más antiguas de la barriada son construcciones modestas, levantadas hace dos o tres décadas y cuyas fachadas dan al exterior, sin nada que ocultar; no ocurre así con las más nuevas, lujosos chalés -por lo general, de una sola planta- levantados en el interior de urbanizaciones casi herméticas, protegidas con muros de varios metros de altura a lo largo de su perímetro.

Cada una de estas parcelas cerradas, a las que se accede a través de un portón en cada extremo, ronda la hectárea de extensión y su interior se divide, a su vez, en diez o más propiedades particulares de diferente tamaño, formando urbanizaciones cuya angustiosa estructura se suele repetir en todas ellas: una sola calle interior flanqueada a derecha e izquierda por otros muros. Tras ellos están las casas, tan solo visibles desde el aire.

En cada esquina hay cámaras de vigilancia para controlar todo movimiento y la presencia de la patrulla con los periodistas en los asientos traseros no ha pasado desapercibida. Prácticamente no se ve a nadie, pero siempre hay alguien que se incomoda cada vez que el fotógrafo baja del vehículo a captar imágenes: transcurren apenas unos segundos hasta que una moto, un coche o un peatón salidos de no se sabe dónde pasan a nuestro lado mirando con escaso disimulo al interior del vehículo. Lola les mantiene la mirada y les saluda con un buenos días bien audible y una sonrisa: “No hay que perderles la cara, tienen que saber que aquí no mandan”. La prioridad es mantener el principio de autoridad policial sobre los delincuentes.

Plan Bahía

Desde octubre de 2018, cuando se activó el Plan Bahía para la investigación de delitos económicos, patrimoniales y contra el blanqueo relacionados con el narcotráfico, la Policía Nacional ha cerrado una docena de operaciones, cuatro de las cuales se han centrado sobre otras tantas urbanizaciones. El balance habla por sí solo: 61 detenidos por delitos urbanísticos y 31 por blanqueo de capitales, a los que hay que sumar múltiples imputaciones por narcotráfico, pertenencia a banda criminal, tenencia ilícita de armas… Se han dictado 39 resoluciones judiciales de prohibición de disponibilidad de las viviendas y se han embargado 250 vehículos (muchos de ellos, de alta gama), 66 embarcaciones y motos de agua, además de una veintena de cuentas corrientes. También se han recuperado muchísimos coches robados, especialmente potentes todoterrenos capaces de transitar por la arena de la playa y a los que se les quitan los asientos traseros para poder transportar más fardos.

Solo en La Línea y haciendo una estimación a la baja, el valor del patrimonio aflorado e inmovilizado por la Policía Nacional en el último año y medio se aproxima a 8,5 millones de euros. Y lo que es más importante para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: se ha logrado meter entre rejas a los jefes de muchas de estas redes criminales.

En una de las operaciones se detuvo, por ejemplo, a la esposa y padres de Samuel Crespo, lugarteniente de los Castaña y famoso por haber protagonizado en febrero de 2018 una fuga estando detenido en el viejo hospital de La Línea, donde la Policía le había llevado para curarle de sus heridas tras caerse de una moto. Samu fue arrestado nuevamente cuatro meses más tarde, en una finca de Jimena bajo protección de la mafia calabresa. Según la Policía Nacional, la investigación sobre su patrimonio y la de su familia también desveló que se habían visto agraciados con un premio de lotería, una circunstancia frecuente en el mundo del narcotráfico con el que sus miembros tratan de justificar su elevado patrimonio. En el caso de Samuel Crespo y los suyos, cuatro inmuebles y varios vehículos, pese a que no se les conoce trabajo alguno. Legal, se entiende.

“En más de una ocasión hemos descubierto que, pese a su alto nivel de vida, muchas de las personas que detenemos son beneficiarias de prestaciones sociales o cobran pensiones por discapacidad, aunque se dediquen a llevar fardos de hachís por la noche”, se lamenta Lola.

Urbanismo y narcos

La Policía Nacional fue pionera a la hora de trabajar en La Línea de la mano de la Fiscalía de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para atajar los delitos contra la ordenación del territorio y, a partir de ellos, demostrar que la construcción de las viviendas, la adquisición del mobiliario y demás patrimonio han sido pagados con fondos procedentes del narcotráfico. En dos de las casas intervenidas, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) descubrieron zulos para esconder droga o dinero. Uno de ellos se situaba bajo un plato de ducha que ocultaba 52 fardos de hachís, con un peso de 1.560 kg. A veces, los narcos son menos sofisticados y esconden los billetes enrollados y envueltos en plástico bajo los sanitarios del cuarto de baño.

A las cuatro operaciones culminadas por la Policía Nacional se suma la llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado 29 de junio bajo la dirección de la Fiscalía Antidrogas y en la que se detuvo a 38 personas, once de las cuales han ingresado en prisión provisional. En esa manzana podrida de viviendas tenía su residencia temporal la crème de la crème del gremio, desde los Castañas a Kiko el Fuerte, pasando por El Pantoja, el gibraltareño Gareth Mauro o El Potito, estos dos últimos con órdenes de detención en vigor.

Las imágenes captadas ese día daban cuenta del dinero gastado en las viviendas, la mayor parte de ellas rodeadas de grandes extensiones de césped artificial, palmeras y columpios infantiles. “Ya he visto tres piscinas con el escudo del Real Madrid dibujado con azulejos en el fondo”, afirma Ramón, nombre también ficticio de un policía nacional con diez años de experiencia que se conoce bien cada recodo del barrio. El dinero se gasta por gastar, a veces con dudoso gusto o utilidad: la estatuas de budas en los jardines o los elefantes y las manos de Fátima grabadas en piedra en las fachadas dan idea de su sentido de la decoración. Lola añade detalles: “Nos topamos con una casa en la que había un televisor de pantalla plana en cada habitación y otra en la que había un ordenador Apple para cada miembro de la familia”. En otra ocasión descubrieron un paso subterráneo que comunicaba unas casas con otras.

¿Cuántas pequeñas urbanizaciones de este tipo hay en El Zabal? Puede que cien, puede que doscientas o más porque el barrio sigue extendiéndose allí donde antes se cultivaban tomates y pimientos. Pocos saben dónde empieza y termina esa maraña de estrechos caminos, sin nombres ni números en las cancelas y en los que hay que manejarse por coordinadas de geolocalización. No hay suministro de agua potable ni servicio de recogida de basuras y los enganches ilegales de electricidad son norma habitual.

La Udef y la Udyco guardan silencio total sobre el número de investigaciones en curso. Calculan que entre el 70 y el 80% de las casas de El Zabal tiene un origen poco claro o sospechoso, pero añaden que “también hay gente normal, que vive de lo que trabaja y que también son perjudicados”.

Entre los supuestos narcos y entre quienes sacan provecho de su actividad los hay “más listos porque quieren pasar más desapercibidos: viven en Sotogrande o en la Costa del Sol”, apunta la policía. Es el caso de Juan de los Reyes Muiño, significado miembro del clan de Los Pelúos y pareja de la secretaria municipal de Jimena, Cayetana Marmolejo. Ambos fueron detenidos, junto a los padres de él, en noviembre de 2019 por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en el marco de la operación Toro contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Los cuatro están ya a la espera de juicio. El gimnasio propiedad de Muiño y localizado en una nave en las afueras de El Zabal permanece cerrado, con el precinto policial aún visible en la puerta. Al otro lado de la calle, desde otra nave, alguien vuelve a mirar al fotógrafo con cara de pocos amigos.