Araujo defiende que no tuvo nada que ver con la gestión de la RTV municipal de La Línea

La Línea/La exalcaldesa de La Línea, Gemma Araujo, defiende que no tuvo nada que ver con la gestión de la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco), cuyo concurso de acreedores es considerado culpable por el fiscal y los acreedores personales, porque solo fue presidenta del consejo de administración durante “escasos minutos”. En su escrito de oposición a la calificación del concurso como culpable, Araujo, a través de su procuradora, recuerda que el 29 de agosto de 2011 se celebró una junta general ordinaria de Somdeco y fue nombrada miembro del consejo de administración, “pero ese consejo duró minutos porque se acordó la disolución, liquidación y la extinción de la sociedad, con el consiguiente nombramiento de un liquidador”, el entonces teniente de alcalde Francisco Espada.

Araujo afirma que “nada tenía que ver” con la mercantil Somdeco y que durante los “pocos minutos” que ostentó el cargo de presidenta del consejo de administración en su condición de alcaldesa “pocas actuaciones pudo llevar a cabo”. “Salvo una, instar a la disolución de la mercantil a la vista de que existía causa más que justificada para ello. El no haberlo hecho si que hubiese sido criticable y asumible como objeto de responsabilidad”, defiende en su escrito de oposición.

“Acordada la liquidación de la sociedad y nombrado un liquidador, cesa el cargo de miembro del consejo de administración. En este caso fue efímero, en ese lapso difícilmente puede achacarse actuación alguna, ni a favor ni en contra de la sociedad, y aquella única actuación fue el nombramiento del liquidador”, continúa el escrito presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, que incide en que Araujo “no aceptó el cargo porque seguidamente se nombró al liquidador”.

Aunque el fiscal y los acreedores personados, cuatro extrabajadores de la radiotelevisión municipal, consideran que el concurso es culpable -por lo que los consejeros deberían pagar la deuda con su patrimonio personal-, al entender que en la generación del estado de insolvencia de la sociedad ha existido culpa grave por parte del consejo de administración basándose en los estados contables. Destacan que se incumplió el deber de presentar en tiempo la declaración del concurso, ya que desde el año 2009 el pasivo exigible era mayor que el activo circulante.

El fiscal destaca que el Ayuntamiento financiaba casi de forma exclusiva el funcionamiento de la sociedad, de tal forma que cuando dejó de hacerlo en 2013 dejó de tener viabilidad. Además, indica que dese al acuerdo de la junta general extraordinaria del 1 de septiembre de 2011, en la que se acordó la disolución y liquidación, la solicitud de concurso no se produjo hasta el 22 de octubre de 2014. Las deudas desde ejercicio de 2010 ascendían a 1,2 millones de euros, mientras que en 2013 ascendieron a 1,3 millones. Tampoco, según el fiscal, se cumplió la obligación de presentar las cuentas en el registro mercantil desde 2009.

Sin embargo, el administrador concursal califica el concurso como fortuito, por lo que los presuntos responsables salvarían su patrimonio.

En el escrito, Araujo señala que la sociedad no tenía la obligación de auditar sus cuentas, ya que solo es obligatorio cuando supere los límites establecidos por la ley, y los de Somdeco estaban lejos de cumplirlo. También recuerda que con la solicitud del concurso voluntario se aportaron las cuentas anuales de 2011 y 2012, aprobadas por la junta general.

El liquidador, Francisco Espada, defiende en su escrito de oposición que su actuación fue “impecable”, ya que “no hay dato alguno que pueda considerar que desde su nombramiento hasta la presentación del concurso haya agravado la deuda que la sociedad tenía, ya que venía arrastrada desde antes de mayo de 2011”. También señala que el concurso fue solicitado “cuando la situación de la sociedad llegó a un estado en el que ya había satisfecho el mayor numero de deudas que la mercantil tenia”.

El ex teniente de alcalde reitera que las deudas son anteriores a 2011. “El personal fue despedido por un ERE para evitar que la sociedad generase más deudas” y afirma que el incremento de la deuda de 2011 a 2013 fue por “débitos anteriores a 2011, no generadas en ese periodo”.

“La decisión adoptada por el liquidador de cerrar y cesar la actividad fue arriesgada, pero la única que podía acordarse a fin de evitar que la deuda fuese ampliándose”, subraya Espada.

Sobre la demora en solicitar el concurso, el liquidador destaca: “En ese periodo de insolvencia se intentó por parte de todas las partes implicadas buscar soluciones para no cerrar la empresa y mantener puestos de trabajo de muchas familias con el fin de no perjudicar a los trabajadores”. Además, sostiene que actuó “en beneficio tanto de la empresa como de sus empleados” y achaca la situación de la sociedad “a la gestión anterior y a la crisis”.