La Línea denuncia las demoras para acceder a la renta mínima de inserción

La Línea/El teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de La Línea, Helenio Lucas Fernández, ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz en el que denuncia el incumplimiento del Decreto-Ley que regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en vigor desde hace apenas un año. El edil lamenta que la Administración andaluza ha descargado sus labores sobre los servicios sociales de los ayuntamientos y que se ha resuelto el 22,91% de los expedientes enviados, de un total de 803, y que solo el 3,86% se ha respondido de forma positiva.

“La Junta se comprometió a crear una plataforma electrónica para elaborar el plan de inclusión sociolaboral por medios telemáticos junto al Servicio Andaluz de Empleo y, a través de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, a reforzar la dotación de personal de los servicios sociales comunitarios, además de incrementar el presupuesto. A punto de concluir el año 2018, el Ayuntamiento de La Línea ha hecho todo lo posible por llevar a cabo las tareas que se nos imponen, pero solo hemos recibido un refuerzo de tres trabajadores sociales hace tres meses que finalizan contrato en los primeros días de enero para poner al día los expedientes de los solicitantes, sin que hasta la fecha se nos haya notificado la resolución para la que se incorporaran los trabajadores que llevaran a cabo el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas”, explica el teniente de alcalde.

En La Línea se han tramitado y enviado 803 solicitudes, de las cuales en trámite hay cuatro, se ha requerido mas documentación para 42; tres han sido archivadas; denegadas hay 67 e inadmitidas, 24. Solo han sido concedidas 31 rentas y de estas, los trabajadores sociales de refuerzo están elaborando los planes de inclusión, de los que se han terminado y enviado a delegación en Cádiz, 13. Solo se ha resuelto el 22,91% de los expedientes enviados y solo el 3,86% de forma positiva.

Helenio Fernández considera que “no es normal, pues se trata de personas que están en exclusión o en riesgo de estarlo, y a las que el citado decreto garantiza un plazo para resolver y notificar la resolución de dos meses. No es de recibo la demora en la resolución, demora que los ciudadanos afectados no alcanzan a comprender y requieren, a veces de malos modos, dada su desesperación, a los trabajadores sociales municipales, respuestas a sus peticiones que, obviamente, no les pueden dar”, advierte el edil.