Un juzgado de La Línea abre diligencias previas por la ausencia de control de pasaportes para entrar en España desde Gibraltar

Cada día, miles de gibraltareños acceden a España sin necesidad de presentar su pasaporte, un requisito ineludible para el resto ciudadanos de terceros países ajenos a la UE. Esta situación es una excepción en el marco de las fronteras europeas, regidas por el Código Schengen. No hay un solo papel, una instrucción por escrito, una norma que avale esa práctica en beneficio de los llanitos, establecida verbalmente -desde antes de la activación del Brexit, el 31 de enero de 2021- para que haya fluidez en el paso de las personas por la Verja que separa el Peñón de La Línea de la Concepción. Es un gesto de buena voluntad basado en un quid pro quo: España hace la vista gorda con los llanitos (no así con el resto de británicos o personas de otras nacionalidades) y las autoridades de la colonia británica hacen lo propio con los alrededor de 15.000 españoles y nacionales de otros países -sobre todo, de la UE- que trabajan a diario en ella, más muchos turistas.

Esa ausencia de control de los pasaportes supone un incumplimiento del Código de Fronteras Schengen y cuestiona la seguridad en la Verja como frontera exterior de la UE, un punto caliente situado a escasos metros del aeropuerto de Gibraltar, adonde llegan a diario decenas de vuelos de diversos países con pasajeros de diferentes nacionalidades, y de su puerto.

A juicio del denunciante, se da "una situación insostenible" para los policías destinados en el Puesto Fronterizo, "ya que a la hora de realizar los controles fronterizos se encuentra atrapado en una peligrosa laguna legislativa de arenas movedizas"

En la Verja, los llanitos pasan por el control de pasaportes de forma laxa, mostrando únicamente su identitycard (ID) a los policías nacionales, quienes en más de una ocasión han detectado a personas portando una identificación ajena o falsificada. ¿Se ha colado alguien por esa vía? ¿Quiénes y con qué fin habrían entrado en la UE? A priori y con la normativa europea en la mano, la única forma de evitar problemas de seguridad consiste en requerir el pasaporte a cada ciudadano y sellarlo, dejando constancia de su fecha de entrada en España, el motivo de su estancia, lugar de residencia durante la misma, sus medios económicos… Un trámite que a menudo resulta engorroso, pero que se repite en cualquier frontera exterior de Europa y del resto de países, en algunas ocasiones, previo pago de un visado de entrada.

Denuncia por prevaricación y coacciones

Esta situación hizo que, el pasado 22 de noviembre, el inspector jefe de la Policía Nacional responsable del puesto fronterizo existente entre Gibraltar y La Línea presentase una denuncia contra sus superiores inmediatos ante los juzgados de la ciudad española. Prevaricación y coacciones son los delitos que este mando policial, con 26 años de experiencia en el cuerpo y dos como inspector jefe, aprecia en su denuncia tras haber recibido en numerosas ocasiones, al igual que algunos de sus subordinados, órdenes verbales para que incumplan las normas Schengen, situación que, a su juicio, les sitúan en total indefensión e inestabilidad profesional.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Sur, recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea. Su titular, la juez Alba Serrano, tras un análisis preliminar, ha admitido a trámite la denuncia y abierto diligencias previas, tras las que deberá valorar si da inicio a un procedimiento de investigación dando parte a la Fiscalía, admite la personación en el procedimiento del inspector jefe y declara como investigados a los mandos policiales a los que se apunta en la denuncia de forma expresa. Serrano, decana de los juzgados La Línea, recibió el pasado 5 de diciembre la Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local de la ciudad "por su implicación, profesionalidad y dedicación, así como por su integración en la dinámica social" del municipio.

El inspector jefe relata haber sido objeto de amenazas de sanción y cómo un subordinado suyo recibió órdenes verbales “dejar de aplicar los artículos 6 y 11 del Código de Fronteras Schengen a los ciudadanos gibraltareños”

Antes de acudir ante los juzgados de La Línea de la Concepción, el inspector jefe había presentado hasta once peticiones (entre el 13 de septiembre y el 18 de noviembre de 2024) para que se le dieran “instrucciones firmadas y por escrito donde se expusiera el celo y ponderación con los que han de aplicarse los artículos 6 (requisitos de entrada) y 11 (sellado de pasaportes) del Código de Fronteras Schengen a los ciudadanos británicos con carta de identidad gibraltareña a los que actualmente no se les viene aplicando los artículos referenciados”, advirtiendo de que la no aplicación de dichos artículos supone “un incumplimiento flagrante de dicho Código que no tiene amparo legal alguno”.

En un último escrito ante su superior inmediato en la Policía Nacional, presentado el pasado 20 de diciembre y al que ha tenido acceso esta redacción, el mismo inspector jefe relata haber sido objeto de amenazas de sanción y cómo un subordinado suyo recibió órdenes verbales para “dejar de aplicar los artículos 6 y 11 del Código de Fronteras Schengen a los ciudadanos gibraltareños”. “Todo ello sin aportar base jurídica alguna que justifique tal proceder con los ciudadanos gibraltareños”, insiste nuevamente el denunciante.

“Debido a las amenazas de sanciones disciplinarias hacia todo el personal de este Puesto Fronterizo si se hacía cumplir la Iey con los ciudadanos gibraltareños, ha habido que continuar inaplicando los artículos 6 y 11 del Código de Fronteras Schengen a los ciudadanos gibraltareños, en un incumplimiento flagrante de dicho Código sin amparo legal alguno”, añade a renglón seguido.

Se trabaja para tener un sustento de vida y no para asumir responsabilidades de situaciones que son completamente ajenas a la labor de un policía”, concluye el escrito del inspector jefe

El inspector jefe abunda en su denuncia: “Todo ello ha creado un complicado ambiente de trabajo entre el personal adscrito a este Puesto Fronterizo, ya que al carecerse de instrucciones claras y por escrito que justifiquen su actuación contraria la Iey, ha de decidirse entre ser sancionados disciplinariamente por cumplir la legalidad o enfrentarse a la comisión de un delito de prevaricación por incumplir la legalidad. Esto es una situación insostenible para este personal destinado en el Puesto Fronterizo, ya que a la hora de realizar los controles fronterizos se encuentra atrapado en una peligrosa laguna legislativa de arenas movedizas, máxime cuando su actuación viene siendo objeto de procedimiento judicial”.

“Se trabaja para tener un sustento de vida y no para asumir responsabilidades de situaciones que son completamente ajenas a la labor de un policía”, concluye el escrito, que apela al artículo 9 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal dela Policía Nacional, en el que se especifica que “los policías nacionales tienen el deber de jurar o prometer fidelidad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, velando por su complimiento y respeto”.

Nuevo reglamento para suspender el sistema de entradas

La solución a este embrollo puede venir de la mano de la elaboración de un nuevo reglamento para desbloquear el Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen a cargo de la Comisión Europea (CE). La nueva normativa en tramitación, desvelada el pasado 17 de diciembre, permitirá al Gobierno de España suspender el sistema de entradas, total o parcialmente, en caso de que falle el sistema central o el nacional, que no funcione la infraestructura de comunicación de los datos o se produzcan tiempos de espera excesivos en la Verja.