La Guardia Civil en La Línea (XXIII)

El capítulo anterior finalizaba con el contenido de la inédita pero contundente y explícita carta del coronel Buenaventura Cano Portal dirigida el 23 de septiembre de 1960 al ministro de Hacienda.

El jefe del 37º Tercio de la Guardia Civil de Málaga, del cual dependía la 337ª Comandancia de Algeciras, concluía proponiendo que la donación o subvención para posibilitar el proyecto de construcción de la nueva casa-cuartel pudiera ser solicitada directamente por el alcalde de La Línea de La Concepción, con informe del general gobernador militar del Campo de Gibraltar. Bien merece ser reproducido el párrafo con el que se despedía:

“No es conducto muy regular el que esta petición se formule en Nota y directamente a ese Ministerio; aún cuando el Coronel Jefe del Tercio que la formula cuenta con la aprobación del Director General del Cuerpo; pero es la necesidad acuciante de suprimir la razón principal que tienen sus subordinados para prevaricar y no cumplir con el deber fiscal que les está encomendado en aquella zona la que obliga a hacerlo por este procedimiento y directamente en gracia al enorme bienestar que proporcionaría moral y materialmente a sus subordinados y que la responsabilidad del mando le hace acudir por estas razones en esta forma poco correcta y nada viable, por la que solicita le sea dispensado el procedimiento”.

Ya con el Duque de Ahumada, se había dictado, el 4 de enero de 1845, la primera norma al respecto. Aquella real orden decía: “La Guardia Civil, en el curso ordinario de su servicio, debe perseguir con el mayor celo, vigilancia, actividad y sobre todo pureza, cuantos fraudes se cometan contra las Reales órdenes vigentes relativas al contrabando”. Y como se era plenamente consciente de que el contrabandista siempre intenta corromper a quien tenía la responsabilidad de perseguirle, se continuaba advirtiendo que “la menor sospecha de soborno” sería castigada “del modo más público, ejemplar y severo posible”.

Aunque entonces existía, y desde 1829, el Cuerpo de Carabineros, cuya misión principal era la persecución del contrabando, la Guardia Civil, dado su vasto despliegue territorial por toda la nación, tenía la obligación de aprehender el contrabando que se encontrara durante la prestación de su servicio peculiar de seguridad pública.

El lema de Carabineros era “Moralidad, lealtad, valor y disciplina” y el de la Guardia Civil, “El honor es mi divisa”, basado en el artículo primero de su Cartilla, donde dejaba firmemente asentado que el guardia civil debía mantenerlo sin mancha, pues una vez perdido, no se recobraba jamás.

Ambas instituciones, beneméritas y militares, castigaban con el máximo rigor y ejemplaridad a aquellos de sus miembros que se corrompían. Bien es cierto que en proporción a los que cumplían abnegada y honestamente con su deber, no era un porcentaje significativo, y más si se comparaba con el resto de colectivos.

Pero la verdad es que el Campo de Gibraltar en general, y La Línea en particular, debido al contrabando que se generaba desde la colonia británica del Peñón, había llevado a esa “ruina familiar” que mencionaba el coronel Cano a no pocos carabineros y guardias civiles que no supieron mantener su moralidad u honor sin mancha.

De hecho, sirva como referencia que en 1908, de las 31 Comandancias que tenía entonces el Cuerpo de Carabineros, la de Algeciras, junto a las de Estepona, Málaga y Mallorca, así como la primera línea de Cádiz, primera y segunda compañía de Gerona, compañía del Bidasoa de Guipúzcoa, cuarta de Huelva y primera de Lérida, estaban consideradas como de “servicio de fatiga”. Las penalidades que se sufrían en la prestación del servicio eran tales, que transcurrido cierto tiempo, sus componentes tenían derecho preferente en las solicitudes de traslados a otros destinos.

Ejemplo de ello, respecto a esa penosidad que también sufría la Guardia Civil, ya fue expuesto en el capítulo VII de esta serie, cuando el teniente coronel González de Escandón, en un extenso informe fechado el 13 de junio de 1910, exponía con toda crudeza a su director general la corrupción de algunos guardias del puesto de La Línea, sus causas y su propuesta de ejemplar expulsión.

Tras explicar detalladamente la práctica del servicio y los medios empleados así como los refuerzos que serían necesarios, no dejaba también de expresar con preocupación “lo perjudicial que en la práctica resultan estos servicios para la honorabilidad y prestigio del Cuerpo, cuyos individuos por buenos que sean en general, no están exentos, algunos de ellos, de la tentación de prevaricar, tentación que constantemente les acecha y asedia en un servicio en que a cada minuto están presenciando actos ilícitos, y la ocasión de tomar parte en ellos es continua, no bastando la mayor vigilancia para impedirlo y dando lugar a sucesos como el que doy cuenta a V.E. con esta fecha, proponiéndole la expulsión de cuatro individuos de buenísimos antecedentes que en otro puesto y servicio hubieran continuado siendo excelentes Guardias Civiles”.

Concluía proponiendo que el servicio en la zona de la Verja con la colonia británica de Gibraltar lo prestase solamente la fuerza del Cuerpo de Carabineros, que tenía como principal cometido la persecución del contrabando.

Treinta años después eran absorbidos por la Guardia Civil, que pasó a asumir las funciones de persecución del contrabando, por lo que todas aquellas penalidades que los mandos de la Benemérita querían evitar a sus hombres también desembarcaron con toda su crudeza en el Cuerpo que fundara el Duque de Ahumada en 1844, hace ya 175 años.

En 1960, transcurridos veinte años desde que la Guardia Civil viniese realizando en La Línea las antiguas funciones de Carabineros, procediendo todavía parte de sus efectivos del desaparecido Cuerpo, la situación no sólo no había mejorado, sino que había empeorado.

El sueldo mensual de un guardia civil apenas llegaba a tres mil pesetas y el alquiler de la vivienda en La Línea le costaba más de dos mil, por lo que tenía que vivir con su familia en la más absoluta austeridad. Eran tiempos en los que no tenía posibilidad legal de vivir fuera del término municipal donde se hallaba destinado ni tenía capacidad económica para comprar un vehículo con el que desplazarse al lugar donde prestaba servicio.

Y los privilegiados que habitaban en las pequeñas casas-cuarteles, lo hacían en unas condiciones realmente deplorables, siendo por ello muy necesaria la construcción de un nuevo acuartelamiento de grandes dimensiones.

Ello no sólo suponía dar por fin una vivienda digna a aquél centenar y medio de guardias civiles junto a sus familias, numerosas con frecuencia, sino tal y como exponía el coronel Cano al ministro de Hacienda, eliminar la principal causa de corrupción entre algunos de aquellos.

Quien manchaba su honor, facilitando expresamente el contrabando, era castigado con todo rigor, siendo expulsado del Cuerpo con la consiguiente ruina familiar. La disciplina era muy severa y cuando se se aprehendía un contrabando, todo el personal que estuviera de servicio por donde se sospechaba que había entrado, aunque no estuviera implicado, era arrestado sin distinción de empleo, fuera oficial, suboficial, cabo o guardia.