La jueza declara culpable el concurso de acreedores de la RTV de La Línea

La Línea/La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ha declarado culpable el concurso de acreedores de la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco), que gestionaba la radiotelevisión municipal de La Línea y que cerró sus puertas en noviembre de 2011. Con esta sentencia, la jueza considera que la situación de insolvencia económica fue provocada o agravada por culpa del deudor y declara como persona afectada a Francisco Espada, teniente de alcalde del PSOE y nombrado liquidador de la sociedad, al considerar que es el responsable del retraso en la solicitud de concurso -fue nombrado en 2011 y el concurso no se solicitó hasta 2014- y del incumplimiento del deber de depositar las cuentas.

Para Espada, la magistrada impone la pena de inhabilitación especial para administrar los bienes ajenos durante un período de dos años, para representar a cualquier persona durante el mismo período y a la pérdida de los derechos que pudiese tener como acreedor en el concurso.

Se trata de la única persona afectada en este proceso, en el que tanto la Fiscalía como la defensa de los cinco trabajadores personados como acreedores también pedían responsabilidad al consejo de administración, del que formaban parte la que entonces era alcaldesa, Gemma Araujo, y los concejales Asunción María Barranco, María Teresa García Mellado, Juan Francisco García Medina, Ángel Villar y Ceferina Peño. La magistrada entiende que ese consejo de administración fue nombrado justo antes de que se aprobara la disolución y liquidación de la sociedad y el nombramiento del liquidador. "Ello conllevó el efecto inmediato y automático del cese del consejo de administración nombrado en los instantes anteriores. Fueron nombrados y cesados el 29 de agosto de 2011, por lo que están excluidas de ese periodo de responsabilidad (los dos años anteriores a la declaración del concurso, el 13 de marzo de 2015)", señala la sentencia.

El fiscal solicitaba que el consejo de administración afrontara el déficit que dejó la empresa y consideraba que el Ayuntamiento era cómplice y solicitó que todos ellos pagasen a los acreedores con su patrimonio personal la cantidad que no se cubra con la liquidación de la sociedad al estimar que tuvieron "culpa grave" de la insolvencia de la empresa, cuya deuda asciende a 1.327.261,54 euros. En este caso la magistrada ha desestimado las pretensiones del ministerio fiscal.

El representante de los trabajadores personados como acreedores, Antonio Flores, ha indicado que su abogado va a presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. "No estamos satisfechos del todo porque no se han tomado en cuenta todas nuestras peticiones, pero estamos contentos porque se ha considerado que se han hecho mal las cosas y porque hay un condenado en primera instancia. Todos los abogados pedían que el concurso fuera considerado fortuito pero no ha sido así, la jueza estima que ha habido mala fe. Lo único que no hemos conseguido es que se cuantifique la cantidad económica. Además todavía tenemos abierto un procedimiento por la vía penal", ha indicado el portavoz de los empleados.