El juicio por la quiebra de la RTV de La Línea se celebra tras una docena de aplazamientos

La Línea/El juicio por la quiebra de la radiotelevisión municipal de La Línea se ha celebrado al fin este miércoles tras una docena de aplazamientos, aunque ha estado a punto de volver a aplazarse después de que uno de los testigos, el interventor municipal, Pablo Zambrana, aportara a primera hora de la mañana un parte médico en el que le habían prescrito confinamiento debido a un catarro. La empresa concursada, la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco) que gestionaba la RTV, solicitó un nuevo aplazamiento, pero la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz decidió que se celebrara el juicio y tomará declaración a finales de este mes al testigo. Una vez que comparezca, se entregarán las conclusiones del procedimiento por escrito a las partes.

Según ha explicado el abogado de los trabajadores, Carlos Fenoy, en el juicio las partes implicadas se han ratificado en sus escritos. La Fiscalía estima que se trata de un concurso culpable, mientras que el administrador concursal defiende que fue fortuito. Además, se han tomado las pruebas testificales de la administración concursal; del secretario general municipal por entonces, José Alfonso Ruiz Pau, y de Antonio Quero Ávila, contable de las sociedades municipales Emusvill -que se hizo cargo del pago de las nóminas de los empleados de la radiotelevisión desde mayo de 2011 hasta su cierre- y Somdeco.

El principal argumento de la administración concursal es que la empresa tuvo que echar el cierre en noviembre de 2011 debido al paso de la televisión analógica a digital y la televisión municipal de La Línea no obtuvo licencia para emitir en TDT.

El fiscal se ampara en tres aspectos para considerar que el concurso fue culpable, todos ellos como presunciones que establece la ley concursal como causa de calificación como culpable. El primero de ellos es el retraso en la declaración del concurso, ya que el liquidador, Francisco Espada, fue nombrado en 2011 y el concurso no se solicitó hasta 2014, un periodo de tiempo “amplio e injustificado”, como explica el abogado de los empleados.

El segundo es el motivo que causó o agravó la situación de insolvencia. La sociedad municipal venía siendo deficitaria desde 2009 y la administración concursal reconoce que se mantenía de manera “artificial” gracias a las aportaciones del Ayuntamiento. De esta manera, cuando el Consistorio dejó de ingresar dinero, la empresa pasó a ser insolvente, por lo que la Fiscalía entiende que fue el Ayuntamiento el que la provocó. El administrador concursal también reconoce que nadie hizo nada por reclamar más de un millón de euros de cuentas de clientes.

El último motivo esgrimido por la Fiscalía es que no se remitieron las cuentas de los ejercicios anteriores a la declaración del concurso de acreedores al Registro Mercantil ni se auditaron las cuentas.

El fiscal solicita que el consejo de administración de la sociedad municipal afronte el déficit que dejó la empresa y considera que el Ayuntamiento es cómplice. En el momento en el que se aprobó el inicio de la disolución de Somdeco estaba formado por Gemma Araujo como alcaldesa y presidenta del consejo; Francisco Espada, liquidador de la sociedad (ambos del PSOE), y los vocales Asunción Barranco (PSOE), María Teresa García Mellado (PP), Ángel Villar (PA) y Ceferina Peño (por entonces en IU). También participó en esa sesión el edil popular Juan Francisco García Medina, fallecido en 2012. El fiscal ha solicitado que todos ellos paguen a los acreedores con su patrimonio personal la cantidad que no se cubra con la liquidación de la sociedad al estimar que tuvieron "culpa grave" de la insolvencia de la empresa, cuya deuda asciende a 1.327.261,54 euros.

La defensa del liquidador de la sociedad, Francisco Espada, ha explicado en el juicio que su cliente no presentó las cuentas hasta el último momento, mientras que el resto del consejo ha esgrimido que no tuvieron el control de la sociedad durante los dos años anteriores a la declaración del concurso. Además, defienden que la junta general extraordinaria celebrada en septiembre de 2011 en la que se inició el proceso de disolución de Somdeco no se elevó a público ni su acta fue publicada en el Registro Mercantil.

La defensa del Ayuntamiento se ha amparado en que la sociedad se gestionaba a través de sus órganos y que este no intervenía en ella. En las pruebas testificales llevadas a cabo durante el juicio e ha expuesto que el consejo de administración estaba formado por miembros de la corporación municipal, mientras que el secretario general del Ayuntamiento era, a su vez, el secretario de la sociedad. También se ha recordado que el informe del administrador concursal recoge que la sociedad se sustentaba con las inyecciones de dinero “para mantener artificialmente la actividad”.