Un juzgado anula la ampliación del contrato a la concesionaria Aqualia

El juzgado de lo contencioso administrativo de Algeciras ha anulado la ampliación de la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable a la empresa Aqualia hasta el año 2026, dando así la razón al denunciante, el portavoz del grupo municipal socialista, Miguel Tornay.

Tornay, que compareció ayer en rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE local, Gemma Araujo, recordó que, en enero de 2005, el equipo de gobierno aprobó prorrogar el contrato a Aqualia en compensación por la ejecución de unas obras urgentes de mejora de la red de abastecimiento valoradas en 1,7 millones de euros, ya que esta concesionaria es responsable de los trabajos de conservación pero no de los de mejora, ampliación o renovación. Por otro lado, Aqualia abonó tres millones de euros en concepto de canon inicial de prórroga y adelanto del canon anual variable correspondiente a los años 2005 a 2026.

El portavoz socialista llevó el asunto al juzgado, que ha anulado aquellos acuerdos plenarios casi cuatro años más tarde, lo que significa que, según la sentencia, el Ayuntamiento debe devolver ahora a Aqualia los tres millones de euros y el importe de las obras realizadas.

El juez justifica su decisión en el hecho de que una empresa concesionaria no puede ser compensada con una ampliación del contrato sino con una cantidad económica. Al mismo tiempo, estima que se vulneró el principio de libre concurrencia, impidiendo que otras empresas pudieran optar al contrato de abastecimiento de agua al ser ampliado hasta 2026.

Para Tornay, el fallo del juzgado de lo contencioso administrativo de Algeciras pone de manifiesto "la ilegalidad de la prórroga. Lo que perseguía el equipo de gobierno era la realización de unas obras que, efectivamente, eran necesarias sin coste alguno y conseguir dinero fácil para hacer frente a gastos corrientes, entre ellos la nómina municipal. Estoy muy satisfecho porque esta sentencia demuestra que no vamos al juzgado por capricho, sino porque el equipo de gobierno no actúa de acuerdo a la ley y se la salta cuando le conviene y le interesa", puntualizó.

Agregó el portavoz del grupo municipal socialista que la codemandada Aqualia acudió a la sede de su partido "para llegar a un acuerdo y persuadirme para que retirase la demanda, algo que no consiguieron . Intentaron llegar a un acuerdo como ocurre en muchos casos judiciales pero mi respuesta fue negativa", dijo Tornay, que no quiso entrar en detalles sobre la propuesta de la concesionaria.

La preocupación del político del PSOE y la de la formación a la que pertenece reside ahora en saber "cómo el Ayuntamiento va a hacer frente ahora a estos dos préstamos encubiertos. Esperamos no estar en una situación parecida a la de la parcela vendida a Sandokán. No obstante, el alcalde, Juan Carlos Juárez, y el concejal Manuel Aguilera deben saber que iré al juzgado siempre que sea necesario aunque les pese y me acusen luego de judicializar la vida política de la ciudad. Además, vamos a estudiar las posibles responsabilidades patrimoniales de los políticos y técnicos que avalaron esta decisión", manifestó.

Contra esta sentencia, emitida el pasado 24 de octubre, cabe recurso de apelación ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que deberá ser presentado en el juzgado de Algeciras dentro de los quince días siguientes a la notificación.

Dada esta circunstancia, Tornay aseveró que su partido "va a ser prudente y a esperar. No vamos a tomar medidas inmediatas porque cabe recurso. En el caso de que sea presentado y rechazado, habrá un periodo voluntario para ejecutar la sentencia. En el caso de que el fallo no se cumpla, haremos una petición de cumplimiento del mismo", reseñó.

Por último, el abogado Marco Antonio de Felipe respondió a preguntas de los informadores que, en el caso de que el Ayuntamiento y Aqualia presentaran un recurso ante el TSJA, este tribunal podría tardar entre seis y ocho meses en resolverlo.

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