Una linense denuncia el embargo de 5.500 euros por unas deudas de su exmarido

María del Carmen Gómez sostiene que al estar divorciada desde hace más de 20 años no le corresponde cubrir los impagos

La Diputación defiende que el proceso de cobro es "completamente correcto" desde el punto de vista jurídico

La Línea proyecta la rehabilitación del complejo Ballesteros por 6,5 millones

María del Carmen Gómez, durante la entrevista en la redacción de Europa Sur
María del Carmen Gómez, durante la entrevista en la redacción de Europa Sur / Claudio Palma

La Línea/Quedarse "sin dinero" por un embargo de 5.500 euros correspondiente a deudas contraídas por su exmarido, del que lleva divorciada casi 30 años. Esta es la tesitura en la que se ha encontrado María del Carmen Gómez, una mujer de La Línea a la que, a finales del pasado mes de julio, la Diputación de Cádiz le ejecutó el cargo de más de medio centenar de recibos de los últimos cinco años y que, manifiesta, no le corresponden.

"Me han robado", señala indignada Gómez a Europa Sur, que aún se encuentra digiriendo cómo, de un día para otro, se quedó "con 40 euros en la cuenta". Todo ello después de que el Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria del gobierno provincial ejecutara un embargo por 5.563,35 euros correspondientes a 54 recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM, conocido popularmente como el sello del coche) del Ayuntamiento de La Línea, con los consiguientes recargos e intereses.

La protesta de esta mujer, recientemente jubilada, se centra en que los recibos ejecutados van desde 2018 hasta 2023, pese a que, defiende, la sociedad de gananciales se resolvió en 1999. De hecho, en el convenio regulador previo al divorcio firmado por las partes en 1995 ya se indicaba que el régimen económico común cesaría con la separación, antes de ratificar el juez la sentencia de divorcio cuatro años después, argumento este que fue incluido en las alegaciones presentadas por la afectada.

La notificación de la Diputación especifica que la deuda fue contraída por el que fuera su esposo pero que a ella, que a ojos de la administración provincial mantiene la condición "de cónyuge" en el mencionado régimen, le corresponde afrontar el pago.

"No tengo por qué pagarle nada", expresa con indignación esta linense, que ha consultado a varios abogados sobre su caso y, según explica, todos coinciden en que no le corresponde a ella el abono de la deuda. De hecho, añade, su exmarido tiene otras obligaciones pendientes con ella que no espera llegar a cobrar.

María del Carmen Gómez, durante la entrevista en Europa Sur
María del Carmen Gómez, durante la entrevista en Europa Sur / Claudio Palma

Los 54 recibos están referidos al IVTM de nueve vehículos, todos de gran antigüedad, con matrículas del sistema provincial previo al establecido en la actualidad. La afectada niega tener constancia de si su exmarido aún tiene la propiedad de los automóviles, aunque sí comenta que "se dedicaba a vender coches".

María del Carmen recuerda que, durante varios años tras el divorcio, abonó los pagos del sello de varios vehículos propiedad de su expareja hasta que acudió a la oficina de la Dirección General de Tráfico para explicar su situación. La afectada comenta que acudió a Cádiz para gestionar el fin de los cobros, al ser propiedad de su exmarido. De hecho, añade que no tiene ni coche ni carnet. "Ahora me lo quieren cobrar todo junto, no tiene sentido", protesta.

Pese a haber presentado unas primeras alegaciones en el mes de junio tras ser notificada del futuro cargo, este se hizo efectivo. Ante este hecho, ha presentado una protesta en el servicio de recaudación del Consistorio linense, donde le informaron de que, además de los 54 cargos del embargo, hay más deudas pendientes. "No sé qué pasará si intentan cobrarlas", asegura.

Desde el Servicio de Recaudación de Impuestos de la Diputación de Cádiz, a preguntas de esta redacción, aseguran que el proceso de cobro de los recibos no abonados por el exmarido de María del Carmen Gómez es "completamente correcto" de acuerdo con la información de la que disponen, sin profundizar en los detalles al tratarse de datos personales. Desde la administración provincial ya se han puesto en contacto con la afectada para abordar su caso, aunque ella se mantiene firme en que no le corresponde asumir solidariamente esta deuda y no descarta llevar el caso al juzgado por la vía contenciosa.

stats