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Los procesados en Roseworld tienen un día para depositar fianzas millonarias

La juez del número uno ordena la apertura del juicio oral · Reclama a Juárez, Atienza, Montero y Muñiz 762.000 euros cada uno · Carlos Ruiz Calama debe aportar 1,6 millones de euros

El ex alcalde Juan Carlos Juárez, a su salida de los juzgados en una fotografía de archivo.
Soraya Fernández / La Línea

20 de marzo 2010 - 01:00

La titular del juzgado número uno de La Línea ha dictado un auto por el que ordena la apertura del juicio oral en el caso Roseworld y reclama a los procesados fianzas millonarias que deben depositar el próximo lunes.

Según el auto, que fue notificado ayer a las partes y al cual tuvo acceso Europa Sur, la juez acuerda iniciar la apertura del juicio oral y tiene por formulada la acusación contra el ex alcalde Juan Carlos Juárez Arriola, los concejales del PP Juan Montero, María Cruz Atienza y Francisco Muñiz; así como el ex secretario general del Ayuntamiento Agustín Sevillano y el ex interventor Sergio Gómez por los delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y/o subastas públicas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Cada uno de ellos tiene un día, que cumple el próximo lunes, para pagar una fianza de 762.666 euros y asegurar así las responsabilidades pecunarias que se les pudieran imponer con el apercibimiento de que si no lo hacen se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

El que fuera coordinador de Urbanismo Carlos Ruiz Calama está acusado de los delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y/o subastas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, asociación para delinquir y dos delitos contra la Hacienda Pública. Calama debe aportar el lunes una fianza de 1.673.358 euros.

Anil Thakurdas, administrador de Roseworld, está acusado de los delitos de alteración de precios en concurso y/o subastas, estafa, fraude, cohecho, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, asociación para delinquir y falsedad documental. Kevin Phelan será juzgado por los delitos de alteración de precios, estafa, fraude, blanqueo de capitales, asociación para delinquir, falsedad documental y cohecho. A cada uno de ellos se les reclama una fianza de 810.666 euros. Rafael de los Reyes Medina, administrador de Abuztúa, la empresa que compró luego los terrenos a Roseworld, está acusado de los delitos de estafa, fraude, receptación, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. En este caso es la fianza más alta que se solicita ya que está cifrada en 33.381.33 3 euros.

Asimismo y según consta en el citado auto judicial, se requiere a los acusados y a Lábaro Grupo Inmobiliario y Abuztúa, en calidad de responsables civiles subsidiarios, a que en un día presenten una fianza de forma conjunta y solidaria cifrada en 16.333.333 euros en concepto de indemnización al Ayuntamiento de La Línea.

La juez también declara que el órgano competente para el conocimiento y el fallo de la presente causa es al Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras. Además, informa que una vez desingados los abogados, tienen diez días para presentar su escrito de defensa aportando las pruebas de que intenten valerse. También señala que contra este auto judicial no cabe presentar recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma ante el citado juzgado en el plazo de tres días y si no fuese estimado, el de queja ante la Audiencia.

La juez decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los procesados por el delito de tráfico de influencias y señala que los responsables civiles subsidiarios son Lábaro y Abuztúa. Además, ratifica la intervención y depósito del precio pactado en la operación de venta de Roseworld y Abuztúa sobre las fincas vendidas, el bloqueo y embargo de cuentas bancarias y cualquier otro tipo de producto financiero hasta el límite de dos millones de euros cuya titularidad corresponda a Calama; y el embargo de una finca para cubrir 2,6 millones de euros como fue acordado en dos autos de 2007 y una providencia del mismo año.

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