Los sindicatos de la Diputación rechazan la creación de un organismo autónomo que gestione los servicios sociales

La Línea/Los sindicatos que tienen representación en la Diputación de Cádiz, UGT, CCOO y CSIF, rechazan que los servicios sociales, entre ellos las residencias de mayores de Cádiz, El Puerto y La Línea, vayan a ser gestionadas a través de un organismo autónomo por la “situación insostenible a largo plazo” del actual modelo, “arrastrada de años anteriores y con la que nos hemos encontrado”. Para hacer patente este rechazo, los sindicatos han convocado concentraciones ante la puerta del Palacio Provincial para los días 6, 13 y 20 de noviembre.

Los representantes sindicales mantuvieron una reunión con el equipo de gobierno de la Diputación para reclamar información sobre este asunto y pusieron de manifiesto su descontento tras haber conocido por la prensa una "decisión unilateral de tal magnitud, que ha provocado un tsunami en un servicio en el que se verán afectadas más de 450 trabajadores".

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, indicó en esa reunión que el organismo autónomo “supone un blindaje público para los trabajadores y trabajadoras del Área, y garantiza una gestión pública directa de todos los servicios sociales”.

Los responsables de la institución provincial esplicaron que en la actualidad, las contrataciones de personal, sustituciones, rotaciones, además de provisiones de suministros y licitaciones de obras y servicios no se resuelven con la celeridad deseada como consecuencia de las "plantillas mermadas" en las que el ritmo de las jubilaciones avanza a mayor velocidad que las incorporaciones y de la sobrecarga de trabajo en áreas de la administración provincial. También destacaron que el actual modelo es "económicamente insostenible" al ponderar el presupuesto empleado y el número de personas atendidas (un centenar de residentes en la actualidad).

En este inicio del proceso informativo la Diputación ha esbozado un organismo autónomo con una estructura de personal formada por tres grupos:

• Personal del Área, que se integraría en el organismo en las mismas condiciones laborales y retributivas, conforme a las características reconocidas en la Relación de Puestos de Trabajo de Diputación.
• Personal propio del organismo autónomo. Contratado para solucionar necesidades de plantilla. Se rige por un convenio propio que será similar al de Diputación, equiparado a empleado público de la institución provincial, y que será negociado con los sindicatos.
• Personal de residencias de mayores. La especialidad de estas funciones –con un régimen de 24 horas los siete días de la semana y con necesidades como el establecimiento de turnos- requerirán una regulación propia adaptada a su actividad, que garantice su viabilidad a largo plazo y su pervivencia como servicio público. Se plantea su incorporación como laborales fijos, tras un proceso selectivo, ligados a un convenio sectorial con mejoras adoptadas por Diputación.

Este planteamiento comprende además un proceso negociador de reubicación voluntaria en otros centros de Diputación para el personal del Área adscrito a las residencias.

Los sindicatos denuncian que este proyecto "solo atiende a intereses de dos partidos políticos que se necesitan, el primero para mantener el gobierno de la Diputación y el segundo, para sus intereses localistas, olvidando que gobiernan para el resto de la provincia", en referencia a La Línea 100x100, que ha hecho esta propuesta para poder mantener el servicio debido a su alto coste.

UGT, CCOO y CSIF rechazan de plano los argumentos expuestos por el equipo de gobierno al entender que "ofrece datos económicos sesgados, omite que las residencias de mayores están por debajo de su capacidad de ocupación y trata sin la menor sensibilidad a nuestros abuelos y abuelas que se encontrarán de un día para otro una nueva plantilla y una nueva organización de sus vidas en los centros, demasiados cambios para unas personas tan mayores".

Los sindicatos defienden que la asistencia directa a personas vulnerables "se debe y se puede seguir gestionando de forma directa por la propia Diputación" para los que han puesto encima de la mesa medidas alternativas al organismo autónomo planteado. "La excelencia de estos servicios ha quedado demostrada por la capacidad de su personal para afrontar una pandemia mundial, recibir premios a la calidad en los servicios y ser un ejemplo de gestión para otras administraciones públicas", indican los sindicatos, que no entienden ni comparten el "argumento en la necesidad de alcanzar una excelencia que ya existe".

Las secciones sindicales lamentan que el equipo de gobierno no les haya aportado ninguna documentación sobre su proyecto "y ni tan siquiera sea capaz de facilitarles información con respecto a la cuantificación del supuesto ahorro con la creación de este ente autónomo".

UGT, CCOO y CSIF han trasladado a la presidenta de la Diputación su negativa a formar parte de un plan que recoge la negociación de un convenio que conlleva ajustes laborales y salariales para el personal que dependa del ente autónomo, así como la integración de todo el personal de esta área en el mismo. Los sindicatos afirman que la solución de la reubicación voluntaria para personal adscrito solo a las residencias de mayores "no respeta el derecho del resto de personas empleadas públicas de estos servicios, que tendrían que integrarse obligatoriamente en el ente autónomo", por lo que se preguntan si el equipo de gobierno ha valorado una reubicación en el supuesto de que todo el personal de los servicios sociales rechace integrarse en este organismo.

También se preguntan los sindicatos en qué situación quedarían los participantes en los procesos selectivos que forman parte de las bolsas de trabajo y que en estos momentos están en expectativa de empleo algunas y otras con contratos temporales, cuestión que tampoco ha sido aclarada.