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La Justicia condena al Ayuntamiento de Los Barrios a asumir parte de la deuda de Agrival

La Audiencia Provincial ve al Consistorio cómplice de la quiebra de la empresa municipal y le obliga a devolver al menos 1,7 millones de euros

La entidad local recurrirá ante el Supremo

Se juzga la etapa del alcalde socialista Juan Montedeoca.

Una mujer pasa por la fachada del Ayuntamiento de Los Barrios. / E. Fenoy

Los Barrios/La Justicia amplía la responsabilidad por la quiebra de la empresa municipal Agrival al Ayuntamiento de Los Barrios. La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al Consistorio barreño a asumir parte del agujero económico de esta mercantil, generado durante la etapa de gestión del ex alcalde del PSOE Juan Montedeoca, al considerar que la entidad local ejerció un papel como administrador cómplice y, por tanto, con grado de culpa en su deriva contable y entrada en concurso de acreedores. La sentencia abarca los dos últimos años de gestión de la compañía antes de su quiebra (2009-2011).

El fallo, al que tuvo acceso Europa Sur y a expensas de los posibles recursos, obliga al Ayuntamiento a devolver al patrimonio de Agrival al menos 1,7 millones de euros de una serie de subvenciones que percibió la empresa del Ministerio de Industria y que acabaron directamente en las cuentas municipales.

Al igual que en la primera sentencia, la Audiencia ratifica que Agrival accedía a créditos, pagos y subvenciones que sistemáticamente eran trasvasados al Ayuntamiento o a cualquiera de sus otras empresas públicas. E incluso fuera de ellas, ya que constan pagos, por ejemplo, al extinto Club de Baloncesto Los Barrios.

Contra esta sentencia cabe la posibilidad de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Algo que el Ayuntamiento barreño efectuará en los próximos días, según avanzó a este periódico el alcalde de la Villa, Miguel Alconchel.

La administración concursal, ejercida por CyO Auditores, ha solicitado una aclaración por entender que de la redacción literal se interpreta que el Consistorio debe devolver “los importes que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio del deudor”, lo que abarcaría no solo el dinero que entró en Agrival como subvenciones, sino cualquier traspaso de fondos desde la empresa al municipio en toda su historia. En ese caso, según cálculos del administrador Jorge Zambrana, el monto crecería hasta los 4 millones de euros, aproximadamente.

El fallo matiza el pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil 1 de Cádiz, que en diciembre de 2017 condenó a cinco ex consejeros de la empresa a hacerse cargo con su patrimonio de las deudas. Pero exoneró al Ayuntamiento por entender que únicamente ostentaba la condición de socio de otras dos empresas municipales (Iniciativas y Gama) que a su vez eran las propietarias al 50% de Agrival desde el año 2002, siendo entonces alcalde el socialista Alonso Rojas. Según la primera sentencia, no se le podía atribuir al Ayuntamiento la condición de matriz porque no es una empresa.

La sala entiende que hubo cooperación en el paso del dinero de Agrival al Consistorio

Entonces, el juzgado estimó culpables a los exconsejeros Juan Montedeoca (alcalde de la Villa por el PSOE entre 2010 y 2011), Javier Grimaldi y Alfonso Pecino (ediles del PSOE en el mandato 2007-2011), y a Juan Miguel Camacho y Modesto Béjar para hacerse cargo de un 75% de la deuda conforme a unos porcentajes de participación.

Ahora, la Audiencia cambia en parte ese razonamiento y da la razón al administrador concursal, que en todo momento del proceso judicial pidió una condena para el Ayuntamiento bien como administrador de hecho o cómplice.

La sala no accede a considerar al Ayuntamiento barreño administrador de hecho por los mismos motivos que el Juzgado de lo Mercantil: no es una empresa ni tiene poder de decisión sobre cuestiones como el destino de los fondos o de las subvenciones percibidas, según la sentencia, entre otros motivos.

La Audiencia sí estima que hubo complicidad porque el Ayuntamiento no pedía explicaciones ante la entrada de dinero. Esa “pasividad” en palabras del administrador concursal, son recogidas en la sentencia como que “no existía contraprestación por parte del Ayuntamiento, y ello sí debió ser conocido por quienes ostentaban la gestión económica de Ayuntamiento o, al menos, debieron conocerlo de haber llevado a cabo una diligente gestión”.

“Si recibido el traspaso de fondos y constatada la falta de contraprestación, se hubiera advertido de ello, no se hubiera dado lugar a esta causa de concurso culpable. Hemos de entender que ha habido una cooperación del Ayuntamiento, que no consta haya devuelto las cantidades recibidas”, argumenta la sala.

El administrador concursal espera que el resto de recursos sigan el mismo criterio

Además, la Audiencia desestima las pretensiones de los ex consejeros Juan Miguel Camacho y Modesto Béjar, que habían pedido en sendos recursos ser absueltos.

Se trata del primer recurso fallado en el entramado judicial de las empresas municipales de Los Barrios. De las cinco sociedades que tuvo el municipio, todas quebradas, ya se ha resuelto en primera instancia el concurso de tres: Agrival, Radiotelevisión y Recaudación Municipal. Y en los tres casos se eximió al Ayuntamiento de responsabilidad, recayendo la culpabilidad en los consejeros.

El administrador concursal espera ahora que los dos recursos que restan por resolverse –Radiotelevisión y Recaudación– sigan este mismo criterio.

Valoración municipal

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, admitió su “preocupación” por la sentencia, que les fue notificada el pasado viernes. A falta de un estudio en profundidad con el equipo jurídico del Consistorio, Alconchel ratificó que se recurrirá por entender que el Ayuntamiento fue el gran perjudicado por la gestión que se hizo de las empresas municipales durante los gobiernos del PSOE.

“Tenemos un Ayuntamiento en bancarrota y asumir deuda de las empresas municipales sería el punto final. Una condena para muchos años”, apuntó Alconchel. Para el alcalde, la gestión del PSOE de las empresas municipales “vació el Ayuntamiento y no al revés”, por lo que entiende que los consejeros deben asumir toda la responsabilidad en la cobertura de los débitos.

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