Muere un águila imperial envenenada en Los Barrios

La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha confirmado, a raíz de una denuncia del grupo ecologista Agaden, la muerte de un águila imperial por envenenamiento en la finca La Zanona, en Los Barrios. Se trata de un macho de dos años, reintroducido de Andújar. También confirma la muerte de un meloncillo y dos cuervos por la ingesta de mismo veneno, un producto llamado Aldicarb. La Junta ha suspendido como medida cautelar el coto de caza de la citada finca durante 10 meses.

El águila imperial ibérica figura en la catalogo andaluz de flora y fauna amenazada como una especie en peligro de extinción. Agaden explica que esta especie ha sido reintroducida en esta zona del Parque Natural de Los Alcornocales, que linda con los terrenos de la antigua laguna de La Janda, "con un notable gasto de dinero publico de la Junta de Andalucía -de todos los andaluces- incluso extrayendo ejemplares jóvenes de de la zona de Sierra Morena -como es este caso-, donde tampoco está la población consolidada.

El Aldicarb es un compuesto químico de la familia de los carbamatos del que existen muchas referencias como insecticidas, acaricidas y nematicidas. Este producto se puede usar para matar ésta u otra especie, pero su capacidad es tal que no entiende de límites y hace estragos en el medio, según las mismas fuentes, que indican que es "una máquina que mata indiscriminadamente". Las autoridades prohibieron hace ya años su uso e incluso su tenencia, aunque este último caso y otros conocidos demuestren que todavía hay un mercado negro bastante activo gracias a su poder de destrucción, incluido el Medio Ambiente.

El uso de veneno está tipificado como delito en el artículo 336 del Código Penal y sancionable en vía administrativa, según el artículo 75.7 de la Ley 8/2003 de Conservación de la Fauna y la Flora Silvestres de Andalucía. En este último caso, las multas pueden oscilar entre los 60.101,22 y los 300.506,05 euros, además de poder imponerse otras sanciones accesorias como la suspensión o inhabilitación de la actividad cinegética.

Ante estos graves hechos Agaden agradece la actuación de todas las personas que han intervenido en el operativo de esta investigación, aún no finalizada y entiende que la suspensión de 10 meses es "ridícula". "Solicitamos que se aplique la legislación y se imponga la sanción máxima que dicta la ley. El veneno utilizado puede pasar a la cadena humana, el tema es suficientemente grave, ya que en la finca también se cazan anatidas y han podido ser contaminadas. También solicitamos que en las inspecciones posteriores que se están realizando, se nos informe si han encontrado más zonas de la finca con venenos".