Viesgo desmantelará la central térmica de Los Barrios solo de forma parcial

El desmantelamiento de la central térmica de Los Barrios será solo parcial para facilitar una posible actividad futura, se prolongará durante 40 semanas y tendrá un coste de 1,7 millones de euros. Ese es el proyecto que Viesgo, la compañía titular de la central, ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de autorizar un cierre que llega, según advierte la empresa, no por problemas para cumplir la normativa ambiental, sino por la falta de viabilidad de una central de carbón en las condiciones actuales del mercado.

La compañía presentó antes del verano la documentación necesaria para tramitar el cierre ante el Ministerio. En ella detalla que el desmantelamiento propuesto es parcial "con el objetivo de que el emplazamiento y parte de los equipos sean reutilizados en una actividad futura que en este momento está en análisis". A pesar del tiempo transcurrido, la eléctrica elude pronunciarse aún sobre esa alternativa: "Estamos trabajando en planes de desarrollo, pero tenemos que mantener la confidencialidad sobre los mismos para garantizar que puedan llevarse a cabo", explican fuentes de la empresa. La central seguirá en pie y lo que se hará será fundamentalmente una retirada de residuos, limpieza y descontaminación de equipos.

El plan de cierre, remarca Viesgo, está forzado por la inviabilidad económica de la central en las circunstancias actuales y futuras. La empresa recuerda en su petición que en los años 2006 y 2016 ejecutó dos importantes paquetes de inversión para adaptar la central a las nuevos requerimientos ambientales, con una unidad de desulfuración que tuvo un coste de 70 millones de euros y diversas actuaciones para la reducción de emisiones por valor de 50 millones. Con ellas, asegura, hubiera podido seguir funcionando más allá de 2021, tal y como planteó inicialmente.

¿Por qué clausura entonces? Según justifica en la propuesta de cierre, son varios los factores que han llevado a que la central no cubra sus costes operativos. Así, se han sumado el mantenimiento del céntimo verde mientras se suprimía para otras tecnologías de generación, el aumento del precio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el desplome de los precios del gas y la cada vez mayor expansión de las energías renovables, al tiempo que se reducía la demanda. Le ha afectado también la puesta en funcionamiento de la central marroquí de Safi, que "ha cambiado el flujo energético eléctrico a través del Estrecho, de sentido exportador hacia Marruecos a importador, suprimiendo las posibles restricciones técnicas en la zona". El resultado final es un escenario de pérdidas diarias continuadas "sin que se pueda vislumbrar ningún cambio a futuro".

40 semanas de trabajos

La empresa plantea por tanto el cierre de la central, de 588 megavatios de potencia bruta, 35 años después de su puesta en marcha. Este supondrá el despido de unos 80 empleados y tendrá una importante repercusión en Los Barrios más allá de lo laboral: el 20% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento, 1,7 millones, son derivados de la central.

Desde que empiecen los trabajos de limpieza hasta que culmine la puesta en fuera de servicio de las instalaciones transcurrirán 40 semanas. Según el plan entregado, se salvan la central propiamente dicha, equipos, edificios y las instalaciones que no presenten problemas de seguridad. Así, el documento prevé:

• La retirada por gestores autorizados de los residuos de la central, tanto los que se generan durante la operación de la misma, como de aquellos productos que se pueden considerar como tales una vez la central quede fuera de funcionamiento.
• Vaciado, limpieza, neutralización, inertización, descontaminación de equipos, instalaciones y depósitos que hayan contenido este tipo de productos (en su caso, dar de baja en registro).
• Demolición de edificaciones e instalaciones únicamente por razones de estabilidad y seguridad.
• Investigación de la contaminación de edificaciones y construcciones, identificando aquellos que contengan fibrocemento en bajantes, cubierta o paredes, y procediendo a su demolición y retirada según lo establecido en la normativa de referencia.
• Puesta en condición segura de la central. Pero no su demolición "para mantener el valor del emplazamiento".
• Habrá que realizar también un estudio de suelos tal y como reclama la Autorización Ambiental Integrada de la instalación otorgada por la Junta de Andalucía.

La compañía ha solicitado tramitar una evaluación de impacto ambiental del desmantelamiento simplificada. Los impactos generados por el proyecto de cierre, asegura en el documento ambiental presentado al Ministerio, se mantendrán dentro de los límites ambientalmente admisibles bajo la aplicación de las medidas preventivas, protectoras y correctoras propuestas. Y tras la ejecución del proyecto, señala, "la vulnerabilidad y el paisaje se verán repercutidos positivamente por la reducción de instalaciones expuestas a riesgos naturales, que dejarán de ser visibles, dejando de impactar paisajísticamente". En cuanto a las especies de flora y fauna, no se prevé afectarlas significativamente, "ya que las actuaciones estarán acotadas dentro de una parcela previamente antropizada y no propia de los hábitats más característicos de las especies de fauna sensibles identificadas en el medio". Es más, "se espera que las actuaciones proyectadas mejoren la calidad del medio, al desmantelarse infraestructura y residuos potencialmente contaminantes".

Por otro lado, asegura, "el proyecto repercutirá positivamente en la economía y socioeconomía tanto directa como indirecta, con la creación de nuevos puestos de trabajo y el aumento de la demanda de ciertos servicios, como la restauración y la hostelería. Además, cesarán los ruidos y los gases emitidos por la central térmica durante su funcionamiento y aumentará la seguridad, debido a la retirada de residuos peligrosos y no peligrosos".