Los impuestos de la UE al combustible marítimo, una nueva amenaza para el Puerto de Algeciras

La historia se repite y nace otra amenaza para la competitividad del Puerto de Algeciras. La Unión Europea tiene sobre la mesa un proyecto que pretende revisar los impuestos aplicables a los combustibles marítimos (bunker) a través de la reforma de la Directiva sobre Fiscalidad Energética (ETD, por sus siglas en inglés).

La iniciativa comunitaria, de materializarse, dejaría a los combustibles suministrados en la dársena algecireña en clara desventaja por precio frente a los que se despachan en Gibraltar y en el puerto marroquí de Tánger-Med. Dos enclaves situados a pocos kilómetros de distancia, totalmente ajenos a las normas comunitarias, a los que los armadores podrían desviar una importante parte de su demanda en busca del precio más bajo.

Tanto el Puerto de Algeciras como sus empresas y el Ministerio de Transportes se mantienen alerta sobre esta propuesta, reactivada durante la presidencia de turno de Bélgica del Consejo de la UE, para tratar de mitigar su aplicación. Se busca evitar una nueva fuga de actividad a otros puertos como la provocada por el control del dióxido de carbono al tráfico marítimo a través del sistema ETS (European Trading System).

La revisión del ETD entronca con la misma filosofía que la aplicada en su momento sobre el ETS, el programa Fit for 55 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 55% para el año 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

La revisión del ETD, a la espera

La directiva ETD (European Taxation Directive) data del año 2003 y establece normas estructurales y tipos mínimos de impuestos especiales para la fiscalidad de los productos energéticos. Desde la gasolina de automoción a la electricidad. Los Estados miembros son libres de establecer sus propios gravámenes siempre que se respeten los tipos mínimos comunes a los Veintisiete.

A principios de enero de 2024, Bélgica asumió la presidencia de turno de la Unión y planteó una revisión de las exenciones impositivas a los carburantes de aviación y transporte marítimo para favorecer la implantación de combustibles más respetuosos con el medio ambiente. También sobre otros productos energéticos como la madera o el carbón vegetal.

Ya se había intentado previamente en el año 2021, si bien la invasión de Rusia sobre Ucrania a principios de 2022 provocó una escalada de precios de todos los productos energéticos en los mercados que desaconsejó seguir adelante.

Ahora, el intento de Bélgica por revisar la directiva ETD se ha quedado estancado en el Consejo ante la falta de unanimidad de los Estados miembros, por lo que no saldrá adelante antes de las elecciones europeas del próximo mes de junio y del nuevo mandato comunitario. No hay, por tanto, propuestas de importes aplicables a los productos marítimos más allá de la mera intención de Bélgica de promover el cambio en la directiva.

La falta de consenso fue manifiesta. Antes de que se estancara la negociación, Bélgica ya había asumido una exención de impuestos para la madera y el carbón vegetal por las presiones de Francia y otros países centroeuropeos.

El riesgo para Algeciras

En 2021, en el anterior intento fallido de revisión de la directiva ETD, consultoras especializadas ya alertaban de que los puertos europeos no estarían en condiciones de ofrecer precios de combustible competitivos en comparación con los muelles de fuera de la UE. Y por tanto alertaban del riesgo significativo de que la actividad de abastecimiento se trasladase a localizaciones ajenas al ámbito comunitario.

Actualmente, un 40% del suministro de combustibles (bunker) en la Unión Europea se efectúa en los puertos. Solo el año pasado el Puerto de Algeciras despachó 3.559.689 toneladas de productos petrolíferos entre las modalidades en atraque y fondeo. Además, es una actividad en crecimiento, ya que en los tres primeros meses de 2024 se han suministrado 869.237 toneladas, un 10% más sobre el año anterior, como consecuencia de la mayor demanda por los desvíos de buques ante el bloqueo del Mar Rojo.

En Tánger-Med, en 2023 fueron 9.838.157 toneladas de graneles líquidos manipulados en ese mismo año, si bien no hay datos específicos sobre el suministro a buques. Sobre Gibraltar, el tercero de los puertos del ámbito del Estrecho, tampoco hay datos disponibles aunque la actividad de sus gabarras es igualmente continua.

Tanto la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras como el Ministerio de Transportes coinciden en considerar la propuesta de reforma del ETD como un nuevo riesgo para la pérdida de competitividad y negocio.

"Los argumentos del Gobierno con el ETD son los mismos que con el ETS. Sin perder de vista qué persigue la directiva, si el funcionamiento es similar pierde sentido. Los armadores y destinatarios del consumo deben interiorizar los costes, incluyendo los impuestos. Pero si un armador pretende hacer un repostaje en Algeciras y va a tener enfrente una oferta sin esa tasa -en referencia a Gibraltar y Marruecos- no interiorizará el sistema. Y se irá", advirtió recientemente en Algeciras el secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez Quintanilla, durante su participación en un desayuno informativo organizado por el Propeller Club de Algeciras y Europa Sur.

La posibilidad para un armador de repostar en Gibraltar apenas supone unos metros de diferencia. La colonia británica suministra carburantes marítimos en su puerto y a través de trasvases entre buques en los dos fondeaderos que gestiona en las aguas en litigio con España.

Si el negocio del bunkering en Gibraltar creciera al ampliarse la brecha de precios por la diferencia impositiva, también existe el riesgo de que el Peñón amplíe la colonización de las aguas hacia el norte, ocupando de hecho la zona costera frente a Sotogrande y Manilva que precisamente España pretende regular como fondeadero. La propuesta del Gobierno para regular el fondeo de buques dichas aguas prohibe expresamente el suministro de combustibles, si bien en caso de ocuparlas Gibraltar no habría garantías ni medios para evitarlo.

Aunque la iniciativa de Bélgica no saldrá adelante durante su presidencia de turno, las autoridades españolas se mantienen vigilantes. "A día de hoy no hay consenso para una directiva que necesita unanimidad. Lo veo complicado a día de hoy", abundó Pérez Quintanilla, quien reconoció el efecto perverso de la revisión impositiva para territorios como el Estrecho. "Sería pagar por lo que queremos, por evitar el CO2 y por promover otros combustibles. Pero no para que se haga en otro lado", recalcó.

"Es un asunto que conviene abordar pronto para evitar la pérdida de competitividad para puertos como el nuestro", abundó Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

La situación es exactamente comparable con la provocada por las desviaciones de las rutas marítimas con escalas en la Unión Europea para reducir el cómputo de emisiones de CO2 como consecuencia del sistema ETS. Y en el caso del ETD, al igual que con el ETS, no es un problema exclusivo de España. Los puertos de Grecia y Malta, por ejemplo, tendrían un efecto similar de desvíos para repostajes a Turquía.

Consenso empresarial en contra

En el ámbito de las empresas del ecosistema del Puerto, la revisión del ETD también genera inquietud. El suministro de combustibles es una de las piezas fundamentales para la actividad de cientos de empresas radicadas en Algeciras. Porque además del avituallamiento de combustibles, las escalas y fondeos de los buques para repostar generalmente comportan otros servicios como limpiezas de casco, cambios de tripulación o entrega de pertrechos y reparaciones que igualmente acabarían en otros muelles.

La comisión de Logística de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), que titula Manuel Piedra; la Asociación de Empresarios de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba), presidida por José Antonio Fernández, y la Comunidad Portuaria Comport, encabezada por José Manuel Tejedor, rechazan de plano la propuesta comunitaria e igualmente piden a España que intervenga antes de que sea demasiado tarde.

"Entendemos la filosofía de la normativa, pero no se aplica por igual en todos los territorios que además están cerca de nosotros y son competidores. Así que todavía no nos hemos recuperado de la aplicación del ETS y nos llega otra normativa que vuelve a ir en contra de nuestros intereses. No tiene sentido competir aplicando una normativa que nos resta competitividad sobre zonas cercanas", detalla José Manuel Tejedor.

Para Comport, entidad que agrupa a más de 140 empresas, la normativa se plantea sin tener en cuenta las particularidades de territorios fronterizos como el Estrecho. "Con el planteamiento inicial, el ETD nos resta competitividad por precio. Es un nuevo palo en las ruedas", subraya Tejedor.

"El ETD es todavía más grave que el ETS. Porque las mercancías se mueven en función de la demanda de los mercados y si un cargamento tiene que llegar a Europa, acabará haciéndolo. Pero los servicios se prestan donde se desea y el bunker es la locomotora que tira del resto de servicios. Tira de la recogida de residuos, de cambios de tripulantes o de inspecciones submarinas. No tenemos una cúpula de cristal que proteja nuestro aire, es una medida absurda en una zona como esta. Si le ponemos problemas al bunker en España, los buques pueden repostar en cualquier parte del mundo y no necesariamente lejos de aquí", valora Manuel Piedra, en referencia a Gibraltar.

"Todo lo que sea encorsetar y aportar rigidez normativa cuando nuestros competidores no lo aplican es tirar piedras contra nuestro propio tejado", añade José Antonio Fernández.

El presidente de Comport igualmente alerta del riesgo ambiental si el negocio se desvía hacia la colonia. "Entonces, serán más los buques que se dediquen a navegar haciendo drifting (velocidad baja) a la espera de repostaje frente a las costas de San Roque", aventura Tejedor.

Los tres colectivos dudan de que España pueda maniobrar a tiempo en el seno de la UE para frenar la iniciativa o para buscar exenciones para zonas sensibles como el Estrecho. "Ya pasó con el ETS. Parecía que solo Algeciras era afectada por la cercanía de Tánger-Med y al final, cuando la normativa estaba ya muy avanzada y era tarde, actuaron otros países", lamenta Piedra, quien desea que la historia no se repita para evitar la puesta en peligro de miles de empleos en la Bahía.